El Ayuntamiento de València aprueba fracturado su comisión de la Dana sin comparecientes políticos

VALÈNCIA. La cosa no pinta bien y eso que todavía no ha empezado. El Ayuntamiento de València aprobó este miércoles el plan de trabajo de la comisión de la Dana que ha de desarrollarse a principios del próximo año. Pero lejos de la unanimidad que suscitó la creación de esta comisión, ahora se ha evidenciado la fractura política: el plan de trabajo salió adelante con los únicos votos del gobierno municipal, dirigido por María José Catalá y conformado por PP y Vox, y el rechazo frontal de la oposición -Compromís y PSPV-, que abandonó el encuentro entre acusaciones de "censura" y adelantando que sus representantes no acudirán más a la comisión. Los populares respondieron contra su "tacticismo político".

Era algo que se veía venir, todo sea dicho, desde que cada grupo municipal presentó su propuesta de organización para la comisión, donde por ejemplo ni populares ni socialistas planteaban comparecencias de sus respectivos responsables y sólo Compromís y Vox pedían llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Sin acuerdo en ese campo, el resto de propuestas estaban conformadas por técnicos, asociaciones, entidades sociales y expertos en diversas materias, que son, al fin y al cabo, los que sí serán llamados a comparecer.

En cuanto a las peticiones de información, buena parte corresponden a las planteadas por el Partido Popular, donde más allá de los "planes de emergencia activados", decretos posteriores a la catástrofe y ayudas implementadas por la Generalitat, sobre todo se centran en documentación relativa al Gobierno central: la CHJ y otras dos Confederaciones, el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil, la Delegación de Gobierno. También se solicitará mucha información que había planteado la oposición sobre el proceder del Ayuntamiento de València como contratos, avisos, todo tipo de comunicaciones, etcétera, incluido el Plan de Inundaciones que pedía el PSPV.

Cabe recordar que el objeto de la comisión es, por una parte, realizar "estudios y análisis de lo que ocurrió el día de antes de la dana, durante el día 29 e incluso después", y por otra parte, formular "las propuestas necesarias relativas a la recuperación de las zonas afectadas" que tengan en cuenta "las líneas de actuación prioritarias" aprobadas por el gobierno local: recuperación de las pedanías; la movilidad y seguridad; la reactivación económica; la regeneración medioambiental y la financiación pública.

El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, defendió el plan de trabajo, del que dijo que es "riguroso, serio, responsable y centrado en dar solución a los vecinos que lo han perdido todo", y que está conformado por "personal técnico que puede aportar su criterio en clima, urbanismo, recuperación del medio ambiente, en resumen, en la reconstrucción". Así, insistió en que no se trata de una "comisión de investigación" como en otros organismos como Les Corts o el Senado sino "una comisión de estudio" para "asentar las propuestas para la recuperación".

Así pues, acusó a la izquierda de "tratar de subvertir" el acuerdo plenario: "La izquierda ya tenía escritas las condenas y las conclusiones antes de la primera sesión", declaró, y la señaló por no tener "ningún interés en estudiar qué pasó" ni en "arrimar el hombro" con las pedanías. "Ha virado hacia el terreno de la hostilidad y el tacticismo político, y lamentamos que prime sus intereses electorales, y que estén centrados en su relato y en recuperar votos", concluyó el portavoz del ejecutivo local.

Acusaciones de "censura"

Con todo, los grupos de la oposición acusaron al gobierno de "imponer" el plan de trabajo para esconder "su gestión terrorífica" de la catástrofe. Por una parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, señaló quela alcaldesa intentó con la comisión "aparentar que es transparente" pero que sin embargo "ha impuesto la censura" para "no poder esclarecer las condiciones que se dieron esa noche, qué decisiones se tomaron, por qué no se activaron todos los protocolos de alerta, por qué no estaban movilizados ni ese día ni los posteriores todos los efectivos de policía y los bomberos, etcétera".

"Nosotros no vamos a colaborar en esta farsa y tendremos que esclarecer lo que sucedió por otras vías", aseguró Robles, quien recordó que el acuerdo del pleno buscaba "estudiar e investigar qué ocurrió aquella noche y los días posteriores y, a partir de ahí, hacer propuestas de reconstrucción". Dos partes sobre las que, dijo, PP y Vox "no tienen ningún interés". Así, aseguró que Compromís pedía la comparecencia de Catalá para conocer el desarrollo de las reuniones de emergencia y los contactos con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "pero lo que están intentando es esconderlo".

Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, denunció que el gobierno municipal busca "esquivar sus responsabilidades políticas y, veremos, si no jurídicas". "No vamos a participar en ser la coartada de una gestión negligente que ha costado vidas en la ciudad de València", señaló, par añadir que  "la comisión ha dejado de serla" porque PP y Vox llegaron con "un plan de trabajo preestablecido que ni siquiera nos habían hecho llegar antes", donde "incluso nos decían a quién podíamos pedir comparecer y qué documentación se nos permitía pedir y no".

Por ello, dijo, "entendemos muchas cosas" como por qué "al final hay un señor imputado por delitos de odio al que no se le echa del Gobierno, porque así por la tarde, con los votos de Vox pueden tapar la gestión negligente de la dana". "Si Catalá quiere mantener a una persona imputada por delitos de odio para salvarse de la quema política de la gestión negligente que ha hecho de la dana, nosotros de ese teatro no vamos a participar", apostilló.

Tres sesiones y 36 comparecientes técnicos

Así pues, en la comisión comparecerán un total de 36 personas divididas en tres sesiones de mañana y tarde, que según el cronograma se desarrollarán los días 7, 13 y 20 de enero con horario de 9.30 horas para las personas externas y a las 17.00 horas para entidades, asociaciones e instituciones.

Las sesiones de comparecencias tendrán dos bloques, la primera será la dedicada a personas expertas, concediendo un tiempo máximo de 15 a 20 minutos para exposición de la persona experta. Le seguirá en turno de tres minutos por Grupo Político (de menor a mayor representatividad en el Pleno) para poder formularle preguntas o aclaraciones a las personas comparecientes. Después el compareciente dispondrá de cinco minutos finales.

Las comparecencias de entidades y asociaciones se les concede un tiempo de siete minutos por cada una. Después se dará un turno de un minuto por grupo político (de menor a mayor representatividad en el Pleno) para poder formularle preguntas o aclaraciones a las comparecientes. Por último el compareciente tendrá tres minutos finales.