El Ayuntamiento de València busca cómo compensar a decenas de concesionarias por la covid

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya estudia de qué manera va a compensar a decenas de concesionarias con motivo del impacto de la crisis del coronavirus y las restricciones sociales y de movilidad, fundamentalmente por los meses en que los negocios no pudieron abrir por el confinamiento primaveral.

La pandemia obligó a las administraciones a forzar la paralización de la actividad económica por el crecimiento descontrolado de los contagios, pero ahora se enfrentan a la necesidad de indemnizar este frenazo a las adjudicatarias de las concesiones públicas. Y en este sentido, el Ayuntamiento de València, como el resto de instituciones, no cuenta sólo con una vía, sino que puede hacerlo de diferentes maneras.

El consistorio no puede escapar de esta compensación, sino que las empresas que gestionan concesiones públicas tienen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato gracias a uno de los decretos aprobados con urgencia por el Gobierno de España en los primeros meses desde que estallara la pandemia de coronavirus. Se trata del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes. 

En él se especifica que en los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, las empresas tienen derecho a la mencionada compensación, aunque permite dos vías en este sentido: o bien ampliar la concesión hasta un 15% de la duración inicialmente prevista, o bien conceder esta compensación en materia económica modificando las cláusulas del contrato, esto es, perdonando a la firma en cuestión parte del canon que está obligado a pagar por el contrato, o abonándole una cuantía monetaria.

La normativa mencionada recoge que se deberá compensar tanto la pérdida de ingresos como el incremento de los costes soportados, donde también se considerarán los salarios que se hayan abonado de más respecto a la previsión inicial del contrato. Con todo, "solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos".

Lo cierto es que, en el caso de València según explican en el área de Hacienda, ya hay empresas que han reclamado al Ayuntamiento su derecho a la compensación, y el consistorio estudia ahora cuál es la mejor vía para hacerlo. "Se va a estudiar caso por caso", aseguran en el gobierno local, cuya intención es aplicar una u otra alternativa en función de la situación contractual y otras variables.

Así, en algunos casos se entenderá más beneficioso para la administración la ampliación de la concesión, pero en otros podría interesar más la compensación económica. Por ejemplo, en aquellos en los que exista cierta urgencia por renovar el contrato para introducir mejoras en la prestación del servicio o el mantenimiento de las instalaciones y, por ende, no se quiera alargar más el contrato actual.

Pero, ¿cuántas concesiones tiene el consistorio del Cap i Casal? Si bien en la concejalía que dirige Borja Sanjuán no se atrevieron a dar una cifra, se cuentan por varias decenas las firmas que podrían pedir la compensación para restablecer el equilibrio económico de sus contratos. Por ejemplo, la firmas que gestionan en este régimen los parkings de la ciudad o empresas como las que gestionan el Bioparc o La Rambleta.

Quizá uno de los sectores con mayor volumen de concesiones es el de las instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento de València y, concretamente, de la Fundación Deportiva Municipal, que preside Pilar Bernabé. En el organismo municipal también estudian la manera de llevar a cabo esta compensación. Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que es todavía prematuro hacer una previsión del impacto económico que esto puede tener en las arcas municipales, dado que por el momento no hay una decisión tomada en cada uno de los casos.

Con todo, el mencionado decreto incluye una apostilla en la que especifica que sólo cabrá esta compensación cuando se haya apreciado "la imposibilidad de ejecución del contrato" como consecuencia del cierre. Esto es, si hubiera alguna contratista que pudo llevar a cabo, aunque parcialmente, su actividad, no se le reconocería el derecho a ser recompensada.

La Generalitat perdona el canon del Oceanogràfic

La realidad es que esta herramienta reglada ya se ha empezado a aplicar en las administraciones valencianas. Sin ir más lejos, como publicó Valencia Plaza, la Generalitat Valenciana ha perdonado el canon que desde marzo debía pagar la gestora del Oceanográfic, Avanqua, por la explotación del recinto tras haber estado varios meses con el acuario cerrado por el estado de alarma.

En este caso, para tener una idea del impacto económico, la cantidad abonada por Avanqua a la empresa pública Cacsa en concepto de canon, fijo más variable, en 2019 ascendió a 10,9 millones de euros. Pero además, el acuerdo al que llegaron la administración y la mercantil privada plantea alargar  un 15% la duración del contrato original, previsto para 15 años a partir de 2014.