El Consell no ha cerrado ninguna de las ocho fundaciones que se encontró en extinción en 2015

VALÈNCIA. Tres años después, el Govern del Botànic sigue sin acometer la prometida limpieza del sector público. La maraña actual de empresas y fundaciones de la Generalitat, a menudo señalada desde la oposición como un reducto de opacidad y descontrol del PP, se parece bastante a la que el PSPV y Compromís se encontró cuando tomaron el relevo del Consell de Alberto Fabra. El caso de las fundaciones públicas es sintomático, ya que el Consell todavía no ha cerrado ninguna de las fundaciones sobre las que ya existía un mandato de liquidación en 2015.

En concreto, se trata de ocho entidades públicas adscritas a diferentes conselleries que tienen pendiente su disolución desde hace años pero aún no se ha llevado a cabo. En la mayoría de casos, la decisión de acabar con estas fundaciones se remonta a 2012, cuando el Ejecutivo de Fabra aprobó una segunda ronda de ajustes para liquidar, fusionar o sacar de la órbita de la Generalitat a varias fundaciones.

Se trata de la Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito (Favide), la Fundación para la Investigación Agroalimentaria (Agroalimed), la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat (Feports) y la Fundación del Servef.

A estas cuatro se suman otras tantas adscritas a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte: la Fundación de las Artes, la Fundación La Luz de las Imágenes, la Fundación Jaume II El Just y la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz.

No todas ellas están en el mismo punto. Las tres últimas ya están en trámite de extinción –en algunos casos desde 2014–, pero esta aún no se ha hecho efectiva. Más llamativo resulta si cabe el caso de la Fundación del Servef, cuya extinción fue ratificada en marzo de 2013, pero sigue existiendo pese a haber entrado ya en fase de liquidación. O el de Fepors, que el año pasado aún se tragó 800.000 euros sin que su patronato ponga en marcha la extinción que el Consell aprobó hace ya más de un año. 

la Generalitat cuenta con una docena de fundaciones públicas autonómicas, las mismas que en 2015

El Reglamento de Fundaciones de la Generalitat establece que para la extinción de una fundación debe existir un acuerdo de su patronato posteriormente ratificado por el Protectorado de fundaciones. La extinción determina la apertura del consecuente procedimiento de liquidación, que se realiza por el patronato de la fundación correspondiente bajo el control del Protectorado.

Los escasos avances realizados en el entramado de fundaciones de la Generalitat se repiten también con algunas empresas públicas. Es el caso, por ejemplo, de la firma pública creada por el PP para la construcción de colegios y la instalación de barracones. Condenada a desaparecer desde 2012, los problemas para abordar la liquidación de Ciegsa han obligado a posponer sucesivamente su cierre hasta 2020.

Más sintomático es el caso del servicio público de radio televisión cuya puesta en marcha ha requerido de la creación de dos nuevos entes públicos, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, sin que los dos anteriores estén todavía liquidados, el ente público Radiotelevisió Valenciana (RTVV) y la empresa RTVV SAU.

En la actualidad, la Generalitat cuenta con una docena de fundaciones públicas autonómicas, las mismas que en 2015. El balance contrasta con el ajuste materializado en los tres años inmediatamente anteriores, ya que en 2012 la Generalitat aún contaba con una veintena de fundaciones públicas.

Hacienda intensifica el seguimiento

Ante esta situación, la Conselleria de Hacienda, que al principio de la legislatura situó entre sus prioridades la reorganización del sobredimensionado sector público instrumental de la Generalitat, acaba de tomar medidas para tratar de desbloquear las liquidaciones pendientes.

La Dirección General de Sector Público ha realizado un barrido para conocer el estado exacto de tramitación de las liquidaciones pendientes con el fin de localizar dónde está el atasco. Tras ese primer análisis, el departamento que dirige Juan Ángel Poyatos ha remitido sendas cartas a las conselleries que tienen adscritas fundaciones pendientes de liquidación para recordarles el mandato que existe sobre estas y los pasos que todavía han de dar para hacerla efectiva.

Tras esta primera comunicación, Sector Público realizará un seguimiento mensual con requerimientos de información puntual sobre el estado de las liquidaciones. Aunque algunas de las entidades han avanzado en el proceso de extinción y apenas cuentan con personal y no reciben consignaciones presupuestarias de la Generalitat, el hecho de que continúen inscritas perjudica a la administración, por ejemplo, a la hora de someterse a los controles periódicos de las agencias de rating.