El Ayuntamiento de Torrent fuerza al restaurante El Pino a desalojar su terraza "irregular"

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Torrent ha resuelto de manera firme y definitiva que los terrenos sobre los que se levanta la terraza del restaurante El Pino son de titularidad pública, y que por lo tanto su ocupación supone una usurpación indebida de suelo público. En este sentido, obliga a los propietarios del negocio a desalojar el enclave bajo amenaza de adoptar medidas forzosas en caso de que desacaten la orden. 

El consistorio ya falló de la misma forma el pasado 19 de mayo e inició un expediente de recuperación de oficio, aunque los propietarios del restaurante presentaron alegaciones en las que reclamaban sus derechos sobre el terreno en base a una prescripción adquisitiva como consecuencia de su posesión ininterrumpida desde el año 1967. Sin embargo, los servicios del Ayuntamiento han desestimado estas peticiones ante la ausencia de un documento que verdaderamente acredite la posesión legal del suelo en el Registro de la Propiedad. 

De este modo, la administración local da por concluida la vía administrativa del proceso, aunque todavía cabe la posibilidad de que los afectados eleven el caso a un contencioso-administrativo por la vía judicial. 

Según se desprende de la resolución, el Plan General de Ordenación Urbana de Torrent establece que el suelo sobre el que se construyó la terraza es propiedad del Ayuntamiento. En este sentido, reconoce que los terrenos figuran en el Registro de la Propiedad desde 1964, y que en 1990 se incluyeron en el PGOU como espacio libre y zona verde de parque forestal. Esto es, uso público y comunal. 

Así, el documento otorga al consistorio la potestad para recuperarlos "en cualquier momento" atendiendo al hecho de que "ha habido una usurpación ilícita por parte de la propiedad colindante para la ampliación de terrazas del restaurante". Asimismo, dispone que las obras de ampliación se llevaron a cabo en un periodo comprendido entre 1997 y 2002, y que desde entonces ha habido una explotación empresarial de un suelo que es público. 

Teniendo en cuenta que las obras para la ocupación del terreno empezaron como pronto en 1997, el documento también desestima las alegaciones por "prescripción adquisitiva" y disfrute desde 1967, ya que 1967 es la fecha en la que se produjo la alineación registral del perímetro de la finca, que comprende exclusivamente el edificio del restaurante. Así, no fue hasta 1997, según recoge el informe, que los propietarios excedieron los límites que por derecho les correspondían para construir la terraza.

Es por ello que niega, por un lado, que los dueños tengan derecho al suelo porque desde 1997 no han pasado 30 años de uso ininterrumpido. Y, por el otro, también reconoce que aunque este fuera el caso, todavía sería imposible reconocer sus derechos porque esta premisa no es aplicable a terrenos que son propiedad pública o de disfrute colectivo. 

Con todo ello, el Ayuntamiento obliga al restaurante a desalojar el entorno, al tiempo que amenaza con una ejecución forzosa si el requerimiento no es atendido, lo que incluso podría llevar a la imposición de "multas coercitivas". 

La denuncia de un vecino inició el proceso

Todo el procedimiento comenzó con la denuncia de un vecino de Torrent. En este sentido, el denunciante apuntaba que los dueños del restaurante habrían empezado a verter escombros en el barranco contiguo al edificio con la intención de convertirlo poco a poco en una terraza. Así, a lo largo de los años, el entorno fue cogiendo forma hasta convertirse en lo que es hoy en día: un espacio donde se celebran bodas, bautizos, comuniones y celebraciones de gran envergadura.

Sin embargo, lo que colmó la paciencia del denunciante fue que, durante el verano de 2020, la carta de actividades se amplió para acoger fiestas y ocio nocturno, lo que llevó al vallado definitivo del perímetro e incluso a la contratación de vigilancia privada. "Algo inaudito teniendo en cuenta que el suelo es de uso público", lamentaba en el escrito. 

Unas acusaciones que el hostelero negó tajantemente en una carta remitida al diario Valencia Plaza. En ella, apuntaba a una fijación y acoso por parte de este vecino, al que acusaba de haber intentado en reiteradas ocasiones hundir el negocio: "Lamentamos profundamente que se haya utilizado un medio de comunicación por un vecino ocioso cuya única pretensión es causar daño a la fama del restaurante desde hace más de cincuenta años". 

"Niego, por tanto, haber usurpado suelo público alguno, ni haber rellenado con escombros barranco alguno, ni haber cerrado con puertas y vallas suelo público alguno", defendía. Y añadía que la presencia de un guardia de seguridad "no tiene mayor explicación que controlar el aforo del restaurante por la normativa anti-covid, en defensa de la salud de los clientes". Asimismo, matizaba que contaba con la correspondiente licencia para llevar a cabo la actividad del restaurante.