Foto: EVA MAÑEZ
el Ayuntamiento asegura que No hubo sanción alguna por la encuesta fallera
El Ayuntamiento dice que la empresa de la encuesta fallera se comprometió con la protección de datos
Pere Fuset y Joan Ribó, durante un pleno municipal. Foto: EVA MÁÑEZ
2/06/2020 -
VALÈNCIA (EP) El Ayuntamiento de València ha destacado este martes, tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional (AN) que ratifica la infracción "muy grave" del consistorio en la realización de la conocida como encuesta fallera, que la empresa que la realizó "se comprometió por contrato a adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)" y "a la destrucción" de estos, que se llevó a cabo.
Así lo han indicado fuentes municipales que también han apuntado que "la obligación ante la Unesco de proteger una fiesta" como las Fallas, declarada por esta entidad Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, "se consigue profundizando en el conocimiento sobre la propia fiesta desde vertientes tan diversas como la sociológica, la económica o la medioambiental".
La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la infracción "muy grave" del Ayuntamiento de València al haber tratado datos especialmente protegidos, como el de la ideología y la religión, en una encuesta sobre las Fallas realizada entre el 18 de mayo y el 13 de junio de 2017. No contaba con el consentimiento expreso y por escrito de los participantes.
De esta forma, la AN se posiciona al lado de la resolución dictada en el mismo sentido por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y desestima el recurso interpuesto por el consistorio contra la resolución de esta agencia, que consideraba que se había infringido lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 151/1999, de 1 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tras tener conocimiento de esta decisión judicial, fuentes municipales han expuesto que la AN "simplemente ha rechazado el recurso contencioso-administrativo planteado en su momento" y que "no existe, ni existió, sanción alguna para el Ayuntamiento de València". No obstante, han agregado que, "en todo caso, los servicios jurídicos estudiarán con detenimiento el pronunciamiento que ha hecho este tribunal".
Las mismas fuentes han indicado que "la encuesta a la que se refiere el tribunal es un estudio sociológico encargado a una experimentada empresa profesional, líder en su sector" y han manifestado que "es evidente la confianza en que se utilizaría la metodología oportuna" en la realización del sondeo.
A este respecto, han comentado que sería, "por tanto, redundante apercibirla de cuestiones básicas de su trabajo cotidiano, como lo es en este caso indicarle a una empresa de estudios de opinión que respete la LOPD, como deben hacer todas las empresas en todos sus trabajos".
Tras ello, desde el consistorio han resaltado que "la misma empresa se comprometió por contrato a adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la LOPD y RLOPD en el tratamiento de unos datos cuya naturaleza, tanto empresa como Ayuntamiento convinieron que eran de nivel alto". Asimismo, han destacado el compromiso para "la destrucción de los datos, tal y como efectivamente se produjo".
"El Ayuntamiento únicamente dispuso de los resultados finales del estudio realizado, que fueron expuestos a los medios de comunicación", han agregado las fuentes municipales, que han asegurado que "en ningún caso", el consistorio "dispuso de ningún tipo de información de carácter personal de las personas encuestadas".
Por otro lado, el consistorio ha señalado que como ayuntamiento tiene "la obligación ante la Unesco de proteger una fiesta que desde el mandato anterior ya está incluida en el catálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".
A continuación, ha afirmado que "esto se consigue profundizando en el conocimiento sobre la propia fiesta desde vertientes tan diversas como la sociológica, la económica o la medioambiental" y ha aseverado que "no bastan las percepciones sino que son necesarios los estudios profesionales que, entre otros aspectos, confirmen la transversalidad social de la fiesta demostrada en el estudio".
"El dinero público no está para adoctrinar"
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha afirmado este martes, tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional (AN) que ratifica la infracción "muy grave" del consistorio en la realización de la conocida como encuesta fallera, que "el dinero público no está para adoctrinar".
Fernando Giner ha aseverado que "el afán adoctrinador" del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, "ha sido constante desde 2015" y ha considerado "lamentable que se haga una encuesta y se utilicen datos de personas sin su consentimiento".
Asimismo, el responsable de Cs ha manifestado que cuando su grupo "fue conocedor de este asunto exigió al alcalde que dejara de tratar de imponer su ideología a los falleros y evitara decir a los valencianos cómo vivir sus fiestas".
