VALÈNCIA (EP). La Comisión Europea ha realizado una nueva investigación sobre el plan de ayudas a la expansión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en zonas remotas de España y ha concluido que las empresas beneficiadas deben devolver los fondos recibidos porque disfrutaron de una ventaja selectiva incompatible con las normas europeas.
Es la segunda vez que el Ejecutivo comunitario obliga a España a recuperar estas ayudas. La primera decisión, tomada en 2013, fue rechazada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) cuatro años después tras estimar los recursos presentados por las autoridades españolas y las compañías beneficiadas.
En esta ocasión, Bruselas no detalla cuánto dinero tendrá que ser devuelto a las arcas públicas, algo que deberán calcular las autoridades españolas en función del número total de empresas afectadas y de las ayudas que recibió cada una de ellas en virtud de este plan. La cifra estimada en el primer procedimiento ascendía a 260 millones de euros.
Así, la "nueva y detallada" investigación ha concluido que "la ayuda recibida por los operadores terrestres para la digitalización y la ampliación de la red de televisión terrestre en zonas remotas de España es contraria a las normas sobre ayudas estatales de la UE", ha explicado en un comunicado.
A juicio de la Comisión Europea, los operadores de plataformas terrestres "recibieron una ventaja selectiva incompatible" frente a competidores que usan otras tecnologías, lo que infringe el principio de neutralidad tecnológica.
Las ayudas "no eran neutrales" desde el punto de vista tecnológico porque "partían de la TDT como única tecnología para la conversión digital subvencionada" y otras como el satélite "quedaron excluidas de las ayudas. Por tanto, "solo beneficiaban a los operadores de TDT, aunque esta última tecnología y la de satélite se encontraban en una situación comparable de hecho y de derecho".
La investigación se centra exclusivamente a la que fue determinada en el régimen como zona II, constituida por zonas remotas con alrededor del 2,5% de la población y en la cual "los organismos de radiodifusión no tenían ningún interés comercial en prestar el servicio". Por eso, las autoridades españolas optaron por compensar a los operadores por los costes de conversión.
Las pesquisas que derivaron en la primera decisión se iniciaron en 2010 a raíz de una denuncia presentada por el operador de satélite SES Astra. Sin embargo, fue anulada por el TUE "por lo inadecuado de la justificación de la selectividad de la medida".
Bruselas y España tienen abierto además un procedimiento paralelo relacionado con la aplicación de transición digital en Castilla-La Mancha, cuyas ayudas también fueron declaradas incompatibles en 2014. En este caso, la Justicia europea confirmó la conclusión de Bruselas y la recuperación de las ayudas está en curso.
