El actual Gobierno valenciano se ve imposibilitado de echar marcha atrás a la tramitación de licencias iniciada por el anterior Consell del PP, que dio luz verde a la propuesta dos días antes del debate de investidura, exactamente, el 23 de junio. Una semana después, Ximo Puig se convirtió en presidente de la Generalitat
VALENCIA. El Consell del PP liderado por Alberto Fabra preadjudicó las 42 licencias de las TDT el pasado 23 de junio, dos días antes del debate de investidura y apenas una semana antes de que el socialista Ximo Puig se convirtiera en presidente de la Generalitat. De esa manera, uno de los primeros problemas que se encontró sobre la mesa el nuevo Ejecutivo fue que el polémico concurso de 2005 sobre las televisiones –que había sido invalidado por el Tribunal Supremo en 2012- había sido reiniciado por la Mesa técnica de contratación, que había llegado a formular la propuesta de adjudicación.
De esta manera, el actual Gobierno valenciano, según han asegurado fuentes de Presidencia de la Generalitat, se ve obligado a sacarlo adelante sin poder, como era su deseo, realizar un proceso desde cero. La propia Abogacía de la Generalitat ha recomendado proseguir con los trámites iniciados por el Consell del PP para evitar incurrir en posibles ilegalidades y enfrentarse a un probable aluvión de demandas con amplias opciones de triunfo.
Fuentes de Presidencia han emplazado las concesiones definitivas a principios de 2016, toda vez que se haya revisado el cumplimiento de los distintos criterios exigidos para que las diferentes empresas audiovisuales puedan acceder a su licencia correspondiente, que tendrá una duración de 15 años.
El concurso inicial fue convocado en julio de 2005 y resuelto en enero de 2006. No obstante, en julio de 2012 se anuló la resolución de adjudicación a raíz de un recurso de Tele Elx, primero en la Audiencia Provincial de Alicante y posteriormente en el Tribunal Supremo. El proceso fue ‘tumbado’ al considerarse que existía una suplantación de las funciones de la Generalitat al haberse encargado la baremación a una empresa privada, concretamente Doxa Consulting S.L. Tras esto, en febrero, desde la Conselleria de Presidencia, de conformidad a lo dispuestos por la resolución de ejecución de la sentencia, se retomó la tramitación a partir del momento anterior a la propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación.
Así, un comité de expertos designado por la Mesa de contratación realizó un nuevo informe técnico de valoración de las ofertas presentadas al concurso. Este estudio fue recibido por la Mesa en octubre de 2014: en ese momento, se había modificado su composición motivada por la nueva asignación de competencias y estaba presidida por el secretario autonómico de Comunicación, José Luis Torró. Tras solicitar algunas aclaraciones sobre el informe y correciones de errores en reuniones de marzo y abril de 2015, el 16 de junio la Mesa formuló la propuesta de adjudicación. Mediante escrito de 23 de junio de 2015, el presidente del organismo remitió al todavía jefe del Consell, Alberto Fabra, la citada propuesta, junto con el informe técnico de valoración elaborado por los expertos.
No obstante, el documento no llegó a ser recibido por Fabra, pero se incluyó en la documentación entregada a la nueva secretaria autonómica de Comunicación nombrada por el PSPV en el traspaso de poderes. Desde entonces, el nuevo Consell ha tratado de buscar la fórmula jurídica posible para tratar de iniciar un nuevo concurso para actualizarlo, dado que han transcurrido 10 años y, en ese tiempo, como indican fuentes de Presidencia, se han producido “concursos de acreedores en empresas e incluso imputados por relación con casos de presunta corrupción”. Sin embargo, no se ha hallado desde la Abogacía de la Generalitat recoveco legal posible que no implique riesgo de perjuicio para la actual Administración, por lo que se ven “obligados” a llevarlo adelante.