Pleno del Ayuntamiento de València en la legislatura pasada. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Hecha la ley, hecha la trampa. Ocho concejales del Ayuntamiento de València que tenían dedicación parcial percibieron durante los cuatro años de la legislatura pasada un complemento que igualaba su sueldo a los ediles con dedicación completa. Este sobresueldo, aprobado en julio de 2015 y al que la Intervención General dio su conformidad, vulnera la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que fijaba unos límites a los sueldos de los ayuntamientos.
La conocida como 'ley Montoro', que se aprobó para limitar los gastos de las entidades locales, establece que una parte de los concejales debe tener obligatoriamente dedicación parcial. En el caso de València son ocho de los 33 ediles los que no pueden tener dedicación exclusiva. Al inicio de la legislatura se establecieron los ocho nombres, todos pertenecientes al equipo de gobierno, que tendrían una dedicación parcial del 75%.
Su sueldo debería ser, lógicamente, el 75% del que les correspondería si trabajasen con dedicación exclusiva, pero el Consistorio aprobó que, "teniendo en consideración las responsabilidades en la acción de gobierno que deriva del desempeño de las tenencias de alcaldía", cobrasen "un complemento de especial responsabilidad" hasta alcanzar el 100%.
Los ocho concejales que cobraron este complemento pese a tener dedicación parcial eran los tenientes de alcalde Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello -todos ellos de Compromís-, Sandra Gómez, Vicent Sarrià -del PSPV- y María Oliver, de Podemos. Otros dos ediles de la oposición optaron por la dedicación parcial para poder trabajar en otras ocupaciones fuera del Consistorio y sí percibieron la parte proporcional del salario establecido para la dedicación exclusiva. Eran Eusebio Monzó, del PP, con un 33%, y Santiago Benlliure, de Ciudadanos, con un 75%.
La alerta sobre la ilegalidad de este complemento la dio el propio alcalde, Joan Ribó, al modificar para esta legislatura el régimen retributivo y obligar a los tres partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, a repartirse los ocho ediles que no podrán tener dedicación exclusiva. Todos ellos percibirán el 75% del sueldo, sin complemento. El propio alcalde y el concejal Pere Fuset, portavoz de Compromís, adujeron que la Intervención General había informado en contra de ese sistema al considerarlo un fraude de ley. Así lo explicó Fuset a los periodistas tras la primera reunión de la Junta de Portavoces, y así lo reiteraron el alcalde y él mismo en las dos reuniones de este órgano, según aseguran tanto la portavoz del PP, María José Català, como el de Ciudadanos, Fernando Giner.
El reparto de las dedicaciones entre los concejales provocó malestar en la oposición después de que el alcalde decidiera que las ocho recaigan en las fuerzas de la oposición: en cuatro de los ocho ediles del PP, tres de los seis de Cs y uno de los dos de Vox. La dedicación parcial conlleva en la práctica, una rebaja salarial de unos 4.000 euros.
El interrogante se cierne sobre el pronunciamiento del interventor al respecto. Y es que en 2015 el interventor dio el visto bueno con la denominada "conformidad", es decir, no mediante un informe ad hoc sino con una fiscalización previa de los acuerdos que se iban a tomar en julio de 2015. Por ello, la oposición se pregunta si desde entonces ha cambiado su criterio y, por tanto, si ha emitido algún informe posterior advirtiendo de la irregularidad que, como dijo Ribó en la Junta de Portavoces, impidiera volver a aplicarlo. ¿Existe tal informe? Si no existe, ¿mintió el alcalde?
Así, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han metido en harina. Los populares, dirigidos por María José Català, pidieron el miércoles el supuesto informe que impide implementar la misma fórmula que hace cuatro años, un documento que por ahora no han visto. "En todo momento nos han hablado de la existencia de ese informe", explican fuentes del PP, "así que nos lo deben dar", aseguran convencidas. La petición del Grupo Popular se refiere a cualquier informe de habilitados nacionales al respecto, es decir, del interventor o del secretario municipal.
En el pleno de este jueves, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, fue más allá. Y es que en la formación naranja guardan la sensación de que el documento no existe. Por ello el portavoz pidió expresamente que el interventor se pronunciara sobre la legalidad de la medida adoptada el pasado mandato. Una petición que, en uso de su potestad, denegó el presidente del Pleno en ese momento, el edil de Compromís Sergi Campillo. Así, la vía que estudia Giner es exigir por escrito que el interventor elabore un documento donde estudie la legalidad de aquella decisión.
Para realizar tal petición necesita el apoyo de un tercio del pleno, es decir, once concejales. Por ello, pidió la rúbrica de los ediles del Partido Popular para este fin y obtuvo respuesta afirmativa. Así, los ocho regidores del PP y los seis de Ciudadanos suman 14, suficientes para conseguir que el interventor se pronuncie sobre esta cuestión. Aun así, los populares están convencidos de que el informe sí existe y que no será necesario pedir uno nuevo. "A menos que el alcalde nos haya mentido", apostillan.
Las tres formaciones de la oposición han elegido ya a los ocho concejales que se acogerán a la dedicación parcial. Los cuatro del Partido Popular son Juan Giner -también diputado provincial-, Santiago Ballester, Julia Climent y Carlos Mundina. En Ciudadanos, los elegidos son el portavoz, Fernando Giner, Rafa Pardo y Javier Copovi. Y en Vox, por su parte, es el portavoz, Pepe Gosálbez, el que no estará a dedicación exclusiva, dada su intención de continuar ejerciendo en su despacho de abogados.
