El Ayuntamiento tendrá que expropiar una alquería cercana a San Miguel de los Reyes por casi 500.000 euros

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tendrá que desembolsar casi medio millón de euros para ejecutar la expropiación de parte de una alquería. El inmueble, situado en las proximidades del monasterio de San Miguel de los Reyes, estaba pendiente de ser expropiado por el consistorio desde 2012, pero el estado de ruina de la edificación y el conflicto por el coste de la indemnización han retrasado la operación hasta que la justicia ha dictaminado.

Así, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, en un fallo del pasado mes de febrero, da la razón a los dueños del inmueble, la compañía Balestesa Valencia (antigua Secopsa), y estima parcialmente su recurso fijando el justiprecio en 456.534 euros. Una cuantía a la que deberán sumarse los intereses legales de la operación, lo cual puede encarecer un poco más la expropiación para las arcas municipales.

Se trata de parte que está desgajada de la alquería principal, que alberga el centro municipal de juventud del barrio de Orriols. Concretamente, la edificación está en el Camino de la Alquería Albors y tiene una superficie de 344 metros cuadrados. Construida en el año 1900, presenta un "deficiente estado de conservación, con declaración de ruina inminente" de 2017, y al mismo tiempo está protegido como Bien de Relevancia Local (BRL) en el conjunto de la Alquería de Sant Llorenç.

La primera disputa entre propietarios y Ayuntamiento llegó con la declaración de ruina. Hace cinco años, el Ayuntamiento emitió un informe pericial según el cual el inmueble no estaba incurso en los supuestos para ser declarado en situación legal de ruina, pues los costes de rehabilitación no superaban los previstos para su conservación. Al final, se declaró la inexistencia de esa situación de ruina, pero un recurso de los dueños les dio la razón.

La cuestión no era baladí, dado que el Ayuntamiento estaba obligado a expropiar este suelo al haberlo incluido en el vigente plan urbanístico de San Miguel de los Reyes como suelo de uso socio-cultural. La ley urbanística valenciana da a los propietarios el derecho de exigir, a los cinco años desde que se apruebe el plan urbanístico, que la administración municipal ejecute la expropiación y page la correspondiente indemnización.

Así pues, en 2022, y ya con la situación de ruina declarada para el inmueble, el gobierno municipal tuvo que dar inicio al expediente de expropiación, pero rechazó la valoración realizada por los propietarios y, en su lugar, aprobó una tasación de 126.000 euros. Así que los dueños acudieron al Jurado Provincial de Expropiación, que encareció un poco el justiprecio, hasta los 186.000 euros, pero sin llegar a las pretensiones de la propiedad.

Con todo ello, la compañía propietaria acudió a los tribunales y la fórmula aceptada por el TSJ arroja un justiprecio mucho mayor, que alcanza casi los 500.000 euros. Por ello, y porque no atiende todos los criterios técnicos de los dueños del inmueble, estima parcialmente su recurso. Ahora, el Ayuntamiento de València tendrá que expropiar el suelo y la edificación y abonar no sólo esa cuantía, sino también los intereses.

La parcela está afectada por el nuevo plan urbanístico que tramita el Ayuntamiento de València para el entorno del monasterio San Miguel de los Reyes. Un planeamiento que supondrá el derribo de un edificio, la construcción de tantos otros, así como la peatonalización de las proximidades del complejo histórico. Para este suelo, sin embargo, no habrá cambio, dado que el plan mantiene su uso de servicio público socio-cultural.