VALÈNCIA. El proceso de debate entre los partidos del Botànic y los agentes implicados en la tasa turística tiene este jueves una cita clave. Tras la buena acogida que, con sus matices, ha tenido el proyecto entre sindicatos, federaciones de vecinos o expertos en la materia, el PSPV, Compromís y Unides Podem se reúnen con la patronal, que tiene una postura frontalmente contraria al impuesto. La situación, por los equilibrios que implica, es especialmente compleja para los socialistas para los que cerrar el diseño del tributo pero pactar al mismo tiempo una moratoria en su aplicación parece ahora mismo la opción menos mala.
Se trataría de asegurar a los empresarios que al menos hasta 2024 no entraría en vigor la tasa. Eso se podría cerrar mediante un acuerdo explícito o alargando el proceso legal y administrativo en Hacienda. De esta manera, los socialistas cumplirían con el pacto fimado con sus socios en el que se obligaban a presentar de manera conjunta una proposición de ley antes de que acabe el mes de marzo y podría aplacar (al menos en parte) a la patronal. También se esquivaría el año electoral, una cuestión a tener en cuenta. Si hay tercer Botànic, las urnas se podrían entender como un aval a la propuesta; si no lo hay, el PP ya ha dicho que lo derogará la ley si ha llegado a aprobarse.
Hace unos días hubo una reunión entre socialistas alicantinos y Hosbec que dio una pista de por dónde puede ir la cosa. En un comunicado posterior, el PSPV de la provincia de Alicante se comprometió a trabajar para que "la tasa turística no se aplique". Es decir, se podría diseñar pero no poner en marcha de manera efectiva.
Opuestos al tributo por las características que dicen que tiene el mercado valenciano y por los efectos de la pandemia, los empresarios ven en los múltiplices efectos de la guerra un factor más para evitar incluso discutir el tema. Desde Hosbec aseguran que este jueves no entrarán en el marco de las reuniones del Botànic con otros agentes implicados en los que estos aportaban propuestas. Irán, dicen, con el único mensaje de su oposición y dispuestos a escuchar, básicamente por educación.
El acuerdo botánico es para una impuesto municipal y voluntario (es decir que sólo lo aplicarían los ayuntamientos que así lo decidieran), de uno o dos euros por persona hasta un máximo que podría rondar los catorce y en el que estarían exentos los menores, los viajes de salud o el Imserso, entre otros.
Este pasado diciembre, en la negociación de los presupuestos, la idea de la tasa que Compromís y UP han planteado casi desde que arrancó el Botànic había vuelto a quedar en nada. Con una buena relación con la patronal y el secretario autonómico de turismo, Francesc Colomer contrario a la idea, el PSPV volvió a negarse. Por eso sorprendió que a última hora hubiera acuerdo.
El compromiso botánico incomodó casi desde el inicio al president Ximo Puig, que ha insistido desde entonces que no es algo "prioritario". Colomer, directamente, se posicionó en contra. Pero lo cierto es que el acuerdo está firmado y de alguna manera debe salir del atolladero.