El Consell se va de vacaciones sin publicar el decreto de "medidas urgentes" aprobado el 1 de abril

VALÈNCIA. El Gobierno valenciano aprobó el pasado 1 de abril el "Decreto Ley de Medidas Urgentes en Respuesta a la Emergencia Energética y Económica originada por la Guerra de Ucrania", tres días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara un paquete de medidas con el mismo objetivo y también por decreto ley. Este Jueves Santo el Consell inicia sus vacaciones -este viernes no celebrará pleno- sin que el decreto autonómico haya entrado en vigor al no haberse publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El decreto contiene medidas de carácter social, económico y administrativo consideradas "urgentes", entre ellas la posibilidad de incrementos de hasta el 30 % de la Renta Valenciana de Inclusión para afrontar gastos de alquiler y suministros de energías básicos. Los beneficiarios tendrán que esperar, pues el próximo DOGV, salvo que se publique uno extraordinario, está previsto para el martes día 19. Al ser un decreto ley, entrará en vigor cuando se publique y deberá ser convalidado por Les Corts en los 30 días siguientes.

El pasado viernes, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, atribuía el retraso a "una cuestión puramente de procedimiento administrativo y de control de legalidad", ya que la norma debe pasar el filtro de la Abogacía de la Generalitat. El decreto no incluye todas las medidas anunciadas en el Plan Reactiva, ya que este se presentó el 7 de abril con actuaciones ya en vigor o previstas y otras nuevas que, de momento, no han sido aprobadas.

Lo que sí entró en vigor este martes, tras publicarse en el DOGV, es el acuerdo del Consell en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público en la Comunitat Valenciana, adoptado también el 1 de abril. Se trata de una medida, amparada en un decreto estatal, que regula la revisión excepcional de precios de los contratos de obra del sector público debido al alza extraordinaria, con el objetivo de que las empresas adjudicatarias puedan hacer frente al fuerte incremento de costes de determinadas materias primas.

El decreto ley del 1 de abril se elaboró de forma conjunta por los distintos departamentos del Ejecutivo que preside Ximo Puig y, según explicó ese día Oltra en rueda de prensa, pretende facilitar nuevas instalaciones de energía fotovoltaica y eólica, para lo que se reduce a un año el tiempo de tramitación.

Además, modifica la ley de renta valenciana de inclusión, para incrementar la prestación económica destinada a sufragar los gastos de alquiler o vivienda (que pasan del 25 al 30 % de la prestación) y los referidos a los suministros energéticos básicos, que suben del 10 al 15 %.

Oltra señaló que se trata de un decreto-ley "ómnibus", que afecta a varias cuestiones y modifica diferentes leyes, como la de minas, la de control ambiental, la de fomento de la edificación, la de patrimonio cultural valenciano, la de publicidad institucional, la de saneamiento de aguas residuales o la de presupuestos.

Menos trabas a las renovables

El decreto ley, de 62 páginas, establece medidas para relanzar la creación de nuevas instalaciones de energías renovables, en especial las plantas eólicas y fotovoltaicas, para lo cual simplifica los procedimientos administrativos y elimina trabas burocráticas, con el fin de reducir el tiempo de tramitación.

Además, se establece una ocupación para implantar instalaciones de energía renovable del 3 % de la superficie del suelo no urbanizable común de cada municipio, con criterios de ponderación para incentivar que se ubiquen en suelos de menor valor agrológico.

Igualmente, se facilita la puesta en marcha de instalaciones de energía renovable que ocupen menos de 10 hectáreas y se incrementa la participación de los ayuntamientos, que podrán hacer los informes pertinentes, además de favorecer la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública.

También se refuerza la agilización normativa para las plantas de energías renovables de menos de 10 megavatios, que ahora tendrán una tramitación de urgencia, y se incorporan cambios normativos de agilización para plantas con menor capacidad.

Asimismo, se favorece la instalación de plantas públicas de generación de energía verde en los municipios y se incorpora la posibilidad de declaración energética/estratégica para proyectos singulares que puedan ser de interés o bien económico, energético o ambiental.

Medidas sociales

El decreto contempla medidas sociales para ayudar a las familias y personas más vulnerables, como la posibilidad de incrementos del 30 % de la Renta Valenciana de Inclusión para afrontar gastos de alquiler y suministros de energías básicos, siempre que no sea reciba ninguna cuantía por el mismo concepto procedente de cualquier Administración.

En el caso de que la vivienda o el alojamiento no ocasione gasto a las personas beneficiarias ni de alquiler ni de cuota hipotecaria, se incrementará un 15 % el importe de la prestación de Renta Valenciana de Inclusión que le corresponda, y un importe mínimo de 50 euros a aquellas unidades de convivencia que tengan ingresos y no superen la cantidad máxima para cada modalidad.

Respecto a las rentas complementarias de ingresos, el incremento por estos conceptos se determinará reglamentariamente, con la voluntad de hacerlo compatible con otras ayudas que puedan recibir de otras administraciones y llegar a un aumento de la cuantía total recibida de un 30 %.

Apoyo a la cerámica

El decreto ley incluye también medidas de apoyo económico a los sectores más afectados por la crisis provocada por la guerra, como el cerámico, de forma que se agilizan los trámites en las explotaciones de arcillas industriales por el procedimiento de urgencia, siempre que el destino sea la industria del azulejo de la Comunitat Valenciana y por un periodo máximo de dos años.

Por otro lado, incluye modificaciones que afectan al plan Edificant de construcción y adecuación de infraestructuras educativas y que están relacionadas con el incremento de precios de materiales de obras, y se establece que cuando la financiación concedida resulte insuficiente para satisfacer la revisión de precios excepcional, será aumentada automáticamente con el importe necesario.

En cuanto a las acciones del Consell para el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se determina que las subvenciones podrán librarse inmediatamente, una vez concedidas, hasta el 100 %, con carácter previo a la justificación con la finalidad de agilizar el pago.