VALÈNCIA. La Generalitat da un paso en la regulación laboral de las plantillas de sus empresas públicas. A los acuerdos ya alcanzados para la convocatoria de la primera oferta pública de empleo (OPE) del sector público valenciano o para regular la formación de las bolsas mediante pruebas de acceso se suma ahora una regulación marco para el personal 'a extinguir' con la que se pretende evitar que aquellos trabajadores que en su día accedieron a sus puestos sin ningún tipo de examen se consolide en sus puestos con garantías similares a quienes sí superaron procesos de selección.
La regulación de este personal 'a extinguir', aquel que pasa a depender de empresas públicas como consecuencia de la recuperación de servicios que hasta ahora prestaban empresas privadas, acaba de ser incluida como un añadido al Anteproyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2019 que salió a información pública la pasada semana.
Si se aprueba tal y como figura en el anteproyecto, las plantillas que forman las brigadas forestales o el personal de las residencias cuya gestión vaya recuperando la Generalitat pasarán a ser empleados de empresas públicas con la condición de 'a extinguir', pero ello no supondrá "en ningún caso" la adquisición de la condición de empleado público solo por el hecho de incorporarse a entidad de la Generalitat.
Esta regulación afecta exclusivamente al personal laboral de las entidades que forman el sector público instrumental, pero no a los organismos autónomos –cuyas plantillas están compuestas mayoritariamente por funcionarios– ni a consorcios. Se trata de unas condiciones similares a las que ya rigen para el personal que ha pasado a depender directamente de la Generalitat como consecuencia de haber revertido un servicio que antes se prestaba mediante una concesión administrativa.
Uno de los ejemplos más claros es el del personal del Hospital de la Ribera que, tras la recuperación de la gestión por la no renovación del contrato con Ribera Salud, ha pasado a depender de la Generalitat como 'a extinguir. En este caso, su estatus se regula mediante la Ley de Función Pública, pero hasta ahora no existía ninguna regulación marco para este tipo de trabajadores en el caso de las empresas públicas.
La nueva regulación establece que, para dejar de tener la consideración de personal 'a extinguir' y consolidarse en su puesto de trabajo, estos trabajadores tendrán que superar las pruebas selectivas que se convoquen en la empresa pública a la que se incorporen.
La convocatoria pública de las plazas ocupadas por personal 'a extinguir' para su provisión definitiva conllevará la amortización del puesto inicial y la creación de un nuevo puesto, que será el que se convoque. No obstante ello, será decisión de cada empresa cuándo sacar a concurso las plazas ocupadas por este personal, de forma que quienes las ocupan pueden mantenerse en ellas incluso hasta el final de su vida laboral.
De hecho, las entidades del sector instrumental de la Generalitat están siendo reacias a convocar las plazas de la OPE del periodo 2017–19, tal y como evidencia el hecho de que a estas alturas apenas se hayan convocado 29 plazas del millar prometido en ese periodo.
Esta circunstancia ha puesto en alerta a los sindicatos mayoritarios en el sector público, UGT-PV y CCOO-PV, que denuncian que son las propias empresas las que están frenando las convocatorias porque, al incluir las plazas previstas para la estabilización de empleados interinos, estos trabajadores están obligados a superar un examen para mantener su puesto de trabajo.
A falta de una regulación marco para el personal que sea asumido por las empresas públicas como consecuencia de procesos de reversión, la Generalitat ya ha tenido que regular casos puntuales como el de los empleados que actualmente forman las brigadas forestales de la Generalitat, que actualmente depende de Tragsa pero que próximamente se convertirán en bomberos forestales y pasarán a depender de la Generalitat.
Para ello, aún no está claro si se integrarán como empleados 'a extinguir' de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, como se reflejó en la Ley de Acompañamiento de 2018, o si se creará una mercantil específica para emplear a estos trabajadores. En este segundo supuesto, los bomberos estarían regulados por la nueva disposición adicional que se ha añadido al Anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de 2019.
La propuesta también afectaría al personal de las residencias concertadas cuya gestión sea asumida directamente por la Generalitat a través del IVASS. En su caso concreto, la Ley de Medidas de 2019 ya fija que el personal continuará en su puesto en condición de personal 'a extinguir' y solamente podrá adquirir la condición de fijo mediante la superación de los procesos normativamente establecidos.