Alejandro Aguilar, secretario autonómico de Vivienda. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Alejandro Aguilar es desde hace unas semanas el nuevo secretario autonómico de Vivienda. Llega al cargo tras la marcha de César Jiménez a la dirección de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha). Hombre de confianza del conseller Rubén Martínez Dalmau, Aguilar llevaba desde el principio de la legislatura como jefe de gabinete de la Conselleria de Vivienda, pero ahora da el paso a la gestión directa, en pleno ecuador de la legislatura y con proyectos clave en el camino.
El plan para levantar 2.400 viviendas en cinco años en la Comunitat Valenciana; el nuevo desarrollo del decreto ley de tanteo y retracto; el decreto para movilizar viviendas vacías, o la llegada de los fondos europeos son solo algunos de los frentes abiertos que tendrá que abordar su departamento. "Ahora es el momento de la consolidación de las políticas que hemos estado poniendo en marcha", asegura.
Y ese será su cometido, además de seguir con los desarrollos reglamentarios que aún están pendientes y con los que se persigue el gran objetivo de este departamento: ampliar el insuficiente parque público de la Generalitat Valenciana. Valencia Plaza se reúne con Alejandro Aguilar para abordar sus planes al frente de la Secretaría Autonómica de Vivienda.
-Lleva dos años ya en la Conselleria de Vivienda como jefe de gabinete del conseller, pero ahora pasa a la primera línea de gestión. ¿Cómo asume ese reto?
-Estuve dos años como jefe de gabinete del vicepresidente y creo que fue una etapa poco ordinaria. Cuando entramos al Consell, teníamos que construir una Conselleria desde cero y construir unas estructuras y nos implicamos todos en ese tipo de tareas. Ahora asumo este nuevo cargo con una gran responsabilidad, pero con conocimiento de la casa, de sus programas y las funciones que se están desarrollando.
-¿Cuál va a ser la hoja de ruta?
-En estos primeros dos años, incluso con pandemia, creo que hemos consolidado la idea de la necesidad de desarrollar políticas públicas de vivienda. Ahora es momento de la materialización de alguna de ellas. Hemos iniciado proyectos como el tanteo y retracto y ahora vienen nuevos retos. Por un lado, está el Plan 2.400 que asume una deuda que había con el pueblo valenciano, como es el inicio de construcción de vivienda pública en régimen de alquiler asequible. Este proyecto, además, de aumentar el parque público de vivienda, va a permitir consolidar la ciudad, ya que ha mucho solares por construir.
Y, por otro lado y ligado a este plan, se suman los fondos europeos, que también son un reto y que, con ellos, desde la Secretaría Autonómica tenemos que gestionar el primer programa de barrios y de regeneración urbana. Pero, además, en el ámbito normativo estamos a punto de aprobar el decreto que regula el nuevo registro tanto de demandantes de vivienda como de oferta pública. También se está ultimando el reglamento de viviendas vacías. Son dos grande desarrollos normativos que tenemos que materializar en estos dos años. Y, junto a ellos, un nuevo desarrollo del Decreto Ley de tanteo y retracto.
-¿Qué falta por desarrollar del decreto de tanteo y retracto?
-El Decreto de tanteo y retracto recoge que la Administración pueda ejercer estos dos derechos de adquisición preferente en beneficio de particulares y entidades del tercer sector, como Cáritas, Cruz Roja o asociaciones de víctimas de violencia machista, pero falta ese desarrollo reglamentario y es uno de los retos que nos gustaría asumir. Ahora estamos iniciando ese proceso y la idea es darle contenido para el año que viene empezar a hacer ese tanteo. Lo importante es que el decreto continúa y va más allá. Vamos a trabajar para atender las necesidades de aquellas entidades cuyos usuarios necesitan viviendas. Y todo eso se coordinará de una forma más efectiva con el registro de demandantes, porque tendremos toda la información de quienes han demandado una vivienda en la Comunitat Valenciana.
-¿Pero ya se han iniciado los trabajos para empezar a tantear vivienda para estos colectivos y asociaciones?
-Se está perfilando para empezar lo antes posible y poder hacer tanteo para estas entidades el año que viene.
"Con el decreto de tanteo y retracto hemos adquirido ya unas 300 viviendas por un precio medio de 40.000 euros"
-¿Cuántas viviendas ha comprado ya la Conselleria a través de este mecanismo?
-Alrededor de 300 inmuebles se han adquirido con esta herramienta normativa, que lleva en vigencia un año y que ha resultado ser muy eficaz y rápida. Pero, además, conlleva un gran ahorro para las arcas de la Generalitat, porque estamos comprando por un precio medio de 40.000 euros. Por tanto, es una herramienta muy positiva para el objetivo que tiene que cumplir, que es ampliar el parque público de la Generalitat. Los casos que nosotros tanteamos son operaciones entre fondos privados que iban a hacer políticas especulativas y desde el poder público se tiene que luchar contra ellas. De hecho, no estamos entrando en operaciones entre particulares.
-Precisamente, los agentes privados del sector advirtieron de que este decreto podía frenar operaciones y generar inseguridad jurídica...
-Nosotros estamos entrando en las grandes operaciones de compraventa de viviendas, porque se suelen dar por precios muy baratos e irrisorios. Hemos tenido un caso en Algorfa y otro en Agost de viviendas por un euro. Y eran pisos que estaban muy bien, de 90 m2, con trastero y garaje. Otra la hemos comprado por 22 euros en Alicante, en una zona con precios muy elevados. Esas son las operaciones que estamos tanteando y sin repercutir nunca a la operación del vendedor. Nosotros pagamos el precio por el que el vendedor hace la operación. Ni un euro más, ni un euro menos. Por tanto, no hay un perjuicio, simplemente que el que compra no es un operador privado, sino la Administración pública.
-Ha comentado que se está ultimando el decreto que regulará la movilización de inmuebles vacíos en la Comunitat Valenciana y que obligará a los grandes propietarios a comunicar a la Administración sus inmuebles deshabitados. El texto, en información pública, también recoge el régimen sancionador para quienes no informen de sus propiedades. ¿Cómo se van a regular esas sanciones?
-El decreto persigue el fomento de la vivienda, más que la tasa impositiva. Así, incluye una serie de planes que vamos a impulsar para incentivar que el propietario privado mueva sus viviendas. En el caso de que no sea así, ya se recurrirá a impuestos u otro tipo de tasas. Por un lado está el municipal y el recargo del IBI que cada municipio tiene que regular y luego habrá sanciones a los grandes tenedores que actúen con mala praxis. Por ejemplo, si no facilitan la información o no habilitan viviendas en el registro que se prevé crear. El decreto fija multas coercitivas y sanciones. Las multas se aplicarán en el caso de que grandes tenedores no comuniquen sus viviendas deshabitadas en el plazo de seis meses y estas no sean ocupadas.
Por otro lado, las sanciones vienen reguladas en la Ley por la función social de la vivienda y el decreto que estamos ultimando. Las tipificadas como graves oscilan entre los 10.000 y los 350.000 euros y, las muy graves, de los 350.000 hasta los 950.000 euros. Son la cuantías más grandes que existen en una norma de carácter autonómico. ¿Qué se sancionará? Cuestiones relacionadas con falta de información, falsedad de documentos o certificaciones que presentan; o situaciones de discriminación, como no aceptar de inquilino a un migrante. Solo se multará a grandes tenedores, que son los que tienen la obligación de comunicar sus viviendas vacías. No habrá penas para los particulares.
"se multará a grandes tenedores que no comuniquen sus viviendas vacías a la administración"
-Autonomías como Baleares han expropiado viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. ¿La Conselleria se plantea ir por esta vía?
-Nosotros teníamos mecanismos de expropiación contemplados en la Ley por la Función social de la Vivienda, pero el Tribunal Constitucional ordenó que no se podía acometer. Nosotros entendemos que es un mecanismo más para la adquisición de vivienda pública que está regulado en otras administraciones como la vasca o la balear, pero no en la Comunitat Valenciana. Desde la Conselleria hemos impulsado otros mecanismos para ampliar el parque público.
-En los últimos años, el alquiler se ha ido incrementando en muchas ciudades. ¿Contempla la Conselleria de Vivienda algún mecanismo para regular el alquiler?
-Hemos dicho por activa y por pasiva que estamos a favor de la regulación de los precios del alquiler, porque están subiendo exponencialmente y hay un problema de tensión en el mercado. Pero no tenemos las competencias por no tener derecho civil propio, como sí tiene Cataluña. Lo que estamos haciendo es trabajar con el Ministerio para que en esa nueva Ley Estatal de Vivienda sí que haya mecanismos para regular los precios de alquiler. Y, a partir de ahí, nosotros lo desarrollaremos.
-Recientemente han lanzado un concurso para ceder 29 solares públicos a promotores privados, incluido en el Plan 2.400. ¿Qué feedback han recibido? ¿Temen que quede desierto como ya paso en el pasado o no cumplir las expectativas?
-El concurso de suelo es una cesión de derecho en superficie de suelo público a agentes tanto públicos como privados. Es cierto que en la legislatura anterior se lanzó, pero la novedad de este año es que también hemos habilitado una línea de fomento al alquiler asequible de casi 8 millones de euros que puede financiar estos proyectos. Son dos planes diferenciados, pero que están coordinados y tienen mucha relación. Así, aquellos promotores que crean que necesitan una financiación extra para asumir sus proyectos, se pueden acoger a este plan. Al combinar estos dos planes entendemos que es más atractivo para los agentes privados y ya hemos tenido interés por parte de los constructores, porque el suelo que se ofrece está en zonas consolidadas donde es interesante edificar.
Además, el mundo privado está entrando en ese tipo de negocio de colaboración público-privada con la Administración, porque saben que es lo que se va a potenciar durante mínimo cinco o seis años. Tanto el plan Estatal de Vivienda 2022-2025 como los fondos europeos van encaminados a ese tipo de relación y hay mucho interés.
-Después de diez años, la Conselleria de Vivienda volverá a promover vivienda pública a través de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) ¿Con qué recursos cuenta para levantar las 1.131 viviendas nuevas que se anunciaron?
-La promoción pública de vivienda es una responsabilidad de la Conselleria y esa es una línea que tiene que ser clave. La EVha, uno de sus objetos, es precisamente la promoción pública de vivienda. Nosotros lo que hemos conseguido ha sido dotar de un mayor número de recursos humanos que eran necesarios, porque con los recortes que hubo en el sector público instrumental, la EVha se vio bastante mermada y nosotros hemos aumentado la plantilla en 54 personas. Y ya se están generando los equipos para lanzar los proyectos. Contamos con la dotación presupuestaria que ya calculamos al inicio de la legislatura, pero a la que se sumarán los fondos europeos y el Plan Estatal de Vivienda. Solo con los fondos europeos se calcula que alrededor de 1.000 millones se van a destinar a promoción pública de viviendas y eso llegará. Afortunadamente, ahora estamos en un periodo de políticas públicas expansivas de inversión, que nos permitirán dotarnos de recursos para iniciar esas promociones.
-¿Pero cuáles son esos recursos?
-Este año se contaba en el presupuesto de la Generalitat, con 5 millones para iniciar proyectos de La Torre y de Santa Cruz de Tenerife y el año que se viene se dotará con el presupuesto necesario para acometer los siguientes proyectos. No habrá un problema presupuestario ni de recursos humanos para asumir los retos en materia de promoción pública de vivienda.
Además, de los programas de regeneración urbana y rehabilitación de barrios, nos corresponden este año 124 millones de euros. Esa es la propuesta que se aprobará en septiembre. Además está el programa para la promoción pública de vivienda, que está dotado de 1.000 millones de euros y cuya financiación se iniciará en 2022. Estos fondos vienen de Europa, pero hay que sumar, que eso se desconoce, los fondos que vendrán del Ministerio. Calculamos que alrededor 110 ó 120 millones vendrán a la Comunitat Valenciana para promoción de inmuebles.
-¿Y si no llegan? Al final da la sensación de que los fondos son la panacea que va a resolver todos los males….
-Es lógico que haya esa expectación porque es el gran plan de impulso, regeneración y recuperación social y económica tras la pandemia. Es una dotación como nunca antes se ha visto en Europa. Nosotros ya jugamos con unos tiempos determinados y esto va avanzando. El pasado viernes tuvimos una multilateral de Vivienda solo para hablar del Real Decreto que regula los fondos y ya nos anunciaron que en septiembre la idea es aprobarlos. Por tanto, además de esperanza, ya podemos hablar de que hay una realidad y esos fondos van a llegar porque los pasos se están dando.
-Con la pandemia, ¿se ha agravado la emergencia habitacional? ¿Ha aumentado la demanda pública de vivienda?
-La demanda de vivienda ya existía antes de la pandemia, pero con la crisis sanitaria se vieron agravadas todas las situaciones de vulnerabilidad. Creo que han sido esenciales las políticas que se han desplegado a nivel estatal y a nivel autonómico. Desde el Gobierno, con el decreto que avalaba la moratoria antidesahucios, además de todas las ayudas que se generaron. Y a ello se sumaron las políticas desarrolladas por el Botànic, que acompañaban a esa lucha contra la emergencia. La situación sigue siendo complicada y lo que está claro es que después de la crisis sanitaria habrá conatos de una crisis social. Para nosotros el camino es el mismo: desarrollar el escudo de protección y políticas públicas para, por un lado, atajar la emergencia de aquellos que ya la tienen y, por otro, continuar construyendo para dar una solución a medio y largo plazo.
Por tanto, hay una continuación de los casos de emergencia habitacional que ya existían, aunque sí que es cierto que esas situaciones se han agravado por la crisis sanitaria. Pero no me atrevería a decir si a causa de la pandemia existen más casos de emergencia habitacional. El problema de la vivienda era estructural y era anterior.
-Estos meses, la Secretaría Autonómica ha tenido que lidiar con avisos de desalojo de la Sareb en muchos municipios valencianos. En algunos casos se ha solucionado, pero la compañía va a seguir desinvirtiendo, porque su mandato vence en 2027. ¿Hay una política concreta sobre qué soluciones dar a estas familias?
-Cuando nos llegaron casos de emergencia habitacional en Riba-roja, Alfafar, Chiva o Torrent, por una lado, habilitamos la comunicación con las administraciones públicas locales para conocer la situación de las familias afectadas y nos desplazamos hasta allí para hacer un análisis. La comunicación con la Sareb ha sido fluida. Ellos también son conscientes de la realidad habitacional y se han comprometido con nosotros a que las familias van a permanecer en sus viviendas, pero la cuestión es la solución a cada tipología de familia.
Lo que nosotros hemos establecido con los ayuntamientos son tres vías: la vía de la compra por parte de aquellas familias que tienen capacidad económica para acceder a la adquisición de esas viviendas; otra que consiste en contratos de alquiler con opción a compra y luego otra que es la compra por parte de la Generalitat de las viviendas de familias con condiciones socioeconómicas complicadas. La negociación continúa y las líneas de trabajo están transmitidas a la Sareb, que las ve con buenos ojos.
-A finales de este mes se celebrará un nuevo seminari del Consell. ¿Qué objetivos se marcará la Conselleria?
-Estamos trabajando en ello y estamos ultimando los puntos. Pero creo que tiene que haber dos vías: una de consolidar los elementos para ampliar el parque público, y, por otro, mecanismos para luchar contra la emergencia habitacional. Y en base a eso estableceremos los puntos. O bien desarrollos normativos o bien programas. Pero estamos trabajando en ello. Es la línea que hemos seguido en seminarios pasados.