Fernando Giner ha expuesto que "el asunto de la encuesta fallera fue tratado con una absoluta falta de transparencia por parte del equipo de gobierno" local. "Estuvimos meses solicitando a Ribó ver el expediente y la notificación que la Agencia Española de Protección de Datos envió al consistorio", ha resaltado.
"Ribó quiso politizar al colectivo"
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha señalado este martes, tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional que ratifica la infracción "muy grave" del consistorio en la realización de la conocida como encuesta fallera, que este "demuestra que el gobierno" del alcalde, Joan "Ribó, quiso politizar el mundo fallero de la ciudad al preguntar por cuestiones religiosas e ideológicas" en este sondeo.
"Es un nuevo revés a la gestión en Cultura Festiva del gobierno de Ribó, que ya tuvo que apartar a su concejal Pere Fuset al ser procesado por la muerte de un trabajador en el montaje de los conciertos de la Feria de Julio", ha agregado Catalá en un comunicado.
Asimismo, la portavoz 'popular' ha avanzado que su grupo ha pedido conocer el coste que tendrá para las arcas municipales este recurso ante la Audiencia Nacional, una cantidad "a la que habrá que sumar las costas a las que condena a pagar" esta instancia judicial.
"Ha sido un capricho de Ribó decidir recurrir un fallo de la Agencia Española de Protección de Datos y tendrá un coste para los bolsillos de los valencianos que pagará el Ayuntamiento por vulnerar la ley de Protección de Datos en una encuesta con un marcado interés de politizar las Fallas", ha planteado al respecto.
Así, María José Catalá ha indicado que el PP quiere saber "cuánto ha costado en abogados el recurso y cuál es el montante de las costas a pagar". "El coste de la encuesta fue de más 21.000 euros. El contrato y adjudicación fue firmado por Fuset el 19 de abril de 2017 a la empresa Invest Group Investigación de Mercados SL por un importe de 17.550 euros (21.235,50 euros con IVA), al límite de los 18.000 euros" y "evitando el procedimiento negociado sin publicidad", ha agregado.
El grupo municipal del PP ha expuesto que a través de este sondeo "el Ayuntamiento preguntaba a los falleros por su ideología política y hasta a qué partido votaban", así como "por su simpatía por los partidos políticos y sobre sus creencias religiosas".
Asimismo, los 'populares' han indicado que la resolución de la Audiencia Nacional "ratifica el fallo de Protección de Datos y da la razón a los falleros, a quienes indignó la encuesta por preguntas ideológicas," y "al Partido Popular, que pidió desde el grupo municipal la destrucción de esta encuesta".
Desde esta formación política han agregado que el ejecutivo local "respondió a las críticas y aseguró que la encuesta cumplía con todos los requisitos para realizarse" y han apuntado que el entonces "concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, defendió que se habían seguido los parámetros del Centro de Investigaciones Sociológicas para su elaboración".
"Ahora ya han sido dos los fallos contrarios a la encuesta por vulnerar la ley de Protección de Datos", ha aseverado los 'populares', que han manifestado que con la encuesta "se estaba proyectando una imagen distorsionada de los falleros y las Fallas al mundo en general".
"El documento cuestiona absolutamente la democracia y funcionamiento interno en las comisiones falleras y deslegitima los procesos democráticos de elección de las distintas directivas. Esta encuesta, al contrario, dañaba gravemente, la imagen de los valencianos que trabajan y sostienen la fiesta más grande de la ciudad", ha censurado el PP.
Este grupo municipal ha aseverado que el fallo de la Audiencia Nacional "recuerda a Ribó que las Fallas son mayores de edad" y que "no necesitan ni tutelas ni tutores de ningún tipo".
"Los falleros y falleras han sabido en cada momento sobreponerse a los problemas de cualquier índole, organizativos, estructurales, problemas económicos ya sean internos o externos. Y del mismo modo, siempre han sido ellos los que han decidido y elegido con absoluta libertad y democráticamente quién o quiénes debían dirigir cada comisión con plena independencia y responsabilidad", ha añadido el PP.