VALENCIA, (EP). El Ayuntamiento de Valencia llevará a cabo una investigación para conocer el proceso de expropiación de terrenos del Parque de Cabecera realizado en los gobiernos de la exalcaldesa Rita Barberá a la familia Trénor Galindo y a una empresa de la que es titular Vicente Cotino, familiar del exconseller y expresidente de las Corts Juan Cotino, y saber por qué el importe correspondiente no se pagó en su momento y se dejó pasar el tiempo hasta tener que abonar 17 millones de euros en lugar de 961.000.
Así lo ha anunciado este viernes el primer teniente de alcalde, Joan Calabuig, en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los temas tratados en esta reunión, entre los que se encuentra la apertura de dicha investigación.
"Vamos a iniciar un proceso de investigación en relación a las retasaciones y expropiaciones del Parque de Cabecera para llegar hasta el final, conocer si tiene consecuencias de carácter penal y ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales", ha expuesto el también edil de Desarrollo Económico Sostenible.
Joan Calabuig ha indicado que estos procesos de expropiación están "bajo sospecha" de que haberse llevado a cabo para "beneficiar a parte de la familia Trénor Galindo" y a una empresa cuyo titular es "Vicente Cotino Ferrer". Ha insistido en que dos expropiaciones que "tenían que costar al Ayuntamiento 961.000 euros" costarán, tras las correspondientes sentencias judiciales 17 millones de euros.
El edil ha precisado que la última de las sentencias conocidas es la emitida por el Tribunal Supremo sobre la expropiación que afecta a los Trénor Galindo, que cifra la indemnización por esta actuación en 13,5 millones de euros, y otra, la que afecta a los familiares de Cotino, de 2012 y que cifró la compensación en "más de 3,5 millones de euros".
Calabuig ha subrayado que en ambos casos el incremento sobre las cifras establecidas inicialmente "es brutal" y ha apuntado que en las dos operaciones se sospecha que hubo "negligencia" o "actuación dolosa" para "favorecer a amigos del anterior equipo de gobierno" con un "quebranto a los intereses de la ciudad". "Es un proceso que afecta a determinadas personas pero, sobre todo, a los bolsillos de todos los valencianos", ha insistido.
De este modo, el responsable municipal ha señalado que el gobierno local actual ha decidido iniciar la investigación "a propuesta del concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià; del de Hacienda, Ramón Vilar, y con el respaldo del alcalde", Joan Ribó, con la finalidad de "ver qué ha pasado" para que se haya llegado a una situación que "puede afectar tan gravemente a los impuestos de los valencianos".
El edil ha explicado que "el resto de expropiaciones que se realizaron en el Parque de Cabecera, más de 140, se pagaron a todos los propietarios" y ha resaltado que "los que no estuvieron de acuerdo reclamaron y se resolvió" su queja.
No obstante, ha afirmado que en el caso de las que afectan a Trénor Galindo y a la empresa de Vicente Cotino no sabe "por qué ha pasado tanto tiempo sin que se pague la indemnización", que ahora ha pasado de 961.000 euros a 17 millones de euros --tras el fallo del Supremo al que recurrió la primera de estas familias--. Asimismo, Calabuig ha apuntado que los terrenos se expropiaron como agrícolas y que posteriormente, con el paso del tiempo, pasaron a ser terrenos urbanos.
El primer teniente de alcalde ha avanzado también que el Ayuntamiento presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia en favor de Trénor Galindo, "en defensa del interés público" y "en contra de una forma de gobernar la ciudad lamentable", con "desidia absoluta" e "incompetencia suma". A este respecto, ha censurado que "los recursos públicos hayan estado a favor de intereses privados".
"Supone una alteración grave para la hacienda pública de la ciudad y usaremos todos los mecanismos de investigación y las acciones civiles y penales para defender los intereses de la ciudad", ha manifestado el edil. Ha considerado que esto es una "operación que huele que apesta a corrupción" y ha declarado que en el caso de los Trénor Galindo el Ayuntamiento no pagó la indemnización a pesar de que "en 2009 presentaron un escrito para pagar" y que "había dotación presupuestaria".
Joan Calabuig ha insistido que serán "la investigación y los tribunales" quienes "determinen por qué no se pagó" antes, al tiempo que ha recordado que éste es un asunto que su grupo municipal, el del PSPV, ya denunció "en el mandato anterior" cuando estaba en la oposición. Ha agregado que "los informes técnicos, de manera reiterada, decían al gobierno anterior que se pagara".