Imagen de una sala de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Consell ha decidido dar marcha atrás en una de las supresiones de los refuerzos en los juzgados: la del caso Azud. Tal como ha publicado Valencia Plaza, el departamento de Justicia ha comenzado a comunicar que no va a prorrogar los citados refuerzos en determinados juzgados, lo que supone el cese de funcionarios a partir de enero.
Uno de ellos afectaba a Instrucción 13 de Valencia, encargado de uno de los procedimientos sobre corrupción más importantes que se investigan actualmente. La trascendencia del asunto reside en que el desarrollo de la macrocausa depende en gran medida del apoyo de las funcionarias interinas, que realizan tareas tan básicas como la organización documental, la tramitación de los escritos, de los recursos, de las diligencias de instrucción, el control de los plazos de prórroga, de las incidencias o la asistencia a las cientos de declaraciones de testigos.
Después de que la Conselleria trasladara la decisión de no prorrogar el refuerzo, el propio juzgado y la Fiscalía Anticorrupción manifestaron su malestar al departamento que dirige Elisa Núñez (Vox), según pudo saber este periódico. Pidieron que mantuviera a la funcionaria, puesto que su cese suponía que no hubiera ningún otro trabajador capaz de asumir en un corto espacio de tiempo el procedimiento. Lo cual suponía un grave perjuicio al desarrollo de la macrocausa con un riesgo de paralización.
Justicia se dirigió finalmente este jueves al juzgado para transmitir que mantendrá el refuerzo al menos unos meses más. Al parecer, el argumento de la Conselleria para el cese de la funcionaria dentro de la no prórroga de los refuerzos se debe a la aplicación de la ley de 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Una norma en la que se establece que los interinos no podrán permanecer más de tres años en su puesto, si se trata de una vacante, y que ésta sólo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera –salvo que el proceso selectivo quede desierto–. Una manera de evitar que consoliden plaza.
La ley entró en vigor en diciembre de 2021, por lo que el gran problema para muchas administraciones vendrá en diciembre de 2024, pasados esos tres años, cuando los interinos deban dejar el puesto. Sin embargo, la norma no es de aplicación en el caso del juzgado de Azud porque no tiene efectos retroactivos. La funcionaria fue nombrada en verano de 2021, antes de la aprobación. Además, no cubre una plaza de titular.
Inicialmente, por tanto, se mantendrá hasta que cumpla los tres años. Aunque la petición del juzgado es que permanezca el tiempo que dure la instrucción de Azud, debido a que el refuerzo se tramitó para esta causa específicamente.
Más allá de lo sucedido con Instrucción 13, desde la Conselleria de Justicia exponen que, por el momento, se va a mantener el 80% de los refuerzos existentes. Sin embargo, indican, "no pueden ser para siempre porque se ha demostrado que son parches y que no son la solución". Ésta pasa, señalan, por crear plazas estructurales por parte del Ministerio de Justicia. Una demanda que trasladarán.
Mientras tanto, los partidos de la oposición critican la decisión y anticipan que pedirán explicaciones por escrito a la Conselleria en Les Corts. El diputado de Compromís Jesús Pla valora que el simple hecho de suprimir el 20% de los refuerzos –dando por buena la cifra de la Conselleria– ya supone un gran problema para muchos juzgados. En su opinión, va a suponer "incrementar el colapso judicial" y confía en que Justicia cambie de criterio.
El parlamentario recuerda que jurisdicciones como la Social y la Civil se encuentran al límite, mientras que hay instrucciones de procedimientos penales que tardan hasta 7 años en llegar a juicio. Eso, indica, al margen de las macrocausas, que necesitan medios adicionales. "Es una sinrazón", señala, porque no existen razones jurídicas suficientes para la decisión de suprimir los refuerzos.
Por su parte, la diputada del PSPV Alicia Andújar considera que estas son "las primeras consecuencias de unos presupuestos insuficientes para el área de Justicia e Interior". Así, apunta que en los últimos años se incrementaron un 10% y se hizo un "importante esfuerzo" para las contrataciones de funcionarios.
Igualmente, comenta que los socialistas presentaron 112 enmiendas en esta materia destinadas a "dotar de recursos materiales y personales a los juzgados, también para investigación y corrupción". Todas menos una, recuerda, han sido rechazadas y, añade, no les extraña "que las primeras consecuencias se estén viendo, además en juzgados que investigan macrocausas, que están saturados y necesitan aumentar sus plantillas en lugar de disminuirlas".
