Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. La aprobación del decreto para la movilización de vivienda vacía en la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar el pasado viernes en el pleno del Consell, arroja un marco normativo que busca, entre otras cosas, incrementar la oferta de vivienda en el territorio valenciano y poder así presionar los precios a la baja. Pero tiene otra consecuencia indirecta: abre el camino para que el Ayuntamiento de València pueda cobrar el recargo de IBI a grandes propietarios que tiene aprobado pero que no podía aplicar.
El consistorio valenciano, con Joan Ribó de alcalde y Ramón Vilar de edil de Hacienda, dio luz verde hace casi dos años a una modificación de la ordenanza fiscal del IBI para introducir, entre otras cosas, este plus impositivo para los grandes tenedores de vivienda vacía.
Concretamente, el recargo aprobado asciende al 30% de la cuota líquida del impuesto para "aquellas viviendas que se encuentren desocupadas con carácter permanente" y que pertenezcan a grandes propietarios, que en su mayor parte son entidades bancarias o fondos de inversión. Pero por ahora no se podía recaudar nada.
La Ley de Haciendas Locales ya prevé la posibilidad de aplicar este recargo desde 2004 y fija que pueda alcanzar hasta el 50% e incluso que pueda haber varios recargos dependiendo de la duración en que las viviendas estén vacías. Pero en la práctica era una normativa inaplicable porque no definía el concepto de "inmueble desocupado", por lo que no se podía concretar qué viviendas debían ser objeto de recargo.
Un retoque exprés del Gobierno de Pedro Sánchez descargó esta responsabilidad en otra normativa estatal o autonómica de vivienda. Y es aquí donde entra la Generalitat Valenciana y su regulación: en 2017 se aprobó la Ley de Función Social de la Vivienda, pero hacía falta un decreto de la Conselleria de Vivienda que la desarrollara. Y este texto llegó el pasado viernes, cuando el departamento que ahora dirige Héctor Illueca -hasta hace poco, Rubén Martínez-Dalmau- elevó al Consell su aprobación, que salió adelante.
El decreto establece que los grandes propietarios serán aquellos con diez o más viviendas y define el término de vivienda vacía: aquella que esté desocupada de forma continuada durante más de un año sin justificación. Los grandes tenedores deberán inscribir sus inmuebles baldíos en un registro autonómico -para los pequeños propietarios, esto será voluntario-, y será en base a este inventario como el Ayuntamiento de València podrá aplicar el recargo municipal del IBI.
Según explicaba hace unos meses el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, en una entrevista con este diario, las sanciones tipificadas como graves oscilarán entre los 10.000 y los 350.000 euros y, las muy graves, de los 350.000 hasta los 950.000 euros. En concreto, se penalizará cuestiones relacionadas con falta de información o falsedad de documentos, así como situaciones de discriminación, como no aceptar de inquilino a un migrante. Eso sí, solo se multará a grandes tenedores que son los que tienen la obligación de comunicar sus viviendas vacías.
Los afectados serán por tanto, y en base a la ley valenciana, las personas físicas o jurídicas que dediquen su actividad a la "construcción, promoción, intermediación o financiación de la construcción o de la compra de vivienda" y tengan, al menos, una decena de viviendas en régimen de propiedad, alquiler, usufructo "u otras modalidades de disfrute" y las "excluyan del mercado de venta, alquiler o derecho de superficie".
En el consistorio esperan que a partir de ahora, la Conselleria de Vivienda elabore cuanto antes el registro de viviendas vacías para poder incluir este plus en los recibos del año que viene. Para ello, el listado debería estar listo antes del 1 de enero, fecha en la que la concejalía de Hacienda, que ahora encabeza el socialista Borja Sanjuán, realiza el devengo del Impuesto de Bienes Inmuebles del año en cuestión. De lo contrario, habría que esperar hasta el año siguiente, ya 2023.
