El Consell abre la puerta a la financiación privada en la nueva empresa pública de Emergencias

VALÈNCIA. "Lo tenían guardado en un cajón". Lo dicen enfadadas fuentes de las Brigadas Forestales respecto al proyecto de decreto-ley de la Generalitat Valenciana para crear la nueva empresa pública de Emergencias, que pretende ser la herramienta para subrogarse a los bomberos forestales de Tragsa. Y este texto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, abre la puerta a la financiación privada en la sociedad instrumental, que se bautizaría con el nombre de Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias (SGISE).

Se trata de un borrador que la Generalitat Valenciana tiene preparado para dar a luz la empresa y que puso sobre la mesa en la última reunión con los sindicatos. Según especifica el preámbulo del decreto, la SGISE tendría capacidad para "incorporar fórmulas de financiación que integren las aportaciones de las administraciones públicas y, en su caso, de las procedentes de la iniciativa privada". Además confirma que la Agencia de Seguridad, dependiente de Presidencia, ejercerá la tutela efectiva de la nueva mercantil.

Asimismo, el documento relata por qué, de acabar aprobándose, se incumpliría la ley de Acompañamiento de 2018, según la cual era la Agencia de Seguridad la encargada, "en condición de empleador", de subrogarse antes de noviembre a los empleados como personal a extinguir y no mediante ninguna empresa.

La Generalitat Valenciana se justifica apuntando como causas del incumplimiento "el no estar contemplada la incorporación del personal en los presupuestos para el 2018" y "la búsqueda de la fórmula más idónea" para conciliar lo aprobado en la ley de Acompañamiento con la Ley de presupuestos del Estado de 2017. Y en ese sentido, "el instrumento que se presenta como más adecuado es la creación de una sociedad" de carácter mercantil para emplear a los bomberos forestales.

¿Pero cómo se prevé que sea la SGISE? Sus estatutos, recogidos en el borrador, fijan que la empresa contaría con un capital social de 60.000 euros repartidos en 60 acciones. Al tratarse de una sociedad mercantil, en su accionariado cabe la presencia de socios privados. La Presidencia estará en manos de la dirección de la Agencia de Seguridad, que actualmente ostenta el socialista José Maria Ángel, y el Consejo de Administración contará con entre cinco y catorce consejeros. Estos podrán ostentar su cargo durante cinco años y pueden ser reelegidos de forma indefinida. También tienen derecho a percibir dietas e indemnizaciones por asistir a las reuniones.

Precisamente, este es uno de los puntos de la creación de la sociedad que más preocupa y que no gusta nada a sindicatos y a miembros de las brigadas forestales, entre los que existe el temor a que la empresa pueda convertirse en una "agencia de colocación" de personas afines a los gobernantes. Y sobre todo: que eso pueda acabar repercutiendo en su funcionamiento. Se remiten a ejemplos anteriores de empresas públicas convertidas en "cortijos" de partidos políticos. En el ámbito político, es uno de los argumentos que esgrime el Partido Popular al ser preguntado por esta sociedad y que con toda probabilidad utilizará para presionar en contra.

Y con motivo de la constitución de la empresa pública de Emergencias, se modifica el artículo referente a los bomberos forestales de la normativa de protección civil y gestión de emergencias de 2010, actualizada en 2017 con la creación de la Agencia. Este cambio elimina cualquier mención a la Agencia para traspasar así "la gestión ordinaria" del servicio de bomberos  a "la consellería, u organismo competente (...) o, en su caso, a la entidad del sector público instrumental correspondiente". Es decir, a la SGISE.

Situación de los bomberos en la nueva empresa

Los bomberos forestales consumarían de esta forma su traspaso desde la empresa pública estatal Tragsa a la empresa creada por la Generalitat Valenciana. Se haría "con la misma relación laboral (...) hasta su cese por las causas legales de extinción de los contratos" y con las mismas condiciones establecidas en el convenio colectivo actual hasta la aprobación de otro convenio, siempre según el borrador del decreto. No accederán como funcionarios, para lo que se tendrá que adquirir la plaza mediante un procedimiento abierto que responda a los principios de publicidad, mérito y capacidad.