El Consell exige que Alicante rectifique un plan para 2.000 viviendas y el PP anuncia 'resistencia'

ALICANTE. El sector urbanístico de las fincas Pino y Ruaya, con una superficie de 40 hectáreas entre Vistahermosa y Santa Faz, provoca otro sonoro encontronazo entre el Consell (compuesto por PSPV y Compromís) y el Ayuntamiento de Alicante (ahora gobernado por el PP en solitario). Y, esta vez, el nuevo choque entre administraciones (que se suma a episodios como el conflicto de la oficina turística del Puerto, la controversia sobre la tasación del Teatro Principal, la exigencia de colegios o de centros de salud, o la reclamación de más inversiones autonómicas en la segunda ciudad de la Comunitat) va camino de enfrentarlas ante la justicia salvo que se produzca la corrección que el Consell reclama sobre ese sector urbanístico y que el Ayuntamiento se niega a a ejecutar. 

El motivo de esta última disputa es, precisamente, el acuerdo impulsado por el equipo de Gobierno que preside el popular Luis Barcala para acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 1992, en la que se obliga a reconocer "a dichas fincas la calificación de suelo urbanizable no programado". Dicho acuerdo fue aprobado en el pleno ordinario de octubre de este año, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos (19 síes) sobre la base de los dictámenes jurídicos de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo y sin que ningún otro jurista municipal apuntase ninguna otra objeción.

En efecto, con ese acuerdo se reconocía el suelo de ese sector como suelo urbanizable y, al tiempo, se establecían "sus condiciones urbanísticas, a los meros efectos de ejecución de sentencia y sin perjuicio de lo que resulte del desarrollo urbanístico adaptado a la legislación vigente". Y se añadía: "De este modo, resulta que a las fincas se les reconoce una superficie de aproximadamente 47 hectáreas con una superficie de suelo urbanizable, un uso predominante residencial y una edificabilidad máxima de 50 viviendas por hectárea".

La edil de Urbanismo, Mari Carmen de España, explicó entonces al exponer el acuerdo que, en realidad, el desarrollo concreto sobre las condiciones urbanísticas del sector quedarán supeditadas a la aprobación de la correspondiente modificación del Plan General en el futuro, sin que se reconozca ningún derecho concreto. 

Sin embargo, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, alertó precisamente de todo lo contrario. Como publicó Alicante Plaza, el líder de la plataforma electoral liderada por EU recalcó que en la propuesta planteada, se excedía de los términos a los que obligaba la sentencia, en la medida en que, a su juicio, ese fallo sólo preveía "que el sector se clasifique como urbanizable, pero no obliga a que se defina como residencial ni a que se fije su edificabilidad, con una densidad de 50 viviendas por hectárea, como se plantea en el acuerdo". Eso suponía, según concretó, la posibilidad de que se construyan 2.350 viviendas.          

Pavón llegó a anunciar, entonces, el estudio de un recurso contra ese acuerdo que, dijo, parecía favorecer los intereses de los titulares del suelo, entre los que, recalcó, se encontraba una de las empresas del grupo Cívica, del controvertido promotor Enrique Ortiz (procesado en el caso Brugal), entre otros propietarios (según fuentes consultadas de Cívica, el grupo tendría "una parte minoritaria" de esos terrenos). 

Así, Guanyar votó en contra. Fue la única formación que lo hizo. Compromís y los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, se abstuvieron. No obstante, eso no impidió que el acuerdo prosperase, a expensas de su ratificación por parte de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. El problema es que esa ratificación no se ha producido. Este viernes, el propio Pavón fue quien dio a conocer la existencia de una resolución, fechada el 13 de diciembre, en la que la directora general de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje, Rosa Pardo, conmina al Ayuntamiento de Alicante a "modificar el acuerdo plenario de fecha 25 de octubre de 2018 por el que se aprueba la delimitación de las fincas El Pino y La Ruaya y se establecen las condiciones urbanísticas de las mismas". 

¿Por qué motivo? Precisamente, por las circunstancias reseñadas por Pavón: es decir, que con ese acuerdo se había producido "una modificación de la ordenación estructural del ámbito territorial sobre el que incide" y se había otorgado "un concreto y exclusivo uso residencial y una determinada edificabilidad, una atribución de usos y densidad edificatoria que en ningún momento exige la sentencia". O lo que es lo mismo, que el acuerdo impulsado por el PP (y avalado por otros grupos, como se ha dicho) excedía sobre lo fijado por sentencia y, además, suponía una intromisión en las competencias autonómicas de aprobación del planeamiento. Pavón reforzó esa idea -en una comparecencia en la que se felicitó de esa resolución y puso en duda la fiabilidad de los controles jurídicos municipales- e insistió en que, con el acuerdo, el PP había aplicado un cambio ahorrándose todo un trámite de modificación del Plan General Estructural.

¿Qué puede suceder a partir de ahora? La resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio da al Ayuntamiento un plazo de un mes para modificar ese acuerdo. Sin embargo, fuentes del equipo de Gobierno apuntaron a Alicante Plaza que no se va a acordar ese cambio que se les requiere, puesto que la resolución de la Generalitat se basa en una diferente interpretación que los técnicos municipales no comparten. Así, incidieron en que la versión de la Generalitat "no tiene por qué ser la cierta y verdadera". "No son un órgano judicial que dicte sentencia; esta es una cuestión técnica interpretable y nos ratificamos en las conclusiones de los técnicos municipales", añadieron. "Además, el acuerdo se aprobó con el apoyo de tres grupos políticos, por lo que no es una cuestión del PP, así que siempre pueden acudir a la vía del contencioso", señalaron.