VALÈNCIA. Se considera una “infracción grave” por la “fijación de carteles en vía pública sin autorización”. Está tipificada en el artículo 8.2 de la Ordenanza Municipal sobre Publicidad. El importe de la multa es casi simbólico, 750 euros, pero es la consecuencia del surrealista episodio de la puesta a la venta de La Ceramo por parte de Solvia. Si bien la división inmobiliaria del Banco de Sabadell retiró prácticamente de inmediato el edificio de sus productos a la venta, la colocación del cartel, al afectar a un edificio protegido, conlleva pena.
El procedimiento sancionador, con núm.1712/2017, y con fecha del 9 de mayo, ha sido puesto en marcha por el órgano competente, la concejalía de Comercio, Control administrativo y Espacio Público, de Carlos Galiana.
El hecho fue denunciado por el Círculo para la Defensa del Patrimonio, la entidad civil que vigila por la preservación de los inmuebles históricos, y que ha hecho de la defensa de La Ceramo y su recuperación uno de sus caballos de batalla.
Según consta en la multa, el pasado 17 de marzo se dio aviso de que en La Ceramo, en el testero recayente a la calle Poeta Serrano Clavero, se había colgado un cartel publicitario, el de Solvia. El mismo 17 de marzo se mandó retirar por parte de la Contrata Municipal de Mantenimiento de Edificios.
Como consecuencia de ello, se dictó providencia de incoación del procedimiento sancionador 10 días después, que le fue notificada a la empresa en fecha 5 de abril de 2017. Solvia no compareció en el trámite que le fue conferido en la mencionada providencia de iniciación.
Tras ello, el Ayuntamiento de València ha resuelto multar Solvia con la cantidad antes citada, 750 euros, dando así por cerrado el surrealista episodio que hizo que durante unos días uno de los edificios emblemáticos del patrimonio industrial valenciano saliera al mercado.
En paralelo, los cambios en el PGOU que permitirán activar el plan de recuperación del inmueble siguen adelante. La junta de gobierno del ayuntamiento aprobó el 27 de abril el informe ambiental que incluye la permuta de la edificabilidad asignada en su día a la manzana. De esta manera Solvia podrá intercambiar con el Ayuntamiento de València la parte de la que es propietaria y así el edificio por completo pasará a ser de patrimonio público, y no parcialmente, como sucedía hasta ahora.
El informe del consistorio será remitido a la Conselleria de Obras Públicas para que le dé el visto bueno, e incluye el preceptivo informe del Ministerio de Defensa, ya que el edificio se encuentra en la zona de servidumbre aeronáutica del aeropuerto de Manises. Por su parte Movilidad, que ha redactado otro informe a favor de la modificación, también ha advertido de que se deben ampliar las aceras y mejorar la accesibilidad para peatones. Dos pequeños pasos en el largo camino hacia la recuperación de un pedazo de historia de la ciudad de València.