El Consell crea una renta básica para quien trabaje pero no llegue al 80% del salario mínimo

VALENCIA. El Consell ha creado una renta básica para quien trabaje pero no llegue al 80% del salario mínimo interprofesional. Así lo explicó este lunes la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el delegado del Consell para el modelo Social Valenciano, Xavier Uceda, este lunes en la presentación del borrador del anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión en la Conselleria. 

Esta es una de las nuevas opciones que pone sobre la mesa el nuevo modelo con la intención de hacer menos precaria la vida de aquellos que no tienen una renta adecuada o no han conseguido la inserción laboral, entre otras situaciones. 

Al margen de un complemento para aquellos que trabajan un número de horas mínimas, también se incluye otro para las pensiones no contributivas. Para ello se fijarán módulos para establecer la cuantía de la ayuda de modo que en ningún caso se supere el tope que marca el estado para que no pierdan la prestación. 

Podrá solicitarse a los 18 años

Al margen de que la nueva renta valenciana de inclusión aumenta las cuantías de las ayudas hasta los 531 euros, uno de los aspectos más importantes es que se elimina la edad limite de 25 a 65 y se podrá solicitar a partir de los 18, además de que tendrá carácter indefinido mientras no varíe la situación del solicitante, sólo será necesario un año de empadronamiento en la Comunitat y no dos, y se exige sólo la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana. 

También flexibiliza los requisitos de acceso y elimina burocracia a los Ayuntamientos, dejando a sus trabajadores solo con la labor más social de control y asesoramiento de aquellos que reciben las ayudas. Oltra destacó que se trata de una norma "pionera" en España, aunque haya "bebido de muchas fuentes" y que se trata de un "proyecto de legislatura" porque persigue "rescatar" de verdad personas ante "la alarma social" existente por una "población empobrecida" tras una caída del 18,5% del poder adquisitivo, una tasa de paro del 20,2% y una lista de espera para la tramitación de la renta que llegó a las 20.000 personas y dos años de retraso. 

Además, se establece una segunda de Inclusión social. En este caso se aumenta la cuantía a 531 euros en el caso de un titular frente a los 385 euros actuales, para las personas que sigan un itinerario de inserción o de acompañamiento. Para aquellos que renuncien a seguir este itinerario que marca los servicios sociales municipales la ayuda se reduce a 266 euros. Oltra aclaró que esta posibilidad se destina para colectivos de "muy difícil reinserción", como un alcohólico de 58 años, y que pese a ser un grupo "muy minoritario" se tiene que atender. 

La renta tendrá carácter indefinido mientras no varíe la situación del beneficiario. Hasta ahora había un límite de tres años con una cadencia de dos y se exigía una renovación cada seis meses. De este modo, Oltra ha destacado que además de eliminar burocracia se facilita a las personas "rehacer su proyecto de vida". 

Menos burocracia

Uceda explicó que con esta ley habrá "una única puerta de entrada", los servicios sociales municipales, a quienes se libera de las tareas burocráticas, que pasan a la conselleria, para que se centren en su labor de proximidad.

Así, serán los Ayuntamientos quienes valoren la situación y propongan la modalidad que necesita. Si es de renta mínima, los beneficiarios deberá presentar simplemente la documentación requerida y los servicios centrales de conselleria procederán al pago de la nómina. 

En el caso de que requiera un itinerario de inclusión los servicios municipales plantean una propuesta que deberá resolver la dirección territorial y serán los servicios centrales pagarán la nómina. 

Para ello, este año se ha previsto un presupuesto de 52,1 millones, un 62% más que en 2016, que irá directamente a los ayuntamientos y que puedan contratar nuevo personal aunque al tratarse como un derecho subjetivo se podrá ir ampliando. De este modo, se quiere recuperar los servicios sociales como "una verdadera atención de proximidad" al liberarlos de las tareas burocráticas.    

A pesar de las diferentes variaciones, Políticas Inclusivas todavía no sabe cuál será el coste, por lo que ha encargado un estudio a la Universitat de València. Y es que, según explican, la actual renovación cada seis meses hacen que no sepan cuáles son las nuevas altas y cuáles renovaciones.

Otras de las mejoras es que se permite a dos unidades de convivencia poder compartir residencia sin perder esta ayuda ya que con la crisis muchas familias no pueden afrontar el gasto de una vivienda y se van a casas de familiares. 

Asimismo, la persona que sea titular de esta renta accederá de forma automática sin realizar más trámites a otras ayudas como las becas de comedor o transporte escolar, de energía o vivienda.

Oltra destacó que la inversión social "no es un gasto sino una inversión" como demuestra un estudio de Navarra que revela un retorno del 1,002 ya que estas ayudas van dirigidas en exclusiva la consumo, ya sea comida, o ropa para los niños.