El Ayuntamiento acepta pagar 24 de los 50 millones que pide Igsa por el 'pelotazo' de Tabacalera

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València acepta realizar un desembolso millonario para cumplir con la sentencia del 'pelotazo' de Tabacalera. Al menos 23 millones de euros es el cálculo que hacen desde la concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, para compensar a la Inmobiliaria Guadalmedina -Igsa- después de que la justicia anulara en 2017 la operación urbanística aprobada por el anterior gobierno local, dirigido por Rita Barberá.

Para cumplir con la sentencia del alto tribunal valenciano el consistorio debe proceder a liquidar el convenio suscrito por el Ayuntamiento y la promotora en 2005, que dio origen a toda la operación, que se desarrolló así: la empresa permutó con el Ayuntamiento el edificio central de la Antigua Fábrica de Tabacos a cambio de una parcela en Plaza América para construir viviendas. Además, abonó al consistorio 14,4 millones de euros, -13,5 a cambio de la recalificación a uso residencial de dos solares posteriores a Tabacalera, resultantes del derribo de las naves posteriores del complejo industrial y 0,8 millones por la diferencia de valor entre los edificios permutados, Tabacalera y Plaza América-.

El fallo anuló la operación, pero llegó cuando buena parte de ella ya era una realidad: las naves se habían derribado, el Ayuntamiento ya usaba la antigua fábrica como oficinas municipales e Igsa ya había construido y vendido los pisos sobre la parcela en Plaza América y en uno de los dos solares posteriores a Tabacalera en la calle Micer Mascó -el otro quedó sin edificar-.

Se trata, así, de un lío urbanístico que pese a la sentencia es imposible de deshacer: habría que desalojar al consistorio de la antigua fábrica y a los vecinos de las fincas construidas por la empresa, algo inasumible. Por ello, sólo queda calcular a cuánto dinero ascienden las compensaciones para liquidar el convenio. Y es aquí donde el Ayuntamiento de València y la empresa en cuestión, propiedad de la familia Ballester, no se ponen de acuerdo.

Igsa reclama 50 millones

Son varios los conceptos a tener en cuenta. Según los expedientes del propio Ayuntamiento en 2018, se valora en 18,2 millones el edificio de Tabacalera y en 17,2 millones el resto de la manzana sin edificar -inclusive el solar baldío que ha de volver a manos del consistorio-. 35,4 millones en total que Igsa reclama por que el Ayuntamiento ocupe todo ese terreno.

Pero hay que recordar que además Igsa pagó al Ayuntamiento 6,75 millones de euros por la recalificación de cada uno de los dos solares posteriores al complejo industrial -13,5 millones en total-, así como otros 0,8 millones por la diferencia de valor en la permuta entre Tabacalera y el suelo en Plaza América. Todo ello suma casi 50 millones.

El Ayuntamiento sólo acepta una parte: 24 millones

Así las cosas, la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, dejó claro este jueves que el Ayuntamiento no está dispuesto a asumir la totalidad de la "pretensión disparatada" de Igsa, que a su juicio estaría intentando "duplicar el pelotazo" al exigir el pago por el edificio de Tabacalera sin tener en cuenta en la ecuación el solar de Plaza América que adquirió la promotora.

En ese sentido, en primer lugar, Gómez rechazó abonar el valor del edificio principal de Tabacalera ni la diferencia de la permuta al entender que su valor se compensa con el del solar que obtuvo la empresa en Plaza América, de manera que a su juicio dicha permuta estaría ya liquidada.

Gómez acusó a la empresa de intentar que el Ayuntamiento "asuma en solitario las consecuencias" de manera injusta, y trajo a colación un informe del Consell Jurídic Consultiu según el cual el fracaso judicial y la anulación del convenio "no puede atribuirse a la torpe actuación" del consistorio sino a las dos partes "al menos con idéntica culpa o negligencia".

La concejal sumó una aceptación parcial: no acepta devolver el coste total de la recalificación de los dos solares posteriores al complejo -13,5 millones- puesto que uno de ellos se llegó a edificar. Por ello, dijo la edil, sólo cabría devolver la mitad: 6,75 millones. Y sí aceptó por completo la expropiación del entorno de Tabacalera, valorada en 17,2 millones de euros. En ese importe entrarían tanto los jardines y calles ya existentes en la manzana como el solar sin edificar que hasta ahora era de Igsa pero que pasará a ser del Ayuntamiento.

Estas dos últimas cifras constituyen, por tanto, el importe que el Ayuntamiento de València acepta devolver a la promotora: unos 24 millones de euros. Por su parte, Igsa ha presentado su reclamación de 64 millones ante el TSJ valenciano. Si ambas partes no alcanzan un acuerdo transaccional antes -"no vamos a negociar nada con Guadalmedina", aseguraron fuentes municipales este jueves-, será la sala de lo contencioso-administrativo la que decida si accede o no a las pretensiones de la mercantil. Y más tarde, se deberá proceder a la liquidación del convenio en base a ello.

El fracaso de pagar con suelo

Desde que la justicia anuló el convenio en 2017, la empresa Guadalmedina está a la espera de una compensación. Y la solución planteada por la concejalía de Urbanismo, que en ese momento dirigía Vicent Sarriá, fracasó. Se pretendía trasladar la edificabilidad no consumada por la promotora en el solar baldío "a otro punto de la ciudad con valor urbanístico similar", y el sitio elegido fueron dos pastillas de suelo público ubicadas en el barrio de Penyaroja, que se recalificaron a residencial para entregárselas a la constructora en compensación. 

Con ello, el Ayuntamiento de València evitaba tener que compensar a la empresa con dinero al pagar en especie -el suelo-. Todo ello sin que se hubiera firmado ningún acuerdo en el que Igsa aceptara dicho suelo. Sin embargo, los problemas empezaron cuando la medida consistorial llegó a oidos de los vecinos de Penyaroja, que veían cómo dos pastillas calificadas como suelo educativo y de zona verde pasaban a ser suelo residencial para construir fincas

Así pues, la plataforma vecinal de Penyaroja, creada ante este conflicto, recurrió la decisión del Ayuntamiento, y finalmente la juez tumbó la solución ideada por la concejalía de Urbanismo, arguyendo que si la operación de Tabacalera había sido anulada por la justicia en 2017, no existía ninguna edificabilidad que se pudiera trasladar. Y aunque tendrá que volver a juzgar el caso por un fallo procedimental, se espera que el fallo definitivo sea en la misma dirección. Tanto Gómez como el alcalde, Joan Ribó, ya han desechado esta solución y, por ello, optan por pagar en metálico a Igsa en lugar de en suelo.