El Ayuntamiento de València paraliza el contrato de la ORA por un recurso

VALÈNCIA. El contrato del servicio de control del estacionamiento regulado (ORA) del Ayuntamiento de València ha quedado temporalmente suspendido. Tras el concurso público celebrado por el consistorio, adjudicó el contrato a la firma Estacionamientos y Servicios hace apenas un mes. Sin embargo, una de las empresas que concurrieron a la licitación ha presentado un recurso contra la adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, lo cual ha hecho que el consistorio paralice la formalización del contrato con la adjudicataria.

Así, quedará "en suspenso" la tramitación del procedimiento hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que el Tribunal decida sobre el mantenimiento de la paralización, tal y como ha informado el Ayuntamiento de València a las empresas que participaron en el concurso. La adjudicación se hizo por valor de 34 millones y es para los próximos cinco años sin prórrogas.

El nuevo servicio incorporará algunas novedades como la creación de una zona verde de uso exclusivo para residentes, el uso mixto de la zona naranja y la incorporación de vehículos eléctricos con cámaras para controlar los aparcamientos y leer las matrículas. Tal como explicó el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, la zona azul, con 4.900 plazas, funcionará de forma similar como hasta ahora, con unas tarifas diferentes según distrito. 

Habrá un control más adecuado de la rotación que dará la posibilidad de que los usuarios sepan las plazas disponibles para ir a aparcar directamente en lugar de estar dando vueltas. Se creará la zona verde, ya existente en otros países, con uso exclusivo para residentes. Se implantará progresivamente por barrios y se establecerá una tasa anual. Los residentes podrán solicitar el correspondiente distintivo. La fijación de zonas verdes se hará, según el edil, de acuerdo a las peticiones/necesidades formuladas por los vecinos, así que por el momento se desconoce el número.

Y, por último, se mantendrá la zona naranja pero se transformará en estacionamiento de uso mixto, para residentes y de rotación. "Queremos cambiar la manera en la que se gestiona para habilitar más zonas disponibles para carga y descarga en franjas en las que las plazas no se utilicen por residentes. Será en horario diurno", aseveró Grezzi.

Además, contará con los revisores actuales más vehículos eléctricos con una cámara a bordo que harán lectura de las matrículas de forma digital, y habrá una plataforma centralizada de gestión que permitirá funcionalidades "más avanzadas" que la actual. En esta línea, existirá la posibilidad de integrar pagos de diferentes proveedores en una misma plataforma, y se contará con parquímetros con tarificación avanzada y se podrá pagar a través de cualquier sistema.

Tras siete años y más de 30 millones de euros sin concurso

Desde mayo de 2006, cuando gobernaba el PP de Rita Barberà, la empresa que había gestionado el contrato de la ORA era Dornier. Contrato que venció en 2013 (cinco años más dos prórrogas), y el Ayuntamiento empezó las actuaciones precisas para licitar de nuevo el servicio, que sacó poco antes de las elecciones de 2015. La entrada del gobierno de izquierdas -Compromís, PSPV y València en Comú- truncó el concurso: el edil Grezzi lo detuvo porque consideraba que era necesario "realizar un nuevo planteamiento en las políticas de movilidad" y también respecto a la ORA, concretamente "a nivel de de la estructura tarifaria a aplicar, como a nivel de redistribución de plazas, de oportunidad e idoneidad de las diferentes ampliaciones".

Los pliegos preparados no gustaban al edil porque ampliaba la zona azul e incluso llegó a plantear la municipalización del servicio. Desde entonces, hace ahora más de cuatro años, la licitación no se había realizado -se sacó el concurso en otoño de 2019. Ahora bien, todos esos años desde que finalizara el primer contrato -esto es, desde 2013-, el Ayuntamiento de València ha estado pagando religiosamente a la empresa en cuestión, Dornier, una media de 385.000 euros mensuales. Lo que hacía un sumatorio a finales de octubre del año pasado de 30 millones. Pagados todos sin concurso público.

Además, la Intervención Municipal había advertido a las diferentes concejalías para que evitaran situaciones similares, en las que una empresa cobra por servicios que está ofreciendo sin que se haya hecho un concurso público que cubra esos meses de servicio. Concretamente, el órgano instaba a las concejalías responsables de estas contratas a que "prevean con suficiente antelación el momento de elaboración de los pliegos y el tiempo de tramitación del expediente de contratación" para evitar que haya empresas prestando servicios sin cobertura contractual.