VALÈNCIA. El Consell ha acordado declarar la urgencia en la tramitación del proyecto de decreto de desarrollo de la ley de Renta Valenciana de Inclusión elaborado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, lo que permitirá reducir los plazos para su aprobación.
El objetivo es que se reduzcan al máximo los plazos del proceso reglamentario y el decreto de desarrollo pueda estar aprobado para cuando entre en vigor la ley de Renta Valenciana de Inclusión.
El decreto de desarrollo regula aspectos concretos y procedimientos de la puesta en marcha de la nueva prestación contemplada en la ley que sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía, y que incluye mejoras respecto a la anterior, como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda; el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.
La nueva ley de renta pretende ofrecer una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización que han producido un alarmante incremento de la exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social en la Comunitat Valenciana.
Con esta normativa, el Consell convierte la renta en un instrumento unificado que realmente permita a las personas rehacer su proyecto de vida y también terminar con la burocracia y la gestión dispersa, de manera que se logre una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza.
Por ello, la ley introduce novedades significativas como la de contemplar la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de 3 años, con una carencia de dos.
Además, la renta valenciana de inclusión contempla dos modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia: la renta complementaria de ingresos que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional y la renta de garantía, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.
Por otro lado, será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma; amplía la edad para poder solicitarla a los 18 años y a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Respecto al importe de la prestación con la nueva ley será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 706,46 euros para una unidad familiar de cuatro personas, a lo que se sumaría un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que la ayuda se elevaría a 643,91 euros y 883,08 euros respectivamente, frente a los 385 actuales.
Asimismo, la ley establece, como novedad, la eliminación de la distinción entre entidades municipales colaboradoras y no colaboradoras, apostando por la municipalización en la instrucción, tramitación y seguimiento de la prestación de renta de garantía en sus dos modalidades.
