VALÈNCIA. Hay compromiso de "estudiarlo", pero la realidad es que el Ayuntamiento de València ve "complicado" devolver la reducción de jornada sin merma retributiva que le reclaman sus funcionarios después de que a una decena de ellos recuperaran este derecho a pesar de que una sentencia del Supremo lo anulara.
La polémica nace en julio de 2022. El Alto Tribunal declaró nulo el verano pasado parte del decreto que regula las condiciones de trabajo de los funcionarios valencianos por chocar con la legislación básica estatal al regular en algunos de sus artículos cuestiones que se escapaban de las competencias autonómicas. En concreto, dejó sin efecto el apartado que permitía a los empleados públicos solicitar una reducción de la jornada laboral de cinco horas semanales -una por día- sin que eso supusiera posteriormente una disminución de su salario.
A esta circunstancia se podían acoger aquellos que tuvieran a su cargo hijos menores de 12 años, personas mayores que requirieran especial dedicación, o que tuvieran una discapacidad igual o superior al 33 % sin que desempeñaran una actividad retribuida superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Con este escenario, el Ayuntamiento de València retiró en marzo de este año el permiso a quienes lo tenían concedido para cumplir con la sentencia. Sin embargo, los funcionarios presentaron alegaciones a esta decisión para tratar de frenarla. Además, el Gobierno valenciano que entonces ocupaba el Botànic no había publicado la sentencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por lo que la resolución tampoco se había aplicado a los funcionarios de la Generalitat, de manera que los del Ayuntamiento de Valencia reclamaban un trato igualitario.
Así, el consistorio tendría tres meses para responder a las alegaciones, pero si no lo hacía, el silencio sería negativo. Es decir, que si no contestaba, se darían por rechazadas las peticiones de estos empleados públicos que pedían recuperar este derecho.
Ahora bien, de forma paralela, algo más de una decena de funcionarios municipales -la mayor parte policías- presentaron un recurso de alzada en el que pedían la nulidad de la decisión adoptada por la Concejalía de Gestión de Recursos. En este caso, el Cap i Casal disponía de un mes para responder a los interesados, pero si no lo hacía, el silencio en este caso sería interpretado como positivo; o lo que es lo mismo, atendería a la petición de estos 14 empleados. Y así fue.
Desde entonces, y a pesar de la sentencia, estos 14 trabajadores recuperaron la reducción de jornada sin merma retributiva porque el Ayuntamiento de València estaba obligado a hacerlo. No solo eso, sino que además les devolvieron las horas no disfrutadas. Ante esto, el resto de empleados públicos pidieron que se les aplicara de la misma manera porque, de lo contrario, entendían que se trataba de un "agravio" comparativo hacia el resto de la plantilla que también había reclamado lo propio.
El pasado 28 de septiembre, la concejalía de Personal se reunió con los sindicatos en una Mesa General en la que trasladó la posibilidad de estudiar el encaje legal que tendría la recuperación de este derecho a pesar del fallo. Sin embargo, desde el propio equipo de gobierno ya advirtieron que veían "complejo retrotraer una decisión" que, a su juicio, fue "precipitada por parte del anterior equipo de gobierno". Más aún "considerando que hay una sentencia desfavorable".