Foto: EVA MÁÑEZJusticia explica que no realizó ninguna comunicación oficial sobre la decisión de trasladar un funcionario del juzgado de 'Azud' al del incendio; actualmente tramita cuatro refuerzos para Instrucción 9
VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia asegura que mantendrá, tal como están, los refuerzos de funcionarios del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, y no trasladará tampoco ninguno de aquí a Instrucción 9, en el que ha recaído el trágico incendio de Campanar. El refuerzo de este último juzgado lo tramitará de manera independiente.
El departamento que dirige Elisa Núñez (Vox) así lo señala a este periódico tras la información publicada sobre la intención de quitar a un profesional de un juzgado para dárselo al otro. Según pudo saber Valencia Plaza, desde la Conselleria se comunicó ayer jueves al juzgado esta idea, algo que provocó la total disconformidad y rechazo debido a que actualmente tienen multitud de declaraciones pendientes –algunas de ellas fijadas para la próxima semana–, además de numerosas diligencias por practicar en lo que actualmente es la mayor macrocausa de corrupción que se investiga en Valencia.
Desde la Conselleria niegan una comunicación oficial sobre la decisión del citado traslado del refuerzo de un juzgado a otro. E insisten en que no se va a realizar. Así, Instrucción 13 se quedará con cuatro refuerzos de funcionarios y un letrado de la administración de justicia.
Al margen de todo ello se tramitará el refuerzo del juzgado del incendio. La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que preside Pilar de la Oliva, acordó el pasado miércoles solicitar un juez en comisión de servicio –algo que depende del Consejo General del Poder Judicial– y un refuerzo de la plantilla de funcionarios del juzgado "a fin de agilizar el procedimiento y atender a los múltiples perjudicados en el siniestro" –algo que depende del departamento de la Conselleria de Justicia–.
Este departamento explica que ese refuerzo se ha tramitado y solicitado a la dirección general de Presupuestos de la Generalitat. Consta de un funcionario del cuerpo de auxilio, un funcionario del cuerpo de tramitación, un funcionario del cuerpo de gestión para el juzgado de Instrucción 9, además de un refuerzo para la Fiscalía.
El actual conflicto entre el juzgado de Azud y la Conselleria se arrastra desde hace varios meses, cuando el departamento comenzó a comunicar a finales del pasado diciembre que no prorrogaría algunos refuerzos de funcionarios. Esto suponía su cese a fecha del día 31.
La decisión venía derivada de un replanteamiento del plan de refuerzo impulsado por el anterior Gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem desde la Conselleria dirigida por Gabriela Bravo. La nueva responsable de Justicia consideró esa medida como un "parche" a la falta de medios en los juzgados y sostiene que la solución definitiva es que el Ministerio de Justicia cree plazas estructurales.
Aunque en esto último coincide todo el mundo –incluyendo los juzgados–, el despliegue de más funcionarios sí suponía una ayuda de manera temporal. Motivo por el que el recorte generó un gran cabreo en determinados lugares. Y uno de ellos fue el juzgado de Instrucción 13 de Valencia.
La trascendencia del asunto reside en que el desarrollo de la macrocausa de Azud depende en gran medida del apoyo de las funcionarias interinas, que realizan tareas tan básicas como la organización documental, la tramitación de los escritos, de los recursos, de las diligencias de instrucción, el control de los plazos de prórroga, de las incidencias o la asistencia a las cientos de declaraciones de testigos.
Después de que la Conselleria trasladara la decisión de no prorrogar el refuerzo, el propio juzgado y la Fiscalía Anticorrupción manifestaron su malestar al departamento que dirige Elisa Núñez, como publicó este periódico. Pidieron que mantuviera a la funcionaria, puesto que su cese suponía que no hubiera ningún otro trabajador capaz de asumir en un corto espacio de tiempo el procedimiento. Lo cual provocaba un grave perjuicio al desarrollo de la macrocausa con un riesgo de paralización.
Justicia reculó y un día después de que trascendiera todo se dirigió al juzgado para transmitir que mantendría el refuerzo al menos unos meses más. Hasta este jueves, cuando de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico comunicó la intención del traslado de un funcionario de refuerzo al juzgado del incendio. La Conselleria desliga oficialidad a tal asunto y finalmente no habrá recorte, por lo que todo se queda como está.
