Antifraude dice que el Ayuntamiento se saltó la ley: pagó 770.000 euros en sobresueldos a ocho ediles

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València sorteó la normativa de estabilidad presupuestaria para aprobar los sobresueldos a ocho concejales del gobierno con dedicación parcial al objeto de que cobraran como si tuvieran la dedicación exclusiva. El truco fue propuesto en 2015 por el gobierno que dirige Joan Ribó y fue ratificado por el pleno municipal. Se mantuvo hasta 2019 pero ahora la Agencia Valenciana Antifraude ha dictaminado que fue irregular. Se abonaron 772.000 euros aproximadamente por estos sobresueldos alegales.

Concretamente, el organismo que dirige Joan Llinares ha dictaminado que el sistema retributivo que se aprobó a principios del pasado mandato, en la práctica, supuso vulnerar los principios de la 'ley Montoro', que se aprobó en 2013 para limitar los gastos de las entidades locales. Y lo hacía, entre otras cosas, fijando que ocho de los 33 ediles de València deben tener dedicación parcial y, por ende, un sueldo sensiblemente menor. El Ayuntamiento cumplió el primer principio, pero no el segundo, de manera que violentó "por la vía de los hechos" -en palabras de Antifraude- la contención del gasto pretendida por la normativa.

Así pues, al entrar a gobernar la izquierda que dirigía por primera vez Joan Ribó, en 2015, el ejecutivo local pactó con la oposición que las dedicaciones parciales recaerían sobre ocho ediles del gobierno, miembros de la Junta de Gobierno Local, a los que se les adjudicaría el 75% del sueldo completo, mientras que el resto de ediles del ejecutivo y todos los de la oposición mantendrían la dedicación exclusiva y, por tanto, la retribución al 100%.

Ahora bien, el quiebro a la normativa se produjo al añadir un "complemento de especial responsabilidad" para los ocho concejales con la dedicación parcial "hasta alcanzar el importe" total, como adelantó en exclusiva Valencia Plaza en 2019 (la resolución cita la publicación de este periódico). De esta manera, según dice Antifraude, "de facto su efecto práctico" fue que se pagó a todos los concejales "el mismo importe en términos cuantitativos que el fijado por el pleno para los regidores con dedicación exclusiva".

Antifraude insiste en la falta de motivación de este sobresueldo: "Ni se motivaron ni se detallaron ni se han acreditado las competencias y responsabilidades especiales de los tenientes de alcalde en esa legislatura que justificaran la aplicación del complemento".

El organismo de fiscalización entiende que los sueldos base ya tienen en cuenta las responsabilidades inherentes de los ediles de gobierno. De hecho, el sueldo base de los concejales del gobierno era ya un 10% mayor que el de los ediles rasos de la oposición. Antifraude señala que los primeros "siempre han ostentado especiales responsabilidades, aplicándose solo en dicha legislatura el complemento de especial responsabilidad".

La Agencia, en su informe definitivo de la investigación de más de 50 páginas sobre este asunto, rechaza todas y cada una de las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de València y dice no haber podido acreditado "de qué servicio partió la iniciativa" de este complemento. Si bien es cierto que, como es habitual, una resolución del propio alcalde, Joan Ribó, inició el procedimiento para fijar las retribuciones y también este complemento.

El Ayuntamiento había alegado que en ningún caso se buscaba violentar la normativa con el complemento salarial, pero la Agencia es contundente al responder que "se le denomine como se le denomine", la decisión tomada, que es responsabilidad de toda la corporación, "no parece una interpretación acorde a la norma, que lo que pretende es la eficiencia en el uso de los recursos públicos".

Pero además, recuerda Antifraude, la decisión pasó por encima del criterio manifestado tanto por un dictamen del Consell Jurídic Consultiu e incluso una nota informativa el Ministerio de Hacienda, que dejaban claro que "el límite máximo total que pueden percibir por todos los conceptos retributivos" los ocho concejales en cuestión "viene determinado por la aplicación del porcentaje de dedicación parcial", esto es, el 75%.

Los ocho concejales que cobraron este complemento pese a tener dedicación parcial eran los tenientes de alcalde Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello, todos ellos de Compromís, Sandra Gómez y Vicent Sarrià, del PSPV, y María Oliver, de Podemos.

Pese a todo, la Agencia no exige ningún tipo de responsabilidad y no toma ninguna decisión más allá de recomendar al Ayuntamiento que se hagan informes jurídicos de legalidad de la secretaría municipal antes de aprobar el régimen de retribuciones en un futuro, que el régimen retributivo debe siempre guardar la proporcionalidad con la dedicación y que las responsabilidades específicas de los cargos deben estar fijadas de antemano, "no siendo necesario fijar complementos de especial responsabilidad" dado que es "evidente la mayor responsabilidad" de los ediles de gobierno.