MADRID (EP). La cobertura del bono social eléctrico ha aumentado en 25.900 nuevos hogares desde el inicio del estado de alarma decretado ante la pandemia del coronavirus, con un total de 1,3 millones de beneficiarios, según los últimos datos difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Entre estos nuevos beneficiarios también se encuentran profesionales autónomos acogidos a la prestación extraordinaria por cese de actividad, aprobada por el Gobierno como una de las medidas para afrontar la crisis provocada por la pandemia, al ver reducida su facturación en un 75% como consecuencia de esta emergencia.
Bajo este precepto, hasta este martes este Ministerio ha procesado 7.652 nuevas solicitudes de aplicación del bono social, de las cuales más de 2.300 ya son beneficiarios del mismo, tal y como ha informado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso, a la que ha acudido para dar cuenta de las medidas adoptadas por su departamento para afrontar la crisis.
Entre estas medidas está la prórroga automática, hasta el 15 de septiembre, de la percepción del bono social de electricidad a los beneficiarios a los que les vencía antes de dicha fecha. Según las estimaciones del Ministerio, 70.000 hogares se benefician mensualmente de esta medida.
Asimismo, se han mantenido vigentes los precios máximos de venta, antes de impuestos, de la bombona de butano, establecidos el 14 de enero de 2020, lo que se estima que beneficia a 5,5 millones de consumidores.
Respecto a la tarifa de último recurso (TUR) de gas, esta solo se ha permitido revisar a la baja. Se calcula que hay alrededor de 1,6 millones los posibles beneficiarios de esta medida.
Respecto a las medidas adoptadas en el suministro a empresas y autónomos, Ribera ha señalado que, hasta este martes, unas 102.090 entidades se han acogido a la reducción de potencia contratada y 14.199 entidades se han acogido a la suspensión temporal de contratos de suministro.
Estas entidades, durante el estado de alarma, pueden reducir la potencia contratada en sus suministros de electricidad y gas natural o incluso suspender el contrato de suministro sin ser objeto de ninguna penalización.
Así, autónomos y pymes pueden solicitar la suspensión del pago de las facturas de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, realizando dicho pago en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.