Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. La presentación del programa Resi-EQIFar ha levantado ampollas en el sector farmacéutico de València. Y es que la conselleria de Sanidad anunciaba este martes que las oficinas de farmacia pasarán a un segundo plano en la dispensación de medicamentos a residencias de mayores a partir de enero de 2018. La guerra está servida a pesar de las buenas relaciones que habían manifestado en los últimos meses los Colegios Farmacéuticos con la Generalitat.
Esta medida centralizará en los departamentos de salud la dispensación de medicamentos tanto de residencias públicas como privadas, dejando solo a las oficinas de farmacia para casos concretos. Una cifra nada desdeñable de 27.300 personas estarán bajo este sistema, números que empezarán a complicarse para las farmacias si se tiene en cuenta que el 86% de las residencias de la Comunitat - a quienes dispensaban medicamentos- son privadas.
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof), Jaime Giner, señalaba este martes a Valencia Plaza su descontento con este planteamiento, del que tuvieron constancia el mismo día y que podría poner en peligro los convenios que se han puesto en marcha durante la legislatura, como el del copago a jubilados y menores con padres con rentas inferiores a 18.000 o discapacitados. "En principio estamos sorprendidos ante el anuncio de la consellera tras prometernos diálogo y colaboración", explica.
Y es que preguntada la consellera por si habían hablado con los colegios de farmacéuticos sobre el nuevo modelo, Montón destacó que en "breve" se sentarán con ellos para explicarles el proyecto y ha expresado que no le cabe duda de que encontrarán puntos de encuentro, algo que de momento parece quedar lejos si se mantiene la fórmula.
Giner considera que se ha incumplido el Decreto 94/2010 sobre centros sociosanitarios donde se indica que el farmacéutico comunitario tendrá un papel preponderante. "Mientras no se aclare el papel del farmacéutico en la sanidad valenciana dejamos en suspenso cualquier colaboración con la Conselleria de Sanidad", ha asegurado. "Consideraremos una denuncia del convenio de prestaciones y al mismo tiempo esta denuncia supondrá la ruptura de todos los convenios realizados con ellos", destacaba.
"Solo se nos pide colaboración cuando se requiere dinero"
"Nosotros apostamos por el paciente y por eso asumimos el copago en primera instancia, que cobramos a los 45 días de la Generalitat", asegura. "No se plantea un modelo de farmacia comunitaria, solo se nos pide colaboración cuando se requiere dinero", lamenta.
No obstante, ha asegurado que les parece "estupendo" que se creen plazas de farmacéutico hospitalario, pero no en detrimento de las oficinas de farmacia. "Defendemos la farmacia hospitalaria y tiene que tener un papel fundamental. Hay pacientes con patologías y seguimientos complicados pero es ahí donde establecemos el modelo colaborativo".
"Que no nos paguen en tiempo, nos pidan dinero para la colaboración del copago, que implantemos servicios y encima se nos aparte del trabajo que podemos realizar no es el camino. No nos avisan en temas importantes", seguía lamentado. "Quieren dejar a la farmacia comunitaria con las migaja y nosotros anteponemos el valor del farmacéutico y el servicio al paciente al producto".
Asegura que existen normativas europeas que "están incumpliendo" donde indican que la farmacia comunitaria es esencial para el modelo socio sanitario. Además, señala como perjudicados todos los paciente, ya que si empobrecen a las oficinas de farmacia o se cierran, "habrá menor servicio o no será de la misma calidad al no poder tener un stock de productos tan grande".
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) también mostraba este martes su disconformidad con el procedimiento al haberse elaborado "sin una participación formal del sector".
"Nos ha sorprendido ver esta mañana la noticia de la presentación del nuevo modelo cuando todavía estábamos esperando a que se abrieran las mesas de participación formal para hacer todas las aportaciones que tenemos", señalaba el presidente de Aerte, José María Toro.
Presentaron varios escritos a la conselleria donde también planteaban la necesidad de "respetar" la normativa actual sobre Ordenación Farmacéutica para "evitar la ilegalidad del nuevo modelo" y la de "garantizar" la calidad del servicio para evitar problemas en la atención a las personas residentes en los centros.