Hoy es 15 de agosto
VALENCIA. El enfrentamiento entre la Conselleria de Medio Ambiente y Ecoembes, empresa responsable del Sistema Integrado de Gestión (SIG) -el de recogida selectiva en contenedores- se recrudece a medida que la administración va dando pasos para la implantación del sistema de depósito y retorno (SDDR). El plan, que afecta a una parte de los envases que ahora gestiona la empresa, fundamentalmente los de bebidas, comenzará a implantarse a partir del próximo año.
Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente, ha vuelto a arremeter contra Ecoembes por atacar el proyecto. Como en ocasiones anteriores, lo ha hecho a través de su blog y con motivo de una carta que le remitió la empresa en la que le traslada su "disconformidad" con el SDDR porque, entre otros motivos, "carece de un objetivo ambiental". Los argumentos, según el alto cargo, son "los mismos argumentos de siempre: no sirve para nada, es insignificante, tiene a todo el mundo en contra, no damos las cifras bien, lo encarecerá todo… y así hasta el infinito".
"Seguir contestando las intoxicaciones de Ecoembes y otras asociaciones de las llamadas sin ánimo de lucro, como los fabricantes de latas de bebidas, es estimulante", confiesa Álvaro. El responsable de Medio Ambiente opina que, para ser una asociación sin ánimo de lucro, "llama la atención las ganas con las que defienden su monopolio y el entusiasmo que ponen en la crítica".
A continuación, les lanza una contundente acusación: "Si hubieran puesto el mismo entusiasmo en durante los últimos 20 años en hacer bien su trabajo y mejorar sus resultados no sufriríamos el evidente y masivo abandono de envases que vemos a nuestro alrededor, con el grave impacto ambiental que supone".
Según ha manifestado él mismo en varias ocasiones durante los últimos meses, en la Comunitat Valenciana se generan 7 millones de envases al año, 5 de los que 5 van a parar "donde no toca" y acaban en el vertedero o en las calles, playas y cuentas. Es más, considera que anualmente se entierra material que se podría reciclar por valor de "entre 12 y 15 millones de euros".
Para argumentar su acusación sobre la escasa efectividad que le achaca a los planes de concienciación de Ecoembes, asegura que la Comunitat Valenciana tiene el "peor servicio de contenedores por habitante". "Tenemos la mitad de los que tienen en Navarra y estamos un 25% por debajo de la media estatal", sostiene con datos de la propia empresa.
En su post, también se refiere a la carta en la que la Asociación de Fabricantes de Latas, a través de su presidente, Miguel Aballe, instó recientemente a los responsables de la Conselleria a no atribuirles datos erróneos para defender el SDDR.
Julià Álvaro asegura que el directivo les dijo en una reunión que en la Comunitat se abandonan anualmente 100 millones de latas. "Los datos que usó procedían de una auditoría hecha por Ecoembes que mantenía que sólo se abandona el 15% de las latas que se venden. Teniendo en cuenta que, según sus propios datos, se venden 700 millones de latas en nuestra Comunidad, resulta evidente que el 15% de 700 millones no son 100 millones sino más de 100 millones", explica.
A ello, añade que "se abandona mucho más de un 15%", por lo que la cantidad resultante es "muy superior" a 100 millones.
La Conselleria quiere comenzar a aplicar el SDDR a partir de 2017 e implantarlo por completo en 2018. Consiste en sacar del circuito actual, el de los contenedores amarillos, verdes, azules que gestiona Ecoembes, algunos tipos de envases: los de agua, zumo, cerveza y refrescos en formatos de vídrio, pet (plástico), latas y tetrabrik, que pasarían ser gestionados directamente por los comerciantes.
Con ello, Ecoembes, que obtiene el 30% de sus ingresos con la venta del material a las plantas de reciclaje, dejará de gestionar cerca de un 20% de los envases que recoge actualmente.
Con el SDDR, el consumidor pagará 10 céntimos más por cada envase que recuperará en el momento de la devolución del mismo, mientras que el comercio obtiene dos céntimos con la gestión. Según la Conselleria, el pequeño comercio manejará alrededor de 35 millones cada año con la implantación de este sistema.
El cambio por este sistema no sólo ha provocado el rechazo de Ecoembes. También Ecovidrio, la práctica totalidad de las asociaciones implicadas, desde los envasadores hasta los supermercados pasando por los locales de hostelería, se han opuesto a los planes de Medio Ambiente. Las patronales de la Comunitat y las principales asociaciones sectoriales nacionales han suscrito un manifiesto con el que piden a Ximo Puig que frene el proyecto.