VALÈNCIA. Más de 2,5 millones de euros es el dinero que el Ayuntamiento de València sigue reclamando, a día de hoy, a una constructora encargada de uno de los desarrollos urbanísticos de principios de la primera década del siglo XX en el barrio de Moreras. Allí, algunas obras de urbanización quedaron sin poder ejecutarse. Pero aun así, el promotor debía haber ingresado su coste en el consistorio. No lo hizo y todavía no lo ha hecho.
Se trata de la firma Nazaret y Desarrollo SA, a la que la concejalía de Urbanismo adjudicó a principios de siglo el desarrollo de un PAI de 300.000 metros cuadrados entre el Oceanografic y el barrio de Nazaret, al sur del antiguo cauce del Túria. La firma tenía que urbanizar el sector pero hubo una parte que no pudo colmatar porque las obras dependián de actuaciones de otras administraciones.
La construcción de un nuevo colector por parte de la Generalitat Valenciana y el soterramiento de las vías ferroviarias de Serrería por el Gobierno central no estaban hechas al hacerse las obras del PAI, lo que impedía que la compañía pudiera urbanizar en superficie una porción del Jardín del Túria y una parte del barrio. Y en ese caso, el acuerdo con el Ayuntamiento obligaba a la promotora a depositar o avalar el coste de esa urbanización no ejecutada en las arcas municipales.
Sin embargo, la firma sí ha repercutido en los propietarios del sector los costes totales de urbanizazción "sin haber ejecutado el total de la obra urbanizadora". Esto es, que la firma se ha quedado con la diferencia del dinero pese a que no ha llevado a cabo todas las obras. "Se ha servido de la financiación de los propietarios que han adelantado su pago y no ha depositado las cantidades para poder continuar con la finalización del PAI", subraya la concejalía de Urbanismo, que dirige ahora Sandra Gómez.
En ese sentido, el consistorio insiste en los expedientes municipales en que el urbanizador "debió inmediatamente" depositar todo el dinero en la cuenta del Ayuntamiento. La cuantía en liza asciende a más de 3,7 millones de euros, según los cálculos de los técnicos municipales, a los que hay que sumar todavía otras cifras.
Y es que dentro de las cargas de urbanización se integran también otros conceptos como el mismo beneficio industrial de la compañía y los gastos de gestión, calculados en casi 680.000 euros. Pero recalcan los técnicos: "No es posible que el urbanizador cobre beneficio por la parte de la obra que no ha ejecutado y tampoco cobrar gastos de gestión cuando hay proyectos que no ha redactado y actividades de gestión de cueotas que no ha realizado". Es decir, que también tiene que devolver este dinero.
"De todo lo expuesto -concluye el Ayuntamiento- queda claro que hay un incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del urbanizador y otras obligaciones definidas en el convenio", asegura el Ayuntamiento. Incumplimientos de los que ha podido cobrar ya parte de la deuda. Por un lado, quedándose con la garantía que depositó la firma al inicio y que ascendía a 1,4 millones de euros. Y por otro, al ingresar 475.000 euros por un litigio de la firma urbanizadora con un propietario.
De esta manera, el saldo que todavía debe la firma al consistorio es de más de 2,5 millones de euros. El gobierno municipal acordó el pasado viernes dar por caducada y resuelta la adjudicación del PAI a la firma ante los incumplimientos reiterados y constatados para liquidar el acuerdo. Y con ello, Urbanismo pide al departamento de recaudación que "continúe con el procedimiento de apremio, exigiendo la deuda pendiente de pago" a la mercantil.