VALÈNCIA (X. A./AGENCIAS). El Gobierno valenciano continúa avanzando hacia los Presupuestos de 2020 con la incógnita de si finalmente verán la luz o se optará por prorrogar las actuales cuentas ante la falta de datos importantes -como por ejemplo el techo de gasto- que debe aportar el Ejecutivo central, que se encuentra actualmente en funciones a la espera de las elecciones del próximo 10 de noviembre.
De esta manera, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, presentaron este lunes el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento. Un compendio de medidas -algunas de ellas ya conocidas en los últimos días- de carácter fiscal, social y económico que funciona como una especie de complemento a los presupuestos.
Pero, dado que una ley no se entiende sin la otra, ¿qué ocurrirá si finalmente el Consell decide prorrogar las cuentas? Según explicó Soler a preguntas de este diario, la intención del Ejecutivo no es que las medidas presentadas este viernes queden en papel mojado. La idea del Gobierno valenciano es que, aunque se decida aplazar la aprobación de los Presupuestos de 2020, la Ley de Acompañamiento pueda salir adelante en Les Corts como una ley ordinaria. Una maniobra que, según el conseller, podría salir adelante si la Mesa de la cámara -donde el Botànic tiene mayoría- da luz verde a esta posibilidad.
En cuanto a la prórroga presupuestaria que, tal y como informó Valencia Plaza, se viene barajando, Soler admitió que a día de hoy sigue siendo objeto de "muchas vueltas" dentro del Ejecutivo. "La liquidación del 2018 es posible que se tenga, pero las entregas a cuenta, parte fundamental de sistema de financiación autonómico, es muy difícil que se tengan porque debe hacerlas un Gobierno en plenas funciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", explicó el conseller, quien recalcó el "riesgo" de afrontar un presupuesto en esta situación: "Te puedes equivocar muchísimo", afirmó.
Por otro lado, en el documento presentado se incorporaron varios cambios en la Ley para la función social de la vivienda propuestos por la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, controlada por Podemos, para movilizar la vivienda vacía de las personas físicas que necesite ser rehabilitada para "alquiler solidario".
Así, se cambia el plazo de cesión del particular a la Generalitat de los seis años actuales a ocho para adecuarlo a la duración del contrato de alquiler que figura en la modificación actual de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por otra parte, se incluye la posibilidad de que, en caso de que el precio de la rehabilitación a realizar por la Generalitat sea inferior al precio del alquiler de mercado de este periodo de ocho años, se permita también compensar económicamente al particular que cede su vivienda.
En el texto de la ley también se abre la puerta a la posibilidad de prestar el servicio de taxi con tarifas pactadas previamente entre usuarios y conductores, mediante el uso de aplicaciones móviles, así como al acceso a medios de transporte público con bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, monopatines y monociclos, entre otros) plegados.
Asimismo, se modifica la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres para ampliar la función del cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en la publicidad de los medios de comunicación social de titularidad pública a todos los medios de comunicación social o cualquier otro medio de difusión.
Se incorpora también el impulso por parte del Consell para desagregar los datos por sexos en todas las estadísticas e investigaciones que se lleven a cabo en la Comunitat, y se cambia la denominación del Consell Valencià de la Dona por Consell Valencià de les Dones para recoger un concepto más plural e inclusivo.
En cuanto a las medidas en materia tributaria, se contempla la creación del Observatorio Fiscal para dar entrada a la sociedad civil en la gestión de la Agencia Tributaria Valenciana.
Además, incluye como novedad la obligación de que las fundaciones cuenten con un auditor interno, tal y como ocurre con el resto del sector público de la Generalitat. Hasta ahora solo era obligatoria la presencia del auditor en las entidades del sector público empresarial, pero no en el fundacional.
El proyecto de ley contempla la ampliación del plazo para solicitar la protección de áreas de la huerta de València degradadas. Los ayuntamientos dispondrán ahora de 5 años (a partir de la aprobación del PAT de l'Horta) para solicitar que esos espacios degradados pasen a ser declarados 'Enclaves de recuperación de huerta'.
También se amplía el Plan de Inversiones productivas (PIP) hasta diciembre de 2021 para garantizar que los proyectos de los ayuntamientos se puedan ejecutar. Soler recordó que se trata del "famoso Plan Camps", en el marco del que muchos ayuntamientos se encontraron en 2015 proyectos "increíbles" que fueron redefinidos y ahora "sería una injusticia que algunos se quedaran descolgados".
Preguntado sobre si la ley contempla alguna subida de tasas destacable, Vicent Soler explicó que básicamente se trata de un aumento en relación al IPC y detalló que se establece una subida de sueldos a tres funcionarios: la interventora general de la Generalitat y el director general de Intervención y la Abogada de la Generalitat.
Además, remarcó que se trata de puestos que la ley exija que sean ocupados y lo que se pretende es que por acceder a un cargo público no pierdan dinero. "Son tres personas de primer nivel, la gente no debe estar en política para ganar dinero, pero tampoco debe ser un sacrificio para la familia", afirmó, destacando que no se "premia a nadie, lo que se hace es no castigar a nadie".