Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València pasará por alto las conclusiones de la Agencia Valenciana Antifraude en las que pedía responsabilidades tras constatar que la concejalía de Bienestar Social pagó 90.000 euros de más irregularmente a una contrata del servicio de catering en tres centros ocupacionales dependientes del consistorio.
El organismo de control que dirige Joan Llinares instaba al consistorio a depurar "las responsabilidades de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas", a revisar de oficio el contrato y a cuantificar "los perjuicios" a las arcas municipales que deberían resarcirse "para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos". En total y concretamente, 91.908,17 euros que se pagaron entre 2017 y 2020 a la contrata por encima del precio de mercado mediante un encargo directo y sin concurso público.
Sin embargo, el gobierno municipal aprobó el pasado mes de febrero un acuerdo para desestimar las recomendaciones de Antifraude: ni revisará de oficio el contrato ni cuantificará el perjuicio económico -al considerar "que no se ha producido"- ni iniciará un expediente para depurar responsabilidades -porque la edil responsable del encargo, Consol Castillo, ya no forma parte del consistorio-. Todo ello pese a que, según señala Antifraude en el informe de cierre de investigación, el Ayuntamiento de València reconoce "la irregularidad del encargo".
Todo empezó hace tres años, en 2017, cuando la concejalía de la que se encargaba Castillo prescindió de la empresa que prestaba el servicio por "la vergonzosa calidad" que ofrecía y que se debía, a juicio de la concejalía, al precio "ridículo" que se pagaba a la empresa: 3,7 euros por unidad.
Así pues, medio año antes de finalizar el contrato, el Ayuntamiento ya se había reunido con la empresa para indicarle "medidas correctoras" tras varias quejas recibidas, pero éstas no fueron implementadas adecuadamente. Por ello, Antifraude considera el departamento de Castillo "ya tenía perfectamente conocimiento" de que no iba a prorrogar dicho contrato y que, por tanto, tenía margen para preparar un concurso público.
Sin embargo esto no sucedió, y como el servicio tenía que seguir prestándose, la concejalía hizo un encargo directo a otra empresa, Novaterra Catering, hasta que se llevara a cabo la licitación pública. A esta el consistorio le pagaba 8 euros por unidad. Pero el Ayuntamiento no inició los trámites para un nuevo concurso hasta un año y tres meses después, justo cuando la vicesecretaría general pidió explicaciones. Un retraso que el consistorio achaca a la falta de personal pero al que Antifraude no encuentra justificación, al entender que esto se podría haber hecho mucho antes, cuando se detectaron quejas en el anterior servicio.
Con todo, el concurso no se acabó adjudicando hasta marzo de 2020, ya con la edil Isa Lozano al frente. Por tanto, desde 2017 hasta 2020, Novaterra Catering estuvo prestando el servicio sin cobertura contractual de manera irregular, y el Ayuntamiento abonó cada doce meses cerca de 200.000 euros. En total, 534.600 euros pagados sin contrato.
Se trata de una cuantía que Antifraude considera hinchada respecto a los precios por los que se licitó el servicio. Si los pliegos del concurso fijaban un precio máximo de 6,7 euros -y se adjudicó el servicio por 6,05 euros-, Novaterra Catering cobraba 1,3 euros más, lo que hizo al Ayuntamiento pagar casi 92.000 euros de más que si se hubiera convocado el concurso cuando tocaba.
Esta firma a la que, dice Antifraude, se le generaron "importantes plusvalías" está directamente vinculada con la Fundación Novaterra, cuyo actual gerente y responsable de proyectos es Emili Altur, quien fuera ex diputado provincial de Compromís en la Diputación de València.
Al conocer el rechazo del gobierno municipal a tener en cuenta las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento se mostró "sorprendido" de que el ejecutivo haya "dado carpetazo al asunto sin velar por los intereses del Ayuntamiento y pidiendo el resarcimiento de lo cobrado de más".
En este sentido, la concejala popular, Marta Torrado, aseveró que, como mínimo, el gobierno que dirige Joan Ribó "debería haber investigado quién fue responsable de esta adjudicación irregular una vez conocida la investigación de Antifraude. Esto demuestra lo poco que les importa el dinero de los valencianos al no buscar responsables que devuelvan el dinero al erario municipal".
