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El Congreso ratifica la prórroga de ERTE, las ayudas a autónomos y las medidas antidesahucios

Foto: EDUARDO PARRA
10/03/2022 - 

VALÈNCIA. (EP) El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con el apoyo de todos los grupos menos Vox, que se ha abstenido, la convalidación del decreto ley que prorroga el esquema de protección al empleo de los ERTE, las ayuda a los autónomos y las medidas antidesahucios.

En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe someterse a debate y votación en el Congreso en el plazo de un mes desde su aprobación para ser convalidado o, en caso contrario, ser derogado.

Aprobado el pasado 22 de febrero, este decreto ley prorrogó un mes más, hasta el 31 de marzo, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) originados por la pandemia con el fin de facilitar la transición a los ERTE estructurales previstos en la reforma laboral.

En el caso de los ERTE originados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, se alargan hasta el 30 de junio transformándose de forma automática en expedientes de fuerza mayor, sin que las empresas tengan que tramitar nueva solicitud.

También se extienden hasta finales de junio las ayudas extraordinarias para los trabajadores autónomos, con exoneraciones al pago de cotizaciones y prestaciones extraordinarias a los trabajadores con negocios paralizados por restricciones a la actividad-

Al mismo tiempo, se prorroga hasta el 30 de junio el Plan MeCuida y la prestación que se habilitó para el sector de la cultura, y la prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.

Por otra parte, la norma incluye medidas para ampliar la prestación por cuidado de hijos o personas a cargo por cáncer u enfermedad grave, extendiendo esta medida por encima de la mayoría de edad hasta los 23 años de la persona enferma, en caso de persistir la situación.

Finalmente, el decreto ley incluye la ampliación, hasta el 30 de septiembre de 2022, de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, en los casos ya previstos por la actual normativa.

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