El Consell 'pasa' del informe de impacto sobre la opa del BBVA al Sabadell pactado en Corts

VALÈNCIA. El pasado 30 de mayo, PP, PSPV y Compromís aprobaron en Les Corts una moción a instancias de esta última formación dirigida a rechazar una mayor concentración bancaria y apostar por el fomento de un sistema financiero valenciano. La iniciativa, que salió adelante tras una enmienda transaccional acordada por los populares y la coalición valencianista, mostraba su oposición  a operaciones que supusieran "pérdida de puestos de trabajo, cierre de oficinas y una menor competencia en el sector, como ahora la oferta pública de adquisición hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell".

Pero no sólo eso. En el punto 2 de la resolución aprobada por todos los grupos excepto Vox, que se abstuvo, se instaba al Consell a "elaborar un informe sobre el impacto social y económico" de la citada absorción, poniendo el foco sobre "los trabajadores del sector y el acceso de la ciudadanía a la red de oficinas", además de exigir la remisión del informe realizado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Banco de España.

Este documento es el que ahora, precisamente, Compromís ha reclamado al Gobierno valenciano sin éxito. De hecho, el portavoz de la coalición, Joan Baldoví, solicitó el pasado 26 de septiembre a través de la Presidencia de Les Corts para que diera traslado al Consell de la petición del informe que en su día se acordó que elaborara el ejecutivo presidido por Carlos Mazón, además de requerir el justificante de envío de dicho documento a las instituciones acordadas.

No obstante, dada la respuesta firmada por la consellera de Hacienda, Ruth Merino, a la Presidencia de Les Corts el pasado 19 de diciembre, se entiende que el citado informe no está listo y no apunta a situarse en una de las prioridades para el ejecutivo en estos momentos. "Le informo que a fecha de respuesta, el Consell no ha elaborado el informe por el que se interesa su señoría", reza la escueta réplica firmada por la responsable autonómica.

Además de los aspectos ya mencionados en la PNL, también se incluía en la citada iniciativa que desde Les Corts se instara al Consell a que pidiera al Gobierno de España "no autorizar" la operación en el marco de la competencia recogida en la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2024 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito y también la reivindicación de apoyar una propuesta del Defensor del Pueblo para definir como servicios económicos de interés general la operativa bancaria básica. En lo que se refiere a la propuesta original de Compromís, el PP presentó una enmienda transaccional que eliminaba el punto propuesto por la coalición valencianista que postulaba un sistema financiero propio.