El Ayuntamiento de València busca suelo para pagar las expropiaciones pendientes millonarias

VALÈNCIA. Las expropiaciones pendientes son uno de los motivos que amenazan con hacer un agujero a las cuentas de los ayuntamientos valencianos. La última sentencia del Tribunal Constitucional permite a los propietarios de suelos cuya expropiación se haya ido demorando reclamar que se ejecute, con el consiguiente coste acumulado para las administraciones municipales. Especialmente en los municipios más grandes como el de València, que ya busca fórmulas para minimizar el impacto económico de la resolución judicial.

Así pues, en el caso del Cap i Casal, el consistorio tiene en el cajón expropiaciones por valor de casi 35 millones de euros que ahora, como un alud, pueden caer sobre el erario municipal, en algunos casos con intereses. Se trata de expedientes que se han ido demorando desde 2015 y que constan con solicitudes en firme registradas en el Ayuntamiento de València. Pero la cifra, que supone un nada desdeñable 3% del presupuesto municipal anual, podría ser mayor por el efecto llamada de otros casos que todavía no habían formulado la petición. Además de otros suelos a expropiar que están pendientes de tasación.

Ciertamente, el consistorio no tendrá que hacer frente a estas solicitudes de una tacada, sino que se irán atendiendo los casos a medida que lleguen las reclamaciones a raíz de la sentencia, tal como explicaron a principios de marzo en una comparecencia conjunta la concejala de Hacienda, María José Ferrer Sanegundo, y el edil de Urbanismo, Juan Giner, cuando ya avanzaron que el consistorio trabaja en varias herramientas urbanísticas para suavizar el golpe a las arcas municipales.

El departamento que dirige Giner busca suelos municipales en la ciudad para ofrecerlos a los afectados por estos procesos y compensar al menos parte de la deuda. Una de las principales vías que empleará será la revisión pormenorizada que desde el pasado mandato está haciendo el consistorio en las 23 áreas funcionales de la ciudad (similares a los barrios, en muchos casos) como Torrefiel-Orriols, Castellar-l'Oliveral, Campanar, Cases de Bàrcena o Natzaret. De esta manera, a la hora de modificar el planeamiento urbanístico sectorial de València, se buscará generar aprovechamientos urbanísticos con los que poder 'pagar' en especie a los propietarios de suelos pendientes de expropiar.

Con todo, tal como expusieron los ediles, la medida no es la panacea. Los afectados podrán decidir si quedarse con las parcelas en compensación por la expropiación o, por el contrario, optar por el cobro en metálico. En ese sentido, el panorama inmobiliario, con una acuciante falta de vivienda en la ciudad y los precios in crescendo, puede animar a los propietarios a preferir los suelos municipales. Otro mecanismo que podría emplearse es el de las permutas de suelo, como explicó Giner en su intervención en rueda de prensa. Pero esta se podrá emplear en casos muy concretos y singulares, no de manera generalizada.

Si los propietarios acceden, la estrategia consistorial habrá surtido efecto y conseguirá reducir la deuda dineraria a la que hacer frente con los presupuestos municipales. Por ello, desde la concejalía de Hacienda por ahora no prevén importantes modificaciones de las cuentas municipales para este año y para este menester. En primer lugar, porque no será necesario atender todas las reclamaciones al mismo tiempo, sino conforme vayan llegando. Y en segundo lugar, porque la opción de pagar con suelos municipales puede ayudar a mermar ese impacto financiero.

Las expropiaciones, herencia envenenada

El coste multimillonario de las expropiaciones pendientes deriva de haber 'escondido' estas obligaciones durante años. Ante el elevado coste que iban a tener para las arcas municipales las expropiaciones fijadas en los planes urbanísticos de muchos ayuntamientos, la Generalitat Valenciana decidió, a partir de 2016, suspender los plazos para dar oxígeno a los consistorios. Una demora que, ratificada año a año por Les Corts Valencianes, acabó en los tribunales por la denuncia de un abogado.

Así, la cuestión acabó en el Tribunal Constitucional, cuya sentencia, adelantada en su momento por Valencia Plaza, consideró que estos aplazamientos sine die habían vulnerado los principios de seguridad jurídica de los propietarios y el derecho a la propiedad privada, especialmente en cuanto al "poder de disposición" de los terrenos afectados, pues sus dueños no podían ni pedir la expropiación ni disponer de su suelo durante todo ese tiempo en el que estaban a la espera de la actuación de la administración. Ahora, los ayuntamientos valencianos se verán obligados a atender todas estas reclamaciones acumuladas.