VALÈNCIA. El gobierno valenciano, formado por PSPV, Compromís y Podem, quiere agilizar los trámites para las obras que impulse de ahora en adelante. Es por ello que los grupos parlamentarios de las tres fuerzas han presentado una enmienda conjunta en Les Corts Valencianes a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para incluir que las administraciones públicas no requieran de licencia municipal para llevar a cabo sus actuaciones urbanísticas.
La actual redacción de la LOTUP especifica, en el apartado referido a las licencias, que los actos promovidos por administraciones públicas -Estado, Generalitat o entidades de derecho público vinculadas- están sujetos a licencia municipal. Así, hasta ahora el promotor de las obras debía presentar el proyecto al ayuntamiento correspondiente para que éste otorgara la licencia en un plazo de dos meses, duración que podía acortarse excepcionalmente "en supuestos de urgencia".
Sin eliminar este procedimiento, la enmienda que han presentado PSPV, Compromís y Podem, y que presumiblemente saldrá adelante, introduce en la ley que cuando se trate de un uso de suelo "de interés general, comunitario o local", o por razones de urgencia o excepcional interés público, este trámite se suprimirá y sólo se precisará una mera "consulta" al consistorio para dar inicio a las intervenciones.
De este modo, la conselleria interesada deberá declarar la actuación como de interés público o urgente, y enviar acto seguido el proyecto al Ayuntamiento. Ahora bien, ya no será necesario que el consistorio otorgue la licencia municipal, sino que sólo deberá ratificar en el plazo de un mes que las actuaciones cumplen el planeamiento urbanístico en vigor. Este límite de tiempo podrá reducirse en casos excepcionales a medio mes. Si pasada la fecha límite, el ayuntamiento no contesta, se dará por aprobado el proyecto.
Así, según el redactado de la enmienda a la LOTUP, cuando la administración municipal dé su visto bueno, podrán comenzarse las obras. Se trata de un procedimiento mucho más rápido que, de aprobarse finalmente, entraría en vigor el próximo ejercicio y permitirá al Consell completar sus actuaciones urbanísticas con mayor celeridad, además de descargar de trabajo a los servicios municipales.
Todo ello no implica, con todo, que el Ayuntamiento pueda informar de disconformidad sobre el proyecto que se quiera materializar. En ese caso, la administración promotora tendrá que adaptar su contenido a la ordenación urbanística "si es posible". Si no lo es, deberá iniciarse un "procedimiento especial" acordado entre todas las administraciones competentes, siempre "sin menoscabar la autonomía de la administración afectada".