VALÈNCIA. El Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión, para cumplir el objetivo del Botànic de "rescatar personas". Esta ley crea una ayuda de hasta 532 euros que sustituye a la renta garantizada de ciudadanía y podrá tener carácter indefinido "cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo".
Según destaca el Consell, la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido es una de las "novedades significativas" de la ley, ya que hasta ahora había un límite de 3 años, con una carencia de dos. El anteproyecto de ley también prevé la creación de distintos tipos de renta, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80% del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.
De esta forma, el importe de ésta será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.
El objetivo de este anteproyecto es "ofrecer una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización que han producido un alarmante incremento de la exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social en la Comunitat", destaca el Consell.
El Gobierno valenciano destaca que la Comunitat se encuentra en una situación "de urgencia" caracterizada por una alta tasa de desocupación, especialmente acusada en las personas menores de 25 años y en las mujeres; por un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, con mayor incidencia en las mujeres; así como por un incremento de los porcentajes tanto riesgo de pobreza, como de situaciones de pobreza severa, entre otros indicadores.
Asimismo, se ha producido un descenso acusado de las tasas de cobertura de las prestaciones por desocupación y un incremento del número de pensiones no contributivas con importes en el límite de la pobreza severa.
"Con la nueva ley, el Consell convierte la renta en un instrumento que realmente permita a las personas rehacer su proyecto de vida y también terminar con la burocracia y la gestión dispersa, de manera que se logre una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza", asegura.
El texto del anteproyecto es resultado de un proceso de consulta, participación, y estudio de modelos de distintas comunidades autónomas y se ha seguido un proceso de diálogo con distintas consellerias, sindicatos, universidades y distintos actores sociales. La nueva ley reconoce a los municipios como actor principal de atención a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, así como para liderar los programas de inclusión y la coordinación técnica y administrativa.
La nueva ley implica una renta que llegará "a más personas" porque flexibilizan los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales. Además, exige únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, y amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Entre las "mejoras" que recoge el texto, también se incluye la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren, y la concentración de las ayudas, de manera que la persona que sea titular de la renta tendrá también acceso a beneficios en otros ámbitos como el educativo o el de vivienda, sin necesidad de tener que hacer trámites adicionales.
Además, con esta ley "se simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática", de manera que serán los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de las personas demandantes de la renta y los servicios centrales de la conselleria se encargarán de la gestión.
