La Comisión advirtió al Consell un mes antes de las elecciones que los 25 millones que pagará al operador privado en concepto de canon podrían considerarse una ayuda pública encubierta
VALENCIA. El Consell presidido por Alberto Fabra conocía desde abril que la Comisión Europea considera que el canon que la Generalitat pagará al operador privado que explotará el Aeropuerto de Castellón "constituye una ayuda estatal posiblemente ilegal". Así consta en una misiva remitida por las autoridades comunitarias al consejo de administración de Aerocas, presidido por José Císcar, pocas semanas antes de las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo y el mismo mes en el que la Generalitat inyectó 12 millones de euros en la empresa pública propietaria de la instalación antes de ceder la gestión a SNC-Lavalin.
La investigación de las supuestas irregularidades en la adjudicación de la gestión es el último capítulo de la sucesión de despropósitos que acompaña a esta instalación que ha costado más de 164 millones de euros y que fue inaugurada a toda prisa y sin licencia para operar en la víspera de las elecciones autonómicas de 2011. De momento aún no se ha utilizado para lo que fue construido, ya que los primeros vuelos regulares no despegarán hasta la semana que viene tras el acuerdo con Ryanair anunciado poco antes de las últimas elecciones autonómicas.
La explotación de la infraestructura impulsada por el expresidente de la Diputación de Castellón,Carlos Fabra, fue adjudicada al consorcio canadiense SNC-Lavalin. El concurso prevé la cesión de la gestión por un periodo de veinte años y el pago por parte de la Generalitat de 25 millones de euros a la firma privada a abonar en los primeros diez años de vigencia del controvertido contrato. La administración ya ha pagado los primeros 4,5 millones de euros al operador privado.
Las condiciones de la adjudicación, que fueron cuestionadas en repetidas ocasiones por la oposición, han suscitado las sospechas de las autoridades comunitarias, que ven en ese canon una ayuda pública encubierta que podría ser ilegal. Bruselas investiga desde el año pasado si el canon que recibe Lavalin cumple las normas comunitarias o enmascara una ayuda ilegal, según desveló este jueves El País.
Según detalló la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, el expediente por el contrato entre Aerocas y SNC-Lavalin se abrió tras la remisión de las condiciones del acuerdo a las autoridades comunitarias para su revisión. Según explican, no existe una denuncia previa, sino que el envío de documentación para su revisión por parte de la Comisión es preceptivo.
El intercambio de información entre la Generalitat y Bruselas se inició en 2014. El secretario autonómco de Turismo, Francesc Colomer, que recientemente ha sido nombrado presidente de Aerocas, lamentó este jueves que el anterior consejo de administración de la firma pública que gestionaba el aeródromo hasta su adjudicación dimitió en bloque y sin informar "prácticamente de nada" a los nuevos responsables de la sociedad. El órgano actuó "con una opacidad considerable", lamentó Colomer.
FabraLa sorpresa para los actuales responsables de Aerocas llegó cuando se encontraron con la investigación abierta y la petición de más información sobre la mesa. Por ese motivo, la primera decisión fue solicitar una prórroga para recopilar la información que reclama la Comisión. El plazo acaba el próximo martes. Para ese día debe haberse enviado toda la información. "Hemos de trabajar con la máxima transparencia, participación y con una legalidad escrupulosa", reiteró Colomer este jueves.
EL PP HABLA DE UN PROCEDIMIENTO "HABITUAL"
Preguntadas por la investigación, fuentes próximas al anterior gobierno regional aseguraron a ValenciaPlaza.com que fue la Generalitat la que envió a Bruselas la información sobre los contratos y manifestaron que la petición posterior de información es "habitual" en procesos con la UE.
"Es un procedimiento habitual. Pidieron más información de algunos puntos concretos. No hay problema", aseguraron las fuentes, que añadieron que tanto los los asesores jurídicos de Aerocas como los de Lavalin "mantienen que las ayudas son compatibles". "No hay una investigación, sino una petición de información adicional. No existe resolución de ilegalidad", reiteraron.
Antiguo consejo de aerocasPara el actual presidente de Aerocas la investigación es un "hecho muy grave", por lo que el Consell colaborará "al máximo con la Comisión Europea para investigar y aclarar todo lo que ha pasado en este proceso". Colomer subrayó que las prisas por privatizar la gestión llevaron a cerrar un contrato que podría ser "gravoso".
De hecho, la auditoría de las cuentas formuladas por Aerocas en 2013 reveló que en las cláusulas del contrato la Generalitat refleja que no prevé la existencia de "ingresos netos positivos"durante los veinte años vigencia. Es decir, que el anterior Consell no sólo cedió la gestión y pagó 25 millones de euros, sino que dio por hecho que el umbral mínimo fijado en el acuerdo por el cual el operador privado tendría que aportar fondos a la administración -un mínimo de 1,2 millones de pasajeros anuales- era virtualmente inalcanzable.
¿Cabe la posibilidad de librarse de esa losa? El margen para la Generalitat es reducido, pero el jefe del Consell, Ximo Puig, desveló este jueves que el contrato se analizará "hasta el último detalle". "No nos parece que era el mejor contrato para la Generalitat", apostilló.
Tras la reciente renovación del consejo de administración queda pendiente el nombramiento del futuro director de Aerocas. El Consell quiere que esta figura controle el cumplimiento escrupuloso de las condiciones por parte del adjudicatario, a quien exigirá que promueva activamente la captación de tráfico y pasajeros para tratar de llegar a los umbrales de viajeros a partir de los cuales la Generalitat comenzara a registrar ingresos.
