València paga 30 millones de euros a la ORA sin concurso público desde hace seis años

VALÈNCIA. Nada ha cambiado en la práctica desde que finalizara el contrato de la ORA en València, allá por mayo de 2013. El Ayuntamiento de València todavía no ha convocado el concurso público del servicio. Y mientras, la contrata que operaba hasta entonces, la empresa Dornier, continúa prestando el servicio a la espera de una nueva licitación que parece no llegar. Desde 2013, hace seis años, ha cobrado en esta situación cerca de 30 millones de euros.

La relación contractual con esta empresa se inició en mayo de 2006, cuando entró en vigor el contrato firmado con el consistorio, dirigido por el Partido Popular de Rita Barberà. Su duración era de cinco años prorrogables de año a año un máximo de dos ocasiones. Una posibilidad de la que el Ayuntamiento hizo uso alargando la cobertura contractual hasta mayo de 2013.

Poco antes de que acabara el contrato, el consistorio ya inició las actuaciones precisas para la nueva licitación. Pasados dos años, el gobierno municipal aprobó en 2015, poco antes de las elecciones, la nueva licitación del servicio. Pero el concurso se truncó en 2016, ya con el Govern de La Nau -Compromís, PSPV y València en Comú-. 

El edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, lo detuvo porque consideraba que era necesario "realizar un nuevo planteamiento en las políticas de movilidad" y también respecto a la ORA, concretamente "a nivel de de la estructura tarifaria a aplicar, como a nivel de redistribución de plazas, de oportunidad e idoneidad de las diferentes ampliaciones". Los pliegos preparados no gustaban al edil porque ampliaba la zona azul e incluso llegó a plantear la municipalización del servicio.

Con estos planteamientos, paralizó el concurso público y aprobó en verano de 2016 la renuncia a la celebración del contrato. Así, el departamento de Movilidad Sostenible dirigido por Grezzi abrió un expediente para reelaborar los pliegos de condiciones y sacar a concurso el mencionado servicio de la ORA. Con todo, esta licitación todavía no ha salido a la luz más de tres años después de que se produjera la paralización.

De este modo, desde que finalizara el contrato en 2013, la empresa ha estado prestando el servicio de la ORA, puesto que el consistorio lo entiende necesario e irrenunciable en una ciudad como València. Así pues, y a la espera del concurso, ha estado pagando a la empresa en cuestión, Dornier, religiosamente una media de 385.000 euros mensuales. 

Es decir, que el Ayuntamiento de València ha pagado por este servicio facturas por valor total de 29,2 millones de euros entre mayo de 2013 y septiembre de 2019. Un montante que cuando finalice octubre será todavía mayor alcanzando casi los 30 millones de euros, abonados mediante reconocimientos de obligación.

Advertencias de la Intervención y de Antifraude

La Intervención municipal incluyó este servicio en su informe de control financiero del Ayuntamiento de València de 2018, en el que da un tirón de orejas al gobierno municipal debido a la precaria planificación de contratos como este. En este tipo de situaciones, las empresas cobran con facturas que escapan al control de la Intervención, una práctica que es legal pero cuyo abuso puede resultar motivo de advertencia.

Así pues, Intervención instaba en este informe a las concejalías responsables de estas contratas a que "prevean con suficiente antelación el momento de elaboración de los pliegos y el tiempo de tramitación del expediente de contratación" para evitar que haya empresas prestando servicios sin cobertura contractual. "En estos casos, podría hacerse uso de la figura de la contratación anticipada", recomienda el órgano de control.

Un caso similar al de la ORA es el de la grúa municipal, cuyo contrato estaba vigente y el gobierno municipal decidió rescindirlo motu proprio en 2016 alegando incumplimiento de las condiciones por parte de la empresa. Desde entonces, el concurso público todavía no se ha realizado, si bien según señalan fuentes del gobierno, los pliegos ya están en su trámite final. Desde la rescisión, la contrata que operaba, la UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan, ha cobrado más de 7,2 millones de euros sin contrato.

Una situación sobre la que la Agencia Valenciana de Antifraude ya ha emitido una advertencia al consistorio recomendando "encarecidamente que se inicien con la mayor celeridad posible los trámites para la contratación de este servicio".