Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Se acumulan las deudas en diferido para muchos ayuntamientos valencianos. La acumulación de varias sentencias que obligan a los municipios a devolver importantes sumas de dinero por diferentes conceptos es algo que preocupa bastante a los gestores públicos, especialmente en los ayuntamientos de localidades más grandes, que ven cómo estos imprevistos pueden suponer un revés en sus presupuestos.
Así, los últimos fallos sobre las expropiaciones rogadas, el impuesto de plusvalías o sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) cobrado durante el confinamiento de 2020 han puesto en guardia a muchos municipios, que tendrán que ir haciendo frente a la obligación de abonar estas obligaciones conforme vayan llegando las reclamaciones de los afectados en cada caso.
El último golpe a las arcas municipales ha sido la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre plusvalías. La resolución judicial determina que se puede obtener la devolución de lo pagado por plusvalía municipal siempre que no se hubiera producido un incremento del valor del terreno (es decir, si no hubo beneficio). Incluso, y aquí reside un matiz importante, aunque se cuente con una liquidación firme.
El Supremo revisa de esta manera su anterior jurisprudencia, establecida en varias sentencias de mayo de 2020. Concluye que, al no existir ninguna limitación de efectos en la anulación del impuesto por parte del Tribunal Constitucional en 2017, las liquidaciones firmes por plusvalía que obligaron a pagar a los contribuyentes en casos en los que no existió ningún incremento de valor de los terrenos, son nulas de pleno derecho. Así, considera que la Ley General Tributaria sí permite la revisión de oficio de las citadas liquidaciones firmes en estos supuestos.
Así que la siguiente pregunta que surge es qué alcance tiene en los ayuntamientos. El de València, a modo de ejemplo, ya se encuentra estudiándolo y comprobando si se trata de una nulidad con efectos retroactivos. Por el momento, no existe un criterio definitivo entre los técnicos municipales, aunque la previsión es de un desembolso económico importante.
Tras la sentencia del Constitucional y determinado su alcance, el consistorio ya reintegró cuatro millones a los contribuyentes en 2021 después de múltiples reclamaciones para la devolución del impuesto. La situación se puede volver a repetir ahora en todos los consistorios con nuevas reclamaciones. Un nuevo golpe económico para las arcas públicas y, según alertan los inspectores de la Hacienda Pública Local, un incremento de la inseguridad jurídica porque puede derivar en impugnaciones de otros tributos. Una razón más, a juicio de los expertos, para pedir una reforma integral de las Haciendas locales.
Otro de los imprevistos que deberán asumir múltiples ayuntamientos es el de las expropiaciones rogadas, después del fallo del Tribunal Constitucional. Les Corts habían estado prorrogando la moratoria para que los ayuntamientos no tuvieran que hacer frente a las expropiaciones que tienen pendientes. Una demora que se declaró inconstitucional, como adelantó Valencia Plaza, lo cual obligará a los ayuntamientos que tengan expropiaciones en el cajón a empezar a ejecutarlas, con su consiguiente desembolso económico.
No son pocos los municipios en esta situación, si bien destacan especialmente los que tienen notables desarrollos urbanísticos o bolsas de suelo pendientes de ejecutar. El Ayuntamiento de València ha estimado en 35 millones de euros el impacto económico al que deberá hacer frente y busca fórmulas para minimizar los daños. Por su parte, Godella cifra en 8 millones la deuda que deberá atender. Y como estos, muchos otros municipios de la Comunitat, si bien el impacto total es incalculable por el momento, dado que los precios de expropiación se fijarán al final de cada uno de los procedimientos particulares conforme vayan llegando las reclamaciones.
Desde la Conselleria de Infraestructuras y Territorio, que dirige Salomé Pradas, ya se anunció que trabajaba en un informe para encontrar una salida al embrollo jurídico que queda tras la sentencia. "La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental está preparando un informe para ver cuáles son las vías de solución para los municipios", aseguraron en su momento desde el departamento autonómico.
A todo ello se suma otro revés jurídico que llegó el pasado año, cuando el Tribunal Supremo falló que la hostelería y la restauración que tuvo que cerrar por el confinamiento de 2020 tiene derecho a recuperar la parte proporcional de la cuota del IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Así pues, los ayuntamientos deben devolver la parte proporcional de la cuota, según el tiempo en que la empresa o actividad hubiera dejado de funcionar.
En este caso, el impacto previsto es mucho menor, dado que este impuesto lo pagan sólo las empresas con una facturación superior al millón de euros, además de que la devolución decretada por el alto tribunal queda restringida a las actividades terciarias mencionadas que bajaron la persiana. Con todo, el Ayuntamiento de València calculó que deberá devolver entre los 700.000 y los 800.000 euros, de los cuales ya ha abonado cerca de 40.000 euros en 2023.
