El Consell aprueba la solicitud de comparecencia de Ximo Puig en el Senado

VALÈNCIA. El Consell ha aprobado la solicitud de comparecencia del president de la Generalitat en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para valorar el retraso en la reforma del sistema de financiación. En este sentido, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.bis.3 de su Reglamento, se va a proceder a solicitar al presidente de la Cámara Alta la convocatoria de esta Comisión General a fin de que valore los efectos para las comunidades autónomas y, especialmente, para la Comunitat Valenciana, del retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica. 

Así, el Consell considera que la reforma del sistema de financiación autonómica y la corrección de los problemas generados durante los últimos años requiere de un impulso decisivo en cumplimiento inmediato del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y que el órgano idóneo para analizar esta situación es dicha Comisión General.

En este sentido, el artículo 56 del Reglamento del Senado establece, entre las funciones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, la de iniciar cualesquiera de los trámites informativos, de estudio o de seguimiento que esta Comisión considere oportunos sobre materias de naturaleza autonómica, respecto a las competencias de las comunidades autónomas. 

Dado que la reforma del sistema de financiación autonómica afecta de forma directa a los intereses autonómicos, el Consell lo considera una cuestión lo suficientemente relevante como para justificar la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de analizar y debatir el estado actual del proceso. 

Incumplimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes de 2017

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que deberá hacerse una valoración quinquenal del sistema de financiación autonómica, para que, en caso de detectarse desequilibrios entre los gastos e ingresos se puedan adoptar medidas de compensación para el siguiente quinquenio. 

Dado que el actual modelo de financiación entró en vigor en 2009, se cumplieron en 2013 sus primeros cinco años de vigencia, sin que a partir de entonces se acometiera la revisión del mismo, de cara a establecer las posibles compensaciones durante el quinquenio siguiente (2014-2018). 

En la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, superado el plazo que establece la LOFCA para la valoración quinquenal del modelo, se acordó iniciar de forma inmediata los trabajos para la reforma del sistema de financiación autonómica cuya aprobación debía producirse antes de finalizar 2017.

Sin embargo, iniciado 2018 (último año del quinquenio en que se han de compensar, de acuerdo con la LOFCA, los desequilibrios derivados de la aplicación del modelo en sus primeros cinco años de vigencia), se constata que el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes para la reforma del sistema de financiación autonómica se ha incumplido.

Por otra parte, el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica, publicado en julio de 2017, puso de manifiesto que la insuficiencia global de recursos del sistema (el dinero adicional necesario para atender la evolución del gasto autonómico, según indicadores de necesidad de servicios públicos) acumulada durante los primeros siete años de vigencia del modelo actual (2009-2015) estaría alrededor de los 165.000 millones de euros. Sólo en 2015, se situaría por encima de los 16.000 millones de euros. 

Atención a la sanidad, la educación y la protección social

La insuficiencia global de recursos de las comunidades para cubrir sus gastos durante la vigencia del modelo actual se ha traducido en graves dificultades para atender los servicios que prestan en los tres pilares básicos del Estado de bienestar (la sanidad, la educación y la protección social), en una rebaja generalizada de los recursos destinados a atender el resto de funciones (por la concentración del gasto en los servicios públicos fundamentales), en elevados déficits y en la acumulación de un importante volumen de endeudamiento.

El retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica perjudica especialmente a la Comunitat Valenciana, que arrastra un problema crónico de falta de financiación desde que se le transfirieron las competencias en sanidad y educación, en la década de los ochenta.

Esta situación, que se ha mantenido con los sucesivos modelos de financiación autonómica, se vio agravada durante los primeros años de este siglo, pues la población residente en la Comunitat crecía muy por encima de la media de España y, sin embargo, el modelo de financiación autonómica permanecía anclado al coste de los servicios transferidos en la década de los ochenta y no reconocía el mayor incremento demográfico registrado en la Comunitat Valenciana.

El modelo de 2009 trató de paliar esta situación reconociendo el crecimiento poblacional registrado hasta entonces, pero resultó una solución fallida pues, en lo esencial, preservaba el "statu quo" (esto es, el vínculo con los recursos transferidos cuando se cedieron las competencias) y, además, su entrada en vigor coincidió con el desplome de los ingresos públicos que trajo consigo la crisis económica. 

Financiación por habitante inferior en la Comunitat

La financiación por habitante que recibe la Comunitat Valenciana ha sido durante el periodo 2009-2015 un 8% inferior respecto a la media de las autonomías de régimen común, y un 24% más baja que la mejor financiada. Esas distancias han supuesto, sólo en 2015, unas minoraciones de los ingresos de la Generalitat Valenciana de 878 millones de euros y de 3.619 millones de euros, respectivamente. Para el conjunto del período 2009-2015 suponen 5.733 millones de euros si comparamos los recursos recibidos por la Comunitat con la media de las autonomías, y 22.638 millones de euros si la comparación se hace con la mejor financiada.

Así, la falta de ingresos se constituye en la principal razón, aunque no la única, del elevado déficit público y del aumento de la deuda pública de la Comunitat Valenciana a lo largo de los últimos años, pues el gasto por habitante ha estado muy por debajo del que se ha llevado a cabo en el resto de comunidades. 

En el conjunto del periodo 2009-2016 se ha financiado con déficit el 19% de los gastos no financieros, pese a que el gasto de la Comunitat Valenciana por habitante ha estado por debajo de la media de gasto de las CC.AA. de régimen común y muy alejado del que realizan las que más gastan. 

La evolución del endeudamiento de la Comunitat Valenciana muestra que la deuda acumulada se ha incrementado mucho en los últimos años, pero también se puede comprobar que de los 44.663 millones de deuda a finales de 2016, 15.150 millones (el 34%) tendrían su origen en la menor financiación (a ellos se podrían añadir 4.589 millones de euros correspondientes al pago de intereses asociados al mayor endeudamiento producido por la falta de financiación). 

Para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, la Comunitat Valenciana propone un modelo que permita a las comunidades autónomas recobrar su autonomía política y financiera, que garantice la equidad, que asegure la suficiencia en la financiación de los servicios públicos fundamentales y el resto de funciones de gasto que tienen atribuidas, y que permita que las administraciones autonómicas se liberen de la carga financiera que les impide acceder a los mercados de deuda.