Ximo Puig, a la salida de la reunión con Salvador Navarro, Ismael Sáez y Ana García. Foto: EFE/BIEL ALIÑOVALÈNCIA. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, presentó este jueves el esperado plan de choque de su Gobierno para afrontar "la emergencia energética y económica derivada de la brutal invasión de Ucrania", cifrado en 944 millones de euros de los que la mayoría corresponden a proyectos ya presupuestados y medidas que estaban en vigor antes de empezar la guerra.
Las nuevas medidas, siendo muy positivas, son muchas menos de lo que el documento repartido por Presidencia de la Generalitat daba a entender. El propio documento cifraba en 342 millones el presupuesto para la puesta en marcha de nuevas actuaciones y 602 para la "aceleración de inversiones", cifras difíciles de comprobar al no estar separado el grano de la paja. El paquete no incluye la deflactación de la escala de tarifas del IRPF para evitar que la inflación suponga una subida de impuestos, tal como le había pedido la oposición.
El Plan Reactiva fue presentado por Puig en el Palau de la Generalitat en un acto en el que también han intervenido el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, y el presidente de CEV, Salvador Navarro, con quienes se había reunido previamente.
Las principales novedades son la rebaja de tasas y precios públicos, la implementación de un bono de 100 euros mensuales durante tres meses para autónomos, la ayuda a sectores de alto consumo de gas 'olvidados' por el Gobierno central en su plan de choque y el aumento del 25 al 30% del bono de ayuda energética en la Renta Valenciana de Inclusión, medida que se cifra en 5,6 millones de euros.
En lo que respecta a la rebaja de tasas y precios públicos, anunciada ya el pasado sábado por Puig, la Generalitat sigue sin concretar a qué tasas afecta, aunque el president sí se refirió a dos: la reducción de las tasas de enseñanzas artísticas, musicales y de idiomas, que beneficiará a cerca de 100.000 estudiantes y la exención total de tasas a los pescadores por el uso de los puertos autonómicos, que beneficiará a 700 armadores, 1.700 marineros y 17 cofradías. El resto de tasas, hasta 70, se rebajarán "hasta un 10%". El documento hecho público este jueves cifra la merma de ingresos para la arcas públicas por este motivo, sin contar el transporte público, en 40 millones de euros.
En cuanto al transporte público, se anunció un coste para la Generalitat de 31 millones de euros debido, entre otros, a descuentos de hasta el 50% en todos los modos de transporte (Metrovalencia, autobuses urbanos e interurbanos) en el área metropolitana de València. Sin embargo, esta medida ya está en vigor desde el pasado 31 de enero, casi un mes antes de la invasión de Ucrania. También se anunciaron descuentos de hasta el 50% en el TRAM de Alicante, medida que se quiere poner en marcha antes del verano, según la Conselleria, y la integración de los trenes de Cercanías, incluido el València-Castelló, en la unificación tarifaria, hito que el departamento que dirige Arcadi España espera alcanzar antes de fin de año.
Dentro del capítulo de transportes, el Plan Reactiva incluye la "puesta en marcha" de cinco líneas lanzaderas de transporte público a polígonos industriales de València por 0,4 millones, servicio que funciona desde principios de 2021.
Otra medida destacada es la ayuda a autónomos de los "sectores más afectados por la crisis energética", que de momento no se especifica cuáles son. Serán 100 euros al mes durante tres meses y el coste para la Generalitat será de 45 millones de euros.
Otra de las novedades es el presupuesto de 50 millones de euros en ayudas "para las empresas consumidoras de gas que no están comprendidas en las medidas del RDL del Estado. Se establecen dos escenarios de regímenes de ayuda (todas las consumidoras de gas y las más intensivas)". Puig y Navarro recordaron que el Gobierno central dejó fuera de las ayudas estatales a sectores con gran consumo de gas y fuerte peso en la Comunitat Valeciana como el esmaltero y el textil, a pesar de que la Generalitat había pedido incluirlos y ha reiterado la petición. Según Puig, si Pedro Sánchez no accede, será la Generalitat la que cargue con esas ayudas.
Respecto al resto de medidas, muchas son incentivos para la promoción de energías renovables, algunos recurrentes que se convocan cada año y están en el presupuesto de la Generalitat, lo mismo que ocurre con el bono social térmico -20 millones-, que existe desde 2018. En estos casos, el Consell habla de "aceleración" de esas medidas.
También suma ayudas y subvenciones a la industria ya previstas e incluso líneas de financiación del IVF. Por hacer grande el plan, hasta se incluyen la puesta en servicio de la L-10 de Metrovalencia y de la L-9 del TRAM de Alicante. Aunque la partida que más hincha la bola es la de 183 millones de mejora de la eficiencia energética y rehabilitación urbana y de viviendas.
El Plan menciona el decreto ley de simplificación y agilización administrativa para favorecer la instalación de energías renovables aprobado el pasado viernes por el pleno del Consell y que este jueves aún no había sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y, por tanto, no ha entrado en vigor.
Otras medidas son la creación de la Agencia Valenciana de la Energía y de un Observatorio Valenciano de Precios "que permita identificar posibles subidas injustificadas de precios de venta al público". En el documento no se detalla qué coste tendrá para la Generalitat la creación de ambos organismos.
Según explicó Puig en su comparecencia, se trata de una "primera regulación de urgencia" para "dar respuesta a la situación generada por la guerra en Ucrania y minimizar su impacto en la Comunitat Valenciana", así como "contrarrestar la emergencia climática". Una primera regulación que queda abierta a la incorporación de "nuevos actores y medidas suplementarias".
El president afirmó que "la inflación ataca a quien menos puede, deteriora la convivencia y es el mejor combustible para los populismos y la xenofobia". Añadió que, por ello, frenar el alza de precios es una "obligación ética, cívica y democrática".
