Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tiene sobre la mesa una patata caliente que tendrá que resolver en un futuro inmediato: qué hacer con la reducción de jornada sin merma retributiva que le reclaman los funcionarios del Ayuntamiento de València después de que a una decena de ellos se les haya restituido este derecho a pesar de que una sentencia del Supremo lo anulara.
El Alto Tribunal declaró nulo en julio de 2022 parte del decreto que regula las condiciones de trabajo de los funcionarios valencianos por chocar con la legislación básica estatal al regular en algunos de sus artículos cuestiones que se escapaban de las competencias autonómicas. En concreto, dejó sin efecto el apartado que permitía a los empleados públicos solicitar una reducción de la jornada laboral de cinco horas semanales -una por día- sin que eso supusiera posteriormente una disminución de su salario.
A esta circunstancia se podían acoger aquellos que tuvieran a su cargo hijos menores de 12 años, personas mayores que requirieran especial dedicación, o que tuvieran una discapacidad igual o superior al 33 % sin que desempeñaran una actividad retribuida superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Con este escenario, el Ayuntamiento de València retiró en marzo de este año el permiso a quienes lo tenían concedido para cumplir con la sentencia. Sin embargo, los funcionarios presentaron alegaciones a esta decisión para tratar de frenarla. Además, el Gobierno valenciano que entonces ocupaba el Botànic no había publicado la sentencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por lo que la resolución tampoco se había aplicado a los funcionarios de la Generalitat, de manera que los del Ayuntamiento de Valencia reclamaban un trato igualitario.
Así, el consistorio tendría tres meses para responder a las alegaciones, pero si no lo hacía, el silencio sería negativo. Es decir, que si no contestaba, se darían por rechazadas las peticiones de estos empleados públicos que pedían recuperar este derecho.
Ahora bien, de forma paralela, algo más de una decena de funcionarios municipales -la mayor parte policías- presentaron un recurso de alzada en el que pedían la nulidad de la decisión adoptada por la Concejalía de Gestión de Recursos. En este caso, el Cap i Casal disponía de un mes para responder a los interesados, pero si no lo hacía, el silencio en este caso sería interpretado como positivo; o lo que es lo mismo, atendería a la petición de estos 14 empleados. Y así fue.
Desde entonces, y a pesar de la sentencia, estos 14 trabajadores han recuperado la reducción de jornada sin merma retributiva porque el Ayuntamiento de València estaba obligado a hacerlo. No solo eso, sino que además les han devuelto las horas no disfrutadas. Y, ahora, el resto de empleados públicos quieren que se les aplique de la misma manera porque, de lo contrario, entienden que se trata de un "agravio" comparativo hacia el resto de la plantilla que también había reclamado lo propio.
Por el momento, el próximo día 25 de septiembre está convocada una reunión entre la Concejalía de Personal y todos los sindicatos. Una cita en la que no cabe duda de cuál será una de las peticiones de las organizaciones sindicales ante la que Catalá deberá tomar una decisión sobre esta 'patata caliente' que tiene sobre la mesa de su despacho.
