Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. El juzgado contencioso-administrativo dirimirá sobre el conflicto en torno al concurso público de alumbrado de València. El sindicato UGT ha presentado un recurso contencioso contra la última resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales para tratar de que admita su exigencia: que la licitación del mantenimiento de alumbrado de la ciudad incluya la subrogación de los empleados que ya trabajan en este servicio.
Se trata de una de las contratas importantes del Ayuntamiento de València -18 millones de euros-, y se licitó en la primavera de 2019. Desde entonces, ha discurrido por un tortuoso camino con idas y venidas por los recursos presentados tanto por el sector privado como de los sindicatos. Las empresas energéticas recurrieron defendiendo que no fuera obligatoria la subrogación de los trabajadores, una cláusula que quería introducir el Ayuntamiento. El mencionado Tribunal dio la razón al sector y tras modificarlo, el consistorio se ha topado con la posición de los sindicatos, que están convencidos de la legalidad de esta cláusula.
Este verano el Tribunal Administrativo, dependiente del Ministerio de Hacienda, inadmitió el recurso sindical pero ahora UGT ha llevado dicha decisión y también al Ayuntamiento de València al juzgado contencioso-administrativo, según ha podido saber este diario. Ha presentado un escrito en el que solicita a la justicia que ponga freno al concurso público que ya vuelve a tramitar el consistorio. Concretamente, pide "la suspensión del procedimiento administrativo de contratación" y que dicha paralización cautelar "se mantenga hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento".
Según defiende la organización sindical, si se ejecuta el proceso de contratación sin contener la subrogación de los empleados, derivará en "efectos irreparables para el conjunto de trabajadores vinculados a la contrata", puesto que podrán ser despedidos para ser reemplazados por otros. Por ello, asegura UGT que los perjuicios para los trabajadores son "obvios", además de señalar que la afección a la situación patrimonial de la actual contrata sería "enormemente" gravosa y "difícil de cuantificar" por el impacto que supondrían las indemnizaciones por despido.
El contrato consta de dos lotes, uno de ellos cubre la zona norte y el antiguo cauce del río Turia, así como los puentes y pasarelas sobre el mismo. El segundo cubre la zona sur. Así, el personal se distribuye en estas dos áreas de trabajo a razón de 30 y 28 trabajadores respectivamente. En total, serían 58 trabajadores los que estarían afectados por la subrogación o los despidos que auguran los sindicatos.
Más allá del recurso actual, y sobre el fondo del asunto -la subrogación-, las organizaciones sindicales defendían que su inclusión era legal. Aunque admitían que "el pliego de condiciones [del concurso] no es el instrumento idóneo para establecer la obligación de subrogar a los trabajadores", insistían en que el Ayuntamiento se puede acoger a la Ley valenciana para el Fomento de la Responsabilidad Social, en la que se dice que las administraciones públicas incluirán cláusulas para obligar a la contrata a subrogar al personal.
El sector privado ha defendido en esta batalla jurídica que sólo el convenio colectivo o el acuerdo de negociación colectiva de eficacia general puede regular dicha materia. Según el consistorio, el convenio sí permitía imponer la subrogación del personal. Pero el tribunal falló que el convenio no fija la obligación de subrogarse en el personal, sino que "se remite al supuesto de que lo impongan los pliegos de licitación", y los pliegos, por normativa, "no pueden establecerlo de forma unilateral y autónoma".
En el consistorio defendieron desde el inicio la inclusión de la subrogación, pero el primer fallo del Tribunal Administrativo obligó a eliminar la subrogación, por lo que la edil del contratación, Luisa Notario, sostiene que el consistorio se encuentra atado de pies y manos. Especialmente tras el segundo fallo del Tribunal en el que inadmite el recurso de los sindicatos. "Nosotros hicimos lo que podíamos hacer", se resigna la concejala. En las organizaciones piden seguir batallando. UGT la mantiene viva con el contencioso.