El Consell saca una OPE con 1.174 plazas nuevas sin pactar las condiciones para consolidar a los interinos

VALÈNCIA. El Consell aprobará este viernes la oferta de empleo público (OPE) de 2017 sin acuerdo con los sindicatos. Será la convocatoria más importante de la última década, con 783 puestos de promoción interna y 1.174 para el turno libre, a las que puede optar cualquier persona. Más de la mitad de estas últimas (771) van destinadas a consolidar plazas de personal interino, pero la mayoría de los sindicatos han rechazado las condiciones propuestas por el Consell para consolidar en sus puestos a los cerca de 5.000 interinos con los que cuenta la Generalitat.

La urgencia de los plazos que se manejan para la OPE de 2017, que necesariamente debe ser aprobada por el pleno del Consell antes de final de año, ha impedido cerrar a tiempo un acuerdo sobre plan de estabilidad destinado a reducir la elevada temporalidad en las plantillas de la Generalitat hasta 2019. Por ese motivo, la Conselleria de Justicia y Administración Pública llevará al pleno de este viernes el decreto que fija las plazas ofertadas tras haberla negociado sin acuerdo y suspende hasta enero los contactos para estabilizar al personal interino.

El departamento que dirige Gabriela Bravo presentó el pasado lunes una propuesta de acuerdo que solo fue aceptada por CCOO-PV. El resto de sindicatos –UGT-PV, CSIF e Intersindical– la rechazaron por no compartir los requisitos para facilitar que los empleados no fijos de la Generalitat puedan consolidarse en sus puestos. La Mesa Sectorial de Función Pública debía haberse reunido este miércoles, pero Justicia suspendió el encuentro y lo pospuso hasta la segunda semana de enero. 

La Conselleria ha retirado la propuesta inicial y ha abierto un plazo para que los sindicatos presenten alegaciones. Según explican fuentes sindicales, en las próximas semanas se constituirán mesas técnicas para pactar el plan de consolidación de los interinos que concurran a las OPE que se convocarán en los tres próximos años.

Estos procesos constarán de pruebas de contenido teórico y práctico. La propuesta de la Conselleria de Justicia consiste en valorar la fase de oposición en un 60% y en un 40% la fase de concurso, con "equilibrio" en la valoración de la experiencia y el resto de méritos.

Los sindicatos, sin embargo, aspiran a conseguir facilidades adicionales para los trabajadores interinos que concurran al proceso, como la reducción de temarios, la adaptación del numero de pruebas o que estas sean eminentemente prácticas y de tipo test.

Según explica la Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV, el Consell tiene margen para dar facilidades adicionales que el Tribunal Constitucional ha aceptado como permitir que los temarios de las pruebas de los interinos sean algo más reducidos, que haya dos exámenes en lugar de tres o que en la calificación no se penalicen las respuestas erróneas. También quieren que se tenga en cuenta la superación de pruebas en convocatorias anteriores.

Acuerdo de legislatura

Las discrepancias entre el Consell y los sindicatos ponen en entredicho el acuerdo de legislatura alcanzado en junio del año pasado con los compromisos en todo lo relacionado con las condiciones laborales a negociar del personal funcionario, estatutario y laboral al servicio de la Administración. 

La Conselleria de Justicia se comprometió a que los criterios generales de las OPE recogieran medidas negociadas de disminución de la tasa de temporalidad teniendo en cuenta los procesos de consolidación de empleo temporal previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y la legislación de la UE, que obligan a valorar la experiencia del personal interino. 

El acuerdo incluía el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en cada uno de los sectores a un máximo del 10%. "Esta negociación tendrá carácter preferente y los acuerdos se aplicarán en las ofertas de 2016 y 2017", rezaba el acuerdo.

Según el Plan Estratégico de Recursos Humanos que la Generalitat presentó hace justo un año, en los próximos tres años será necesario contratar a 4.500 nuevos empleados públicos como única manera de "evitar el colapso de una Administración lastrada por el alto número de vacantes en su plantilla, 1.141 sobre un total de 17.073 puestos de trabajo, y amenazada por el envejecimiento de la plantilla, fenómeno que provocará 5.000 jubilaciones en los próximos diez años".

El cálculo realizado por Función Pública para las OPE de 2017 a 2019 suma alrededor de 5.000 plazas. Las convocatorias se ajustan al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y los sindicatos incluido en los Presupuestos Generales del Estado que sitúa la tasa de reposición de efectivos en el 100% para sectores considerados prioritarios y en el 50% para el resto.