Ximo Puig y la presidenta de Avanqua, Celia Calabuig. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La pandemia de la covid ha puesto patas arriba los escenarios económicos de prácticamente todas las compañías. En pocos casos ha mejorado, en muchos ha empeorado, pero no hay duda de que el sector turístico ha sido uno de los más duramente golpeados en lo que va de 2020, también para el sector público. Con este escenario, la Generalitat valenciana, a través de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), ha decidido perdonar a Avanqua, gestora del Oceanogràfic de València, el canon que debía pagar a la administración por la explotación de una de las atracciones más rentables del parque público valenciano (hasta que llegó la covid).
La compañía, participada en su mayoría por Global Omnium, firmó el pasado mes de julio con Cacsa un acuerdo para el mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato después de que, tras varios meses con el acuario cerrado por el estado de alarma, no salieran las cuentas. Un replanteamiento que exime a la empresa presidida por Celia Calabuig de abonar el canon desde el 13 marzo, víspera de la declaración del estado de alarma. La cantidad abonada por Avanqua a la empresa pública Cacsa en concepto de canon, fijo más variable, en 2019 ascendió a 10,9 millones de euros.
El nuevo escenario contractual se divide en tres fases. La primera aborda la suspensión de la actividad desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio, gran parte de la cual estuvo marcada por estado de alarma. Un intervalo de tiempo por el que Avanqua no tendrá que pagar el canon y por el que Cacsa tendrá que abonar todos los gastos en que haya incurrido la gestora, excepto los financieros, incluido el coste de personal soportado por la compañía para mantener a los animales -se realizó un ERTE del 60% de la plantilla-, los gastos en inversiones excepcionales y la parte proporcional de los gastos con carácter anual.
En la fase 2 se contempla el periodo que engloba del 1 de julio, cuando el acuario volvía a abrir sus puertas con el 75% del aforo, hasta el final de 2020. En este plazo ya se contempla que la gestora dirigida por Eduardo Nogués no haga frente al canon mínimo garantizado a favor de Cacsa, aunque sí deja la puerta abierta a que, en el caso de generarse beneficios, se distribuyan entre la empresa pública y la compañía privada en un 59,22% y un 40,78% respectivamente. No obstante, fuentes del consejo de administración de Cacsa señalan que es prácticamente imposible que esto ocurra ante caídas de asistencia de un 90%. Además, en este plazo Avanqua estará eximida de realizar las inversiones previstas y, en el caso de que tengan pérdidas, Cacsa asumirá hasta un millón de euros.
La tercera fase pone punto de partida en 2021 y abarca como mínimo todo ese año. El canon variable será 59,22% sobre el resultado de explotación y se establece un canon fijo mínimo garantizado equivalente al 25% del importe previsto en la oferta económica adjudicada para el sexto año, que es de 2 millones de euros a falta de la actualización del IPC. No obstante, estas medidas seguirán sin aplicarse en el caso de que el resultado de explotación sea negativo. En ese caso, se acordarán medidas como las de la fase 2, sin descartar que Cacsa tenga que cubrir parte de esas pérdidas. Al igual que en las otras dos fases, se exime a Avanqua de los pagos a Cacsa como apoyo a a dinamización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (publicidad, comercialización de la venta de entradas o contenidos), así como los pagos a la inversa por las acciones realizadas por Avanqua. Tampoco cobrará la operadora en ninguna de las tres fases por el lucro cesante derivado de la modificación de la gestión del Ágora.
Cacsa, dirigida por Enrique Vidal, ya estimaba en sus cuentas de 2019 una fuerte caída de los ingresos propios por la paralización de la actividad en el primer semestre de 2020. Sin embargo, no alcanzaba a prever la dimensión de la cuestión. Y es que los ingresos provenientes de los cánones variables por la cesión de la explotación del Oceanogràfic representaron el 47% del importe de la cifra de negocio de 2019, lo que hará caer la facturación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de forma abrupta.
Teniendo en cuenta que un 44% de los visitantes del Oceanogràfic son internacionales, desde la empresa pública no tienen claro cuál será el horizonte en el que se podrá recuperar la actividad en un optimismo moderado pero en el que ya dan por perdida la Semana Santa de 2021. En todo caso, las medidas se revisarán de forma trimestral teniendo en cuenta la incertidumbre y dan margen a que, en 2022, vuelva a revisarse la situación para ver si se puede cumplir el contrato en su totalidad y si no mantener determinadas medidas que garanticen el equilibrio económico-financiero de la gestora.
El acuerdo también plantea alargar la duración del contrato original, previsto para 15 años a partir de 2014, con el objetivo de reequilibrar el importe 'perdido' en las fases 2 y 3. El periodo de gestión se extenderá un 15% para restituir el equilibrio económico de la sociedad y compensar a Cacsa de los cánones no ingresados en los ejercicios 2020 y 2021.
En este periodo, aunque la explotación del negocio se desarrollará en las condiciones previstas originalmente en el contrato, el canon mínimo garantizado correspondiente a Cacsa será una cifra cierta que se corresponderá a la cantidad que haya dejado de percibir durante el plazo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre.
Cabe recordar las vueltas que ha dado el contrato que Cacsa realizó con Avanqua en 2015 y que ha sufrido diversas modificaciones a causa de cuestiones varias. Fue en 2018 cuando la Generalitat decidió recuperar el Ágora para albergar el CaixaFórum e indemnizar a Avanqua por ello con una reducción de 2,5 millones de euros del canon mínimo que tiene que pagar a Cacsa. En 2019 también se liberó a la compañía de tener que programar en el Museo de las Ciencias y el Hemisfèric con el pago de la gestora a la empresa pública de 475.000 euros anuales (más IVA) para olvidarse de esta obligación.
