VALÈNCIA. Al Consell se le sigue atragantando la prometida limpieza en el sector público de la Generalitat. Durante su primera legislatura, el Govern del Botànic apenas ha avanzado en la supresión de entes, la mayoría fundaciones públicas que ya se encontró en proceso de extinción en 2015, e incluso ha creado otros como la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la Agencia de la Innovación, la Agencia de Seguridad o el Consell del Audiovisual, entre otros.
Entre los que ha puesto en marcha y los que aún no ha extinguido, el inventario de consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles u organismos autónomos de la Generalitat asciende a 129 entidades. Así consta en la versión definitiva del plan de ajuste de la Comunitat de 2019 que el Ministerio de Hacienda acaba de hacer público.
La valenciana, como las otras cuatro regiones que aún están adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), está obligada a presentar cada ejercicio un plan de ajuste con los recortes que se compromete a llevar a cabo ante el Ministerio de Hacienda como garantía de su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Uno de esos compromisos se basa en la reorganización del sector público autonómico, con una programación concreta sobre el número de entes que han de ser suprimidos y la fecha para ello. Pues bien, según el plan de este año, el compromiso de la Conselleria de Hacienda era acabar con nueve entes públicos a lo largo del primer semestre para dejar la cifra total en 120 a 30 de junio.
A pocos días de que se cumpla el plazo, no se ha completado la liquidación de ninguna de esas nueve entidades: ocho fundaciones que ya estaban en extinción hace cuatro años y RTVV SAU, sociedad cuya liquidación ya ha sido aprobada por el Consell, pero extinción definitiva está pendiente de que la comisión liquidadora finalice el proceso de cesión global de activos y pasivos a la Generalitat.
Según la información facilitada a este periódico por la Conselleria de Hacienda, los nueve entes están formalmente en proceso de extinción, la mayoría desde hace años. Además de la mencionada RTVV SAU, se trata de la Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito (Favide), la Fundación para la Investigación Agroalimentaria (Agroalimed), la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat (Feports) y la Fundación del Servef.
A estas cuatro se suman otras tantas adscritas a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte: la Fundación de las Artes, la Fundación La Luz de las Imágenes, la Fundación Jaume II El Just y la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz.
El caso de Feports, adscrita a la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, es uno de los más flagrantes. Aunque su desaparición se acordó en 2012, el Consell no la autorizó hasta principios de 2017. Para entonces, la fundación ya llevaba años sobreviviendo sin subvenciones públicas. Dos años después del acuerdo del Consell, la liquidación no puede completarse porque aún tiene a dos empleados y tiene que digitalizar su archivo.
Favide, adscrita a la Consellería de Justicia, es una de las fundaciones que el Consell acordó eliminar en 2012. La Generalitat aún ha de decidir qué hace con su plantilla.
La Fundación del Servef, adscrita a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo desistió a finales del año pasado del litigio de personal pendiente. El balance de liquidación ya ha sido aprobado por su patronato, pero el protectorado de fundaciones tiene pendiente darla de baja en el registro desde diciembre.
En el caso de Agroalimed, la Conselleria de Hacienda especifica que a finales de 2018 el patronato aprobó el balance de liquidación, adjudicar el haber resultante a la Generalitat y solicitar su baja registral. La Conselleria de Agricultura, a la que está adscrita esta fundación, matizó posteriormente que la baja ya está registrada.
La Fundación La Luz de las Imágenes, adscrita a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se encuentra en fase de extinción desde el 17 de diciembre de 2014. La Generalitat ha asumido sus casi 20 millones de euros de deuda, derivada de un préstamo con el IVF y de pagos del FLA, pero aún tiene que documentarse la extinción de este pasivo. Cuando se haga, se convocará un patronato que pedirá su baja en el registro.
La Fundación de las Artes, adscrita a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Se encuentra en fase de liquidación desde noviembre de 2013, pero su patronato aún no ha pedido la baja en el registro.
La Fundación Jaume II El Just está en periodo de liquidación, pero aun quedan dos empleados y el inventario de bienes aún no está listo. La Conselleria de Cultura debe asumir la gestión del Monasterio de la Valldigna y se debe documentar la extinción de un pasivo de 13 millones con la Generalitat por un préstamo del IVF asumido en agosto de 2018.
Los litigios de personal pendientes en la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz se resolvieron a su favor a finales del año pasado. También en este caso resta documentar la extinción de una deuda con la Generalitat. Tras ello el patronato se reunirá para pedir la baja registral.