VALÈNCIA (EFE). La Generalitat deberá asumir 4,8 millones de euros por intereses de demora por pagos aplazados "ilegales" establecidos por los anteriores gobiernos del PP en la adjudicación de contratos, según ha informado el president, Ximo Puig, en el pleno de Les Corts.
Este pago se ha impuesto en virtud de una sentencia judicial, según ha apuntado Puig, que condena el sistema de "pago aplazado" utilizado de forma "indiscriminada" desde 2009.
Concretamente, ha informado la Generalitat, los intereses se derivan del aplazamiento a ejercicios futuros de las inversiones en la ejecución de obras públicas previstas en el Plan de Infraestructuras Estratégicas 2004/2010.
En los pliegos de cláusulas administrativas particulares que regían las licitaciones de dichas obras licitadas de acuerdo con dicha previsión del Gobierno valenciano se establecía, en contra de las determinaciones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (entonces vigente), que se computarían los intereses de demora en el pago de las certificaciones de obra emitidas con los plazos específicos establecidos en el mismo, según las mismas fuentes.
Todo ello "obviando las previsiones de la ley (que establece el pago de intereses de demora a partir de los sesenta días de la entrega de las certificaciones de obra por parte de la empresa), atendiendo a las previsiones específicas establecidas en el acuerdo de adjudicación para cada anualidad".
Se trataba de un sistema "especial", según la Generalitat, fuera de cualquier previsión de la Ley de Contratos, de pago de intereses, que dejaba totalmente en manos de la Conselleria el cálculo de los mismos y no vinculado a las certificaciones de obra.
El año 2011 la asociación empresarial "Confederación Nacional de la Construcción" interpuso recurso contra uno de dichos procedimientos "especiales" de pago, interponiendo recurso contra un Pliego regulador del contrato licitado el año 2010 de "Red de Plataformas reservadas al Transporte Público en Castellón: Fase I y tramos III y IV - Zaragoza y bucle Centro).
El TSJCV, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2014, anuló este ilegal sistema de fijación de intereses de demora en el pago de las certificaciones de obra de pago aplazado, al estimar el recurso que había interpuesto dicha asociación contra la resolución tomada el año 2011 por la entonces consellera de Infraestructuras, Transportes y Medio Ambiente, Isabel Bonig.
A partir de ese momento, siempre según las mismas fuentes, las empresas contratistas afectadas por dicha previsión del Gobierno valenciano iniciaron procedimientos para reclamar el abono de los intereses de demora ajustados a las previsiones de la Ley de Contratos, obviando las determinaciones "especiales" que para fijar dichos plazos habían sido establecidas en los respectivos pliegos.
Como resultado de todo ello, el Gobierno valenciano ha debido hacer frente a varios pagos, cuyo importe total todavía se está calculando, dado que hay reclamaciones que no han sido todavía resueltas judicialmente o que ya cuentan con sentencia firme que todavía se está ejecutando.
La última de las sentencias en relación con estos asuntos ha sido la emitida por el TSJCV el pasado 21 de junio de 2019, por la que se ha estimado la reclamación formulada por una empresa, por importe de cerca de 4,8 millones en concepto de demoras en abonos de certificaciones de obra emitidas en ejecución del contrato de obra de construcción de determinados tramos (C/ Columbretes-Camí Serradal) de la plataforma reservada al transporte público de la ciudad de Castellón (Tram Castelló).
Dicha licitación fue iniciada el año 2009 por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes por un importe (Iva excluido) de 28.976.444,16 euros, en régimen de pago aplazado a ejercicios posteriores, entre los años 2011 y 2016, siendo adjudicado posteriormente a la UTE formada por las empresas FCC y BECSA (antigua Lubasa) por importe de 27.256.715,54 euros.
Sin embargo, el coste final de las obras para la Generalitat, una vez concluidas totalmente las obras el mes de febrero de 2015 y aprobadas la certificación final de las obras (con excesos) y su liquidación, así como las revisiones de precios, fue de cerca de 40 millones (IVA incluido).
En 2015 la empresa adjudicataria reclamó la cantidad de cerca de 4,8 millones en concepto de intereses de demora, amparándose en la nulidad de la cláusula específica de dicho pliego, declarada nula previamente en la sentencia citada del año anterior.
