La Generalitat obligará a todos sus empleados a detallar mejor los gastos de caja fija

VALÈNCIA. El Consell de Carlos Mazón ya tiene lista la ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat de 2025. La conocida como ley de Acompañamiento (aquella necesaria para que salgan adelante cada año los Presupuestos y que sirve como cajón de sastre para la modificación de multitud de normativa autonómica) en la que el gobierno valenciano ha aprovechado para introducir importantes cambios en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Especialmente, en el apartado de obligaciones que ahora mismo tienen tanto el Ejecutivo como todos los organismos dependientes. 

Así, una de las reformas que plantea el Consell del PP afecta a la transparencia que se da a los gastos de caja fija. La normativa actual obliga a la administración de la Generalitat, su sector público instrumental o instituciones como Les Corts, Sindicatura de Comptes o Consell Jurídic Consultiu a publicar los gastos de caja fija "desagregados por centros directivos, con indicación en cada registro del concepto económico, el tercer perceptor, la fecha y el motivo del gasto y la fecha y el importe de la factura o dieta". Información que, además, cada órgano en cuestión debe actualizar con carácter mensual para cumplir con la ley. 

Sin embargo, el cambio que se encuentra encima de la mesa busca ampliar la transparencia que se les da al tipo de gastos que se pagan con estos fondos.  Por ello, el Consell propone que en lugar de indicar "el motivo del gasto", describan el tipo de gasto. "Hay que publicar los gastos de caja fija desagregados por centros directivos, con indicación en cada registro del concepto económico: descripción del tipo del gasto", contempla el cambio legal. 

Con ello, según fuentes del gobierno valenciano, pretenden introducir un término más amplio para que no solo se indique el tipo de gasto, sino también la motivación o cualquier otro dato relevante en su identificación. Si, por ejemplo, se realiza un viaje a Bruselas para acudir al Comité de las Regiones, que se especifique todo ello y no solo se indique que el coste que aparece se debe a un mero "viaje institucional". 

Cabe apuntar que la caja fija, que existe en todas las administraciones, se presta a irregularidades porque con ella se pagan gastos que no cuentan con una fiscalización previa. En 2017, por ello, el gobierno de Ximo Puig aprobó un decreto para endurecer y limitar el uso de los fondos de la caja fija de la Generalitat y equipararse así al límite establecido por el Estado. La normativa estatal fijaba un límite anual para cada departamento del 7% del presupuesto de gasto corriente (capítulo II). 

De prosperar el cambio propuesto por el Consell, tanto la Generalitat como el resto de sujetos obligados a cumplir con la Ley de Transparencia deberán publicar los gastos indicando un concepto económico, la fecha y el importe de la factura o dieta, pero también estarán obligados a describir con todo detalle el gasto. 

Menos transparencia en la elaboración de leyes

Otro de los cambios que plantea el Consell actual en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno afecta a la información sobre las empresas que contrata la Generalitat o su sector público. Hasta ahora, la legislación exigía que se publicaran tanto las RPT (relación de puestos de trabajo), como las "categorías profesionales, dedicación, régimen retributivo y tareas" realizadas por los trabajadores de las empresas a las que adjudican contratos que realizan una actividad, servicio u obra con carácter permanente. 

Sin embargo, esta obligación desaparecería de la normativa en caso de que el cambio lograra prosperar en Les Corts Valencianes una vez inicie el trámite parlamentario. Para ello, el PP necesitaría el apoyo, al menos, de Vox. Y, además, lograr luz verde a las cuentas del próximo ejercicio, ya que sin Ley de Presupuestos de la Generalitat, no puede haber Ley de Acompañamiento. 

Y la misma senda se sigue en lo que respecta a la elaboración de los proyectos de ley valencianos, es decir, aquella legislación que parte del Gobierno, que no del Parlamento. Actualmente, las administraciones públicas tenían la obligación de publicar los anteproyectos de ley, memorias e informes desde el momento en que se solicitaban informes preceptivos -tales como los que emite el Consell Jurídic Consultiu (CJC)-. 

Con el cambio propuesto, no obstante, en caso de que la normativa que se esté elaborando no requiera informe preceptivo -aquellos que incluyen requerimientos a subsanar para lograr una valoración positiva-, la publicación de la normativa se realizará en el momento en que se apruebe. Es decir, que ningún ciudadano podrá consultar la letra pequeña hasta que hayan sido validados para entrar en vigor.