VALÈNCIA. El frenazo en inversiones del presupuesto municipal del Ayuntamiento de València y el hecho de que casi un cuarto del total se dedique al canal de acceso ferroviario tiene como daños colaterales otras partidas del presupuesto. Una de las que el gobierno municipal ha sacrificado sobre el papel, al menos por ahora, es la que se destinaba a la adquisición de vivienda pública. Una línea contemplada en los presupuestos del año pasado que ascendía a 600.000 euros pero que en 2023 no estará inicialmente.
Así consta en la relación de partidas presupuestarias recogidas en las cuentas, que presentaron el alcalde, Joan Ribó, y el edil de Hacienda, Borja Sanjuán, el pasado lunes. En ellas, la concejalía de Vivienda es una de las más afectadas por los recortes, que de alguna manera sufren casi todos los departamentos municipales en materia de inversiones. En el caso de Vivienda, que dirige la edil Isa Lozano, la merma total en este apartado es de casi 1,9 millones de euros, un 83% menos.
En este marco, la partida dedicada en 2022 a ampliar el parque público de vivienda mediante la compraventa queda suprimida para el año que viene en las cuentas. El año pasado, esta línea tenía por objeto "adquirir viviendas" haciendo uso, si fuera necesario, del derecho de tanteo y retracto. Esto es, el derecho preferente de la administración para intervenir en procesos de compraventa privados para poder ampliar el número de viviendas públicas.
Preguntadas fuentes del departamento del ramo, señalan a Valencia Plaza que la intención es que la partida eliminada sea "incrementada en las modificaciones de presupuesto" que se hacen a lo largo del año, bien por el dinero sobrante de años anteriores, bien con fondos de otras partidas que no vayan a ejecutarse finalmente, bien con fondos extraordinarios que puedan llegar. Cambios que irían dirigidos, cuando se produzcan, "tanto para compra -por concurso público o por tanteo y retracto- como para construcción". Por el momento, los presupuestos no la contemplan.
Sí contemplan una partida para rehabilitación y construcción de vivienda, pero se reduce. 250.000 euros había en 2022 para rehabilitar viviendas municipales y un edificio del Ayuntamiento, así como otros 100.000 euros para construir un edificio de alojamientos directamente desde la concejalía. Para 2023, sólo aparecen 176.000 en esta línea presupuestaria.
Por el momento, desde 2015 las concejalías de Vivienda y Patrimonio que dirige Lozano han comprado 21 inmuebles privados, de los cuales 13 se han adquirido mediante el mecanismo del tanteo y retracto. Y en cuanto a la rehabilitación, han intervenido en estos dos mandatos en 25 viviendas del barrio del Cabanyal-Canyamelar, aprovechando el programa de ayudas ARRU y el Plan de Inversiones Productivas.
Asimismo, en estos momentos, está en marcha la incorporación de otras 44 viviendas, de entre las que hay un edificio municipal de tres viviendas en la calle de Murillo (cuyas obras finalizan en diciembre), un edificio completo de 16 viviendas en la calle de los Ángeles que se destinará a emergencias habitacionales y el nuevo programa de ayudas ARRU- 2 para el barrio del Cabanyal-Canyamelar, que permitirá añadir otras 25 casas más.
Por otro lado, el presupuesto de 2023 mantiene la partida presupuestaria relativa a la convocatoria de ayudas al alquiler con los 2,4 millones de euros que ya se presupuestaron para este año. Si bien es cierto que la dotación se ha incrementado desde 2015, cuando era de 1,2 millones en total, lo cierto es que parece ser insuficiente todavía, pese a lo cual en 2023 no crecerá.
Año tras año han quedado fuera no pocas solicitudes de las ayudas por falta de presupuesto. En la última edición se concedieron 1.301 subvenciones, pero otras 230 se quedaron fuera. Y el contexto de subida de los alquileres y de inflación hacen presagiar que la lista de solicitudes vaya in crescendo.
Con el montante de la ayuda se sufraga el 40% del alquiler anual de las familias beneficiarias, pero este año solo pueden optar aquellos que paguen hasta 700 euros al mes de alquiler -hasta la última edición, el límite eran los 600 euros-. Así pues, en ningún caso el importe de la subvención puede ser superior a 3.360 euros anuales por persona beneficiaria.